Sinaloa: la DEA y la visita del embajador Ken Salazar
Álvaro Aragón Ayala
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) considera prioritario la conservación “a cubierto” de las operaciones de sus agentes en Sinaloa en un intento por frenar la producción y distribución de fantanilo con destino a los Estados Unidos. En apoyo a la Marina Nacional y a inteligencia militar -Sección II de la SEDENA- los policías antinarcóticos espían en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis y realizan labores de rastreo de laboratorios de opioides sintéticos.
VOCES NACIONALES recogió información “confidencial” en fuentes ligadas a la Embajada de Estados Unidos en México y entre personal de la agencia consular en Mazatlán, adscrita al Consulado General en Hermosillo, Sonora, sobre la presencia de la DEA en Sinaloa, la cual, se dijo, se reactivó tras la visita a Mazatlán del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y del cónsul general en Hermosillo, Ken Roy.
Para no incomodar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el embajador Ken Salazar conserva lejos de los reflectores la incursión de los agentes de la DEA en la lucha contra el crimen en México. En el encuentro con el gobernador Rubén Rocha Moya, por razones de estrategia y seguridad, el embajador no incluyó el tema de la DEA ni el trabajo que desarrollan los agentes “gringos” en Sinaloa.
En un comunicado difundido el 8 de septiembre y firmado por el embajador estadounidense, precisa que “la seguridad es una responsabilidad compartida (…). Dialogamos sobre los esfuerzos que han realizado en la materia, así como de la cooperación que hemos mantenido para fortalecer y profesionalizar a las instituciones de seguridad y de justicia, a la par de buscar nuevas maneras de profundizar nuestro trabajo conjunto para la seguridad y la prosperidad del pueblo de Sinaloa”.
A raíz del arresto en suelo norteamericano del general Salvador Cienfuegos, acusado de colaborar con el Cártel H-2, las relaciones “diplomáticas” entre México y Estados Unidos se tensaron y orientaron reformas a la Ley de Seguridad Nacional para dictar nuevas reglas del juego en relación a la operación y presencia de los agentes de la DEA en territorio nacional con el propósito de ser “supervisados”.
Las nuevas disposiciones federales en materia de seguridad obligan a los servidores de los tres órdenes de gobierno a reportar las reuniones que tengan con oficiales de la Agencia Anti-Drogas y con otras corporaciones estadounidenses, quienes deberán ser acreditados como funcionarios consulares ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El “acercamiento” más reciente de que se tenga memoria entre autoridades de la DEA y funcionarios del gobierno de Sinaloa ocurrió el 16 de septiembre del 2019 en plena administración del gobierno de Quirino Ordaz Coppel. El encuentro, que se esperaba fuera secreto, se filtró a los medios de comunicación. Quirino y parte de su gabinete se reunieron con Uttam Dhillon, en aquel entonces director interino de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos.
El funcionario interino de la DEA, quien fue acompañado por el entonces el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer, recogió, en voz de Quirino Ordaz, datos sobre la violencia en Sinaloa, la destrucción de laboratorios de metanfetaminas, y el “uso” de drones para detectarlos.
Los drones adquiridos por Quirino Ordaz Coppel en 72 millones 199 mil 580 pesos a la empresa Hydra Technologies de México, fueron cedidos por el gobierno de Rubén Rocha Moya a la Secretaría de Marina (Semar), precisando que era muy costoso tenerlos sin utilidad. “No tiene mucho sentido esa compra, el dron cuesta muchísimo su manejo y el costo beneficio no es tal”, explicó el mandatario estatal.
En la reunión de Quirino Ordaz con la DEA a la que acudieron autoridades de la Novena y la Tercera región Militar, el secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo -heredado al gobierno de Rubén Rocha- mostró el armamento, vehículos y el sistema de videovigilancia de Culiacán, el cual, se presumió, habría sido renovado por la administración quirinista.
La DEA y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos consideran a Sinaloa el principal proveedor de opioides sintéticos, principalmente de fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína y que puede ser producida en laboratorios urbanos. En Estados Unidos las muertes por consumo del opioide pasaron de 58 mil en 2020 a 71 mil 200 un año después, un incremento de 23 por ciento.
Junto con las metanfetaminas, que provocaron 33 mil muertes en 2021, el 34 por ciento, el fentanilo es la sustancia que más vidas cobró en el 2021. A excepción de 2018, el número de muertes “accidentales” por sobredosis crece año con año. Desde el año 2000, se han reportado más de un millón de víctimas sólo en los Estados Unidos.
El número de agentes que la DEA mantiene en Sinaloa en operaciones encubiertas y que colaboran con la Marina e inteligencia militar en la detección de narcolaboratorios, se mantiene bajo reserva. En México sobrepasan los 50 elementos, pero es un secreto cuántos de ellos se mueven “temporalmente” en la entidad.
La agencia antidrogas mantiene unos 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 91 oficinas en 68 países. En México, la DEA opera oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. En los Estados Unidos la DEA tiene abiertas más de doscientas oficinas que trabajan sobre casos que involucran organizaciones de tráfico de drogas mexicanas.
