Más allá del INE está la protección del Estado de derecho
Ana María Salazar
Se entiende y se reconoce la importancia que ha depositado la sociedad civil, clase política, los partidos, académicos y analistas en defender la viabilidad y credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La creación de una autoridad y padrón electoral independientes del gobierno federal. Las elecciones dejaron de ser controladas por la presidencia o por la Secretaría de Gobernación; individuos como Manuel Bartlett, podían, de hecho definían, quién sería el siguiente mandatario, quiénes serían los siguientes legisladores, gobernadores y presidentes municipales. Un sistema que se prestaba para negociaciones políticas y no definiciones basadas en los deseos de los electores. Las reformas de hace más de 20 años permitieron que México transitara de un gobierno autoritario, a una democracia semifuncional que facilitó la transición democrática.
La mayoría de los mexicanos no recuerdan o no vivieron en un país en donde por 70 años era inimaginable que otro partido que no fuera el PRI, gobernara México. Pocos recuerdan las grandes hazañas de la oposición panista y un reducido grupo de políticos y activistas de la izquierda, que enfrentaron amenazas, inclusive violencia, por ejercer sus derechos políticos y exigir una real democracia en México. Y aunque Andrés Manuel López Obrador a diario insiste que ha sido víctima del sistema político mexicano, de las autoridades electorales y la clase política, y por esta razón insiste en reformar el INE. La realidad es que el individuo que más se ha beneficiado de todas las luchas de la oposición de antaño fue López Obrador y las personas que lo rodean.
Durante las épocas más difíciles del autoritarismo del priismo, donde controlaban todos los niveles políticos y sociales del país, Andrés Manuel y numerosos camaradas, incluyendo varios secretarios y corcholatas que lo rodean en la actualidad, no solo eran priistas, pero buscaron usar al partido autoritario para lanzar su carrera política. Pero como en todo sistema autoritario, los espacios se reducen y los que no encontraban un camino político u oportunidades tendrían que salir y comportarse como la oposición.
El actual presidente es uno de esos priistas que sintió que el partido lo rechazaba. Él y un grupo de priistas salen al mundo a aprovechar los espacios que conquistaron otros. Y el IFE y las autoridades electorales fueron desarrollándose a través de los años para convertirse en el actual INE, que es resultado del “sudor y lágrimas” de la oposición de la derecha y de la izquierda, donde López Obrador y su círculo más cercano no jugaron un papel relevante. Pero vaya que se beneficiaron.
El presidente de México no cree en las instituciones democráticas que infligieron un alto costo, pero permitió que alguien como Andrés Manuel López Obrador fuera electo. Pero, el INE o el IFE, por ser instituciones que buscan controlar el poder del Ejecutivo y asegurar la credibilidad del proceso electoral reduciendo trampas, compras y robos de las boletas, se convirtió en uno de los enemigos más del presidente. Lo preocupante es que López Obrador no puede ver que el sistema actual, las reglas electorales, son los que más le favorecen y aseguran el control de su corcholata y de su partido.
También es interesante reconocer que los legisladores, miembros del partido de la oposición y la clase política asumen que las reglas del juego electoral, delineadas por la Constitución, serán respetadas por todos los actores que participan en las elecciones.
Creo que es hora de conversar sobre el impacto que está teniendo en México el control territorial que ejercen los grupos del crimen organizado.
También creo que no exagero cuando afirmo que cualquier reforma que se inflija a las autoridades electorales a nivel federal y estatal, no importará si los grupos del crimen organizado deciden participar activamente en la selección y elección de candidatos.
¿Creen ustedes que a Ovidio le importe lo que diga el Tribunal Electoral? Quién quiere asegurar que López Obrador respete decisiones de las autoridades electorales reformadas al gusto de AMLO. De hecho, uno podría argumentar que las reformas que propone el presidente casi aseguran que el robo de las elecciones será una constante, con o sin reformas al INE.
Grupos armados y del crimen organizado responden a sus necesidades empresariales, no a las decisiones del INE o del Tribunal Electoral.
La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué sucederá si un candidato o candidata no respeta las decisiones del INE o del Tribunal Electoral? ¿Cuántos candidatos tendrán el “beso del diablo” y la bendición de organizaciones criminales? ¿Hay que continuar defendiendo el INE? Obviamente. Pero más importante a largo plazo será promover el Estado de derecho en el país que permita balconear este y otros gobiernos.
