El gran latrocinio del expresidente Ernesto Zedillo
Nancy Flores
De la estela de crímenes que cometió el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en contra del pueblo de México uno de los más recordados es el del Fobaproa –un delito continuado, pues la deuda se terminará de pagar hasta 2042–. Sin embargo no es el único gran latrocinio que cometió ese político priísta que, de vez en cuando, asoma la cabeza para defender al modelo neoliberal y criticar el “populismo”.
El 20 de diciembre de 1994 estalló el “efecto tequila”, crisis considerada por el Banco de México como la más grave desde el llamado “jueves negro” o Crack de 1929. Al año siguiente, 1995, el doctor en economía y presidente de la República destinaba dinero del pueblo mexicano a recapitalizar bancos privados, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Ello, a pesar de que el rescate fue aprobado –con la anuencia del panismo– hasta 1998, el 12 de diciembre mientras muchos mexicanos celebraban el Día de la Virgen de Guadalupe. Aquella fecha, el Barzón y otras organizaciones sociales protestaban afuera de la Cámara de Diputados. Los representantes del pueblo en el recinto legislativo hicieron oídos sordos. Carlos Medina Plascencia era entonces el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, y Felipe Calderón, el líder de ese partido político que acompañó al PRI en este gran atraco a la nación.
En su Informe anual 1995, el Banco de México señaló que ese año “la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años treinta. […]. Y la actividad económica mostró una contracción muy marcada”. ¿Qué hizo Zedillo ante esa emergencia económica? Rescatar a los ricos.
El error de diciembre le permitió al gobierno de ese político gris actuar en contra de los intereses del pueblo, de los más pobres, una y otra vez sin tregua. Así, Zedillo se caracterizó por ser abiertamente contrario a los intereses de las mayorías: sus políticas públicas limitaron directamente los derechos humanos (considerados también necesidades humanas fundamentales) de alimentación, salud, trabajo, abrigo, educación, vivienda, entre otros. No sólo los más pobres fueron afectados, sino también la llamada clase media que, tras el “error de diciembre” –o crisis del “efecto tequila”–, se pulverizó.
Emblema de esas políticas públicas antisociales –es decir, que incrementan el número de personas en situación de pobreza, amplían la brecha de desigualdad social, restringen los derechos y deterioran la calidad de vida de la mayoría de las personas– son los rescates de un puñado de empresarios con dinero público y la profundización de las privatizaciones, en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de los bienes públicos a la iniciativa privada. Por tanto, las políticas públicas de Zedillo también fueron clasistas, pues sólo beneficiaron a la élite burguesa.
Y es que en lugar de atender las necesidades de la población más vulnerable, con el Fobaproa, el gobierno zedillista no sólo convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros, sino que también con dinero público rescató a los dueños de carreteras, de ingenios azucareros y aerolíneas (sectores que, por cierto, privatizó apenas unos cinco años atrás su antecesor, el también priísta Carlos Salinas de Gortari).
Otro ejemplo de las políticas antisociales de Ernesto Zedillo es la serie de privatizaciones que concretó su administración –en continuidad de la política neoliberal de los priístas Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari–: ferrocarriles, satélites, puertos y aeropuertos, exploración petrolera y distribución de gas natural, sistemas de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas residuales. Todo, en detrimento de la población.
Al hurto o fraude que se comete contra bienes públicos se le llama latrocinio, y eso es exactamente lo que pasó en el gobierno de Zedillo con todas estas políticas públicas.
Sólo por citar el caso del Fobaproa-IPAB, resulta que tras el llamado “error de diciembre” de 1994 –considerado el inicio de una de las peores crisis financieras recientes del país–, el priísta endosó la multimillonaria deuda de los bancos a los mexicanos, en complicidad con Felipe Calderón, entonces líder del PAN.
Al respecto, en 2017 –había pasado ya 22 años desde que Zedillo decidió rescatar a los de arriba– la Auditoría Superior de la Federación estimó que, “al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre del año 2042”. Siete sexenios posteriores al zedillismo fueron comprometidos en sus finanzas públicas.
No obstante, el gran ideólogo del neoliberalismo, doctor en economía y actual maestro en Harvard calculó que el costo del rescate bancario ascendería a sólo 180 mil millones de pesos. Así lo dijo en 1996, en su Segundo informe de gobierno. De acuerdo con su mensaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de aquel año, Zedillo afirmó que los apoyos canalizados a través del sistema bancario “no son para respaldar a los accionistas de los bancos. Son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso, se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años”.
Además del Fobaproa, el gobierno zedillista destinó recursos públicos para el rescate de otros sectores privatizados apenas el sexenio anterior: aerolíneas, ingenios azucareros, carreteras. Y a ello se suma la ola de privatizaciones. En plena crisis económico-social, Zedillo decidió beneficiar aún más a los ricos. El poder económico mexicano y extranjero se hizo de áreas estratégicas antes controladas por el gobierno.
Por ejemplo, en 1995, el Senado de la República aprobó la iniciativa zedillista para vender los Ferrocarriles Nacionales de México. En ese sexenio se concesionaron los puertos y aeropuertos. En materia de electricidad, abrió parcialmente la posibilidad de la inversión privada en el sector, otorgando importantes concesiones a partir de 1995, sobre todo bajo la figura de productor independiente de energía. Zedillo privatizó la distribución de gas; los satélites Morelos I, Morelos II, Solidaridad I, Solidaridad II y el proyecto Satmex 5; concesionó reservas, unidades y plantas mineras.
En esos mismos años y a la par de esas políticas públicas antisociales, en México se fue ampliando la pobreza y la marginación. Oficialmente, el gobierno zedillista admitió haber generado 4 millones 714 mil 63 nuevos pobres alimentarios, es decir, que carecían “del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes”.
Datos estadísticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –que históricamente fueron manipulados por el gobierno– indican que su gobierno propició que 4 millones 330 mil 738 de personas se sumaran a las filas de pobres en capacidades, esto es que presentan insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
Y mandó a la pobreza patrimonial a 5 millones 681 mil 744 de personas, que es la “insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios”. Ese es Ernesto Zedillo, el mismo que ahora critica a América Latina y a México por virar hacia gobiernos progresistas de izquierda que empiezan a velar por los más pobres.
