Los retos para la autoridad electoral
Luis Octavio Vado Grajales
En las últimas entregas de esta columna he expuesto algunas ideas acerca de los retos que se presentan para la democracia mexicana en los años por venir; no se trata de una lista cerrada, más bien de sugerencias para provocar la reflexión.
Esos temas, o los que usted sume (si quiere corrija la lista completa) deberán ser enfrentados por la sociedad y el país, en primera línea por las autoridades electorales.
La organización de las elecciones, para poder responder adecuadamente a los tiempos futuros, debe poner en el centro a la ciudadanía y sus derechos; señaladamente los de participación política, libre afiliación, voto, libertad de expresión, y a una vida de violencia.
Esto presupone el ideal de una democracia inclusiva presente en las otras manifestaciones de la primera, tales como la representativa, la participativa o la deliberativa, en la que nadie que sea excluido por razón de su edad, condición física, preferencias, etc.
La democracia del futuro debe ser lo más amplia posible. Sin renunciar a los procedimientos, que son importantes ya que por ellos se ejercen los derechos, pero asentada sólidamente en la igualdad material.
Así, encuentro una pregunta que me parece fundamental: ¿qué se debe hacer para garantizar el voto a toda la ciudadanía?, cuestión que deberá atenderse con recursos limitados, por tanto, de una manera creativa.
Ahora bien, ninguna persona tiene la verdad absoluta. Así como resulta buena idea que las autoridades realicen ejercicios de gobierno y parlamento abierto, quienes se encargan de las elecciones necesitan tener una postura receptiva a la crítica.
Esto implica un doble esfuerzo: por un lado, abrirse a las diversas academias que reflexionan sobre la democracia. No existe una academia única en la cual todo sea un coro uniforme.
En cuestiones como la propia definición de la democracia, la transición mexicana, el objetivo, función y adscripción de las autoridades electorales, etc., existen posturas distintas y atendibles.
Pero, más importante aún, desarrollar un fino oído hacia las opiniones ciudadanas. Voces organizadas o no, que de formas distintas, a veces en intervenciones que pueden resultar incómodas para el oyente, nos dicen mucho acerca de nuestras diversas democracias y cómo están funcionando.
Una institución justifica su existencia cumpliendo la finalidad para la que fue creada. Su definición es legislativa, dentro de los principios constitucionales.
De esta forma, con los derechos como centro, escuchando todas las voces (sobre todo las críticas), proyectar para el futuro.
