Sinaloa: “El INE no se toca” ¿marcharán los “morenistas por contrato”?
Àlvaro Aragón Ayala
Políticos y grupos de la sociedad civil de Sinaloa, opositores a la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generalizaron su rechazo a la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, olvidando viejas demandas del pueblo y cerrando la discusión o el debate en el slogan “El INE no se toca”, bajo el argumento de que “defender a las instituciones es salvar a nuestro país”.
La clase política privilegiada del PRI, PAN, PRD, empresarios de la ultraderecha, organismos vinculados al clero y grupos de la sociedad civil, que se hacen llamar “defensores del pueblo”, alegan que la reforma electoral desaparecerá el Instituto Electoral y el gobierno de AMLO “manipulará” las elecciones, taponeando coyunturalmente otras percepciones u opiniones ciudadanas.
No se sabe, además, si el domingo próximo, priistas, panistas y perredistas convertidos en “morenistas por contrato”, diputados de “oposición” que operan en el Congreso Local como una extensión de la Cuarta Transformación y empresarios beneficiarios con obras públicas, participarán o no en la “marcha en defensa del INE”.
Los opositores han popularizado el rechazo a la reforma electoral que busca sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual no solo se encargaría de preparar los comicios a nivel federal, sino a nivel local; además, disminuiría el número de consejeros y la forma en que serían elegidos. La reforma pretende, también, le quitar tiempos en radio y televisión.
Aunque el planteamiento de la sociedad civil es ciudadanizar al INE, los partidos y grupos contrarios a la 4T consideran un “retroceso” la conformación del INEC, el cual sería integrado por 7 y no por 11 consejeros como actualmente tiene el INE. Se oponen, además, a que los consejeros sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos.
La denuncia histórica-tradicional de la sociedad es en el sentido de que el actual INE y el TEPJF son demasiado costosos y que están integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia, pero los opositores a AMLO repudian la iniciativa que busca reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones.
La necesidad de aumentar el estatus democrático del país plantea la urgencia de una reforma electoral, sin que se tiren a la basura 30 años de cambios políticos, una reforma bien hecha, que se sustente diagnósticos adecuados, no en rencores o venganzas ni en filias o fobias, sino en un amplio y mayor consenso posible entre las fuerzas políticas.
La reforma electoral contempla una reducción en el número de diputados federales y senadores, que a juicio de la sociedad civil son una carga económica para el país toda vez que la mayoría ha olvidado su compromiso con el pueblo y no proceden como contrapesos o un poder separado del Ejecutivo Federal o los gobernadores ya que actúan como “borregos levantadedos”.
La ciudadanía merece respeto: ya no se puede contar con más diputados y senadores caricatura, que simulan, que roban el sueldo. México no necesita una clase política floja y avariciosa de políticos sin escrúpulos, rateros, que buscan su sólo su bienestar a toda costa; se requieren gente que legisle a favor de los intereses estatales y nacionales y que atienda con prontitud las demandas de la ciudadanía.
