El Poder, la Ley y la piedad (Segunda parte)

Elisur Arteaga Nava

De conformidad con el punto de vista de Eteocles, es válido que, en el momento actual, tanto los titulares formales del poder como sus opositores reclamen para sí el monopolio de la verdad; que asuman el papel de intérpretes auténticos del sentir de la ciudadanía y de la ley; que censuren en otros lo que ellos practican o practicaron cuando ejercen o ejercieron el poder. Es necesario que lo hagan y si lo hacen con cinismo y desvergüenza, mejor.

Los de la 4T son más de lo mismo. Faltando a su palabra, no han acabado con el militarismo, la corrupción, la delincuencia, la pobreza, el desempleo y otros males endémicos que acosan a los mexicanos. A pesar de ello, pretenden perpetuarse en el poder y cerrar a la oposición las pocas vías que existen para que haya alternancia. Llegaron para quedarse. Monopolizan el poder y se enriquecen. También monopolizaron los sobres amarillos y las ligas.

Morena y su líder, que nos prometieron acabar con la corrupción, pusieron en la fiscalía de delitos electorales a uno de sus miembros, lo que es a todas luces una incongruencia política y una aberración jurídica; obvio: a pesar del comportamiento ilegal de sus miembros, el fiscal no se dio por enterado de la disposición indebida de fondos públicos, de la campaña ilegal que los morenistas realizaron en el ejercicio de la revocación del mandato, la precampaña en que se hallan sus precandidatos a la Presidencia de la República, la utilización de recursos de dudoso origen en la campaña que los llevó al poder y, concretamente, no encontró delito en la recepción de los sobres que, al parecer, contenían dinero que recibió el “hermano presidencial” con fines electorales y que son ilegales desde el momento en que no fueron incluidos en los estados financieros de Morena.

Ahora, los morenistas, para cumplir los deseos de su jefe, pretenden reformar las leyes con el propósito de cambiar el marco normativo del INE, Tribunal Electoral, la composición del Congreso de la Unión, la forma de elegir a los legisladores y realizar las elecciones. Por virtud de la reforma, los amlistas, en su papel de partido oficial, pretenden organizar las elecciones, calificarlas, convertir al Congreso de la Unión en un apéndice de los jefes de los partidos políticos; en una palabra: intentan eliminar el sistema democrático y convertirlo en una dictadura de partidos.

No exagero. El hecho de que propongan que los ciudadanos, como electores, se limiten a escoger una de las listas que los dirigentes partidistas les presenten, implica instaurar una partidocracia. La propuesta desvincularía a los ciudadanos de sus candidatos, lo que derivará en que los legisladores, finalmente, más pretendan quedar bien con los jefes de su partido que con los ciudadanos o electores. A AMLO le estorban los legisladores independientes. Los quiere sometidos a su férrea disciplina y que sólo sean responsables ante él.

Ciertamente una Cámara de Dipu­tados integrada por 500 miembros y un Senado de 128 integrantes es un derroche y una exageración. El grueso de los legisladores nunca hace uso de la palabra en la tribuna ni en comisiones. La mayor parte de ello se dedica, simple y llanamente, a sentarse en su curul y a vegetar con cargo al erario. Tantos legisladores significan un gasto innecesario. Habrá que reducir su número, pero ante el hecho de que Morena, en todo y por todo, pretenda llevar agua a su molino, la reforma electoral no debe intentarse en las actuales circunstancias.

De conformidad con la “ética” de Eteocles, es válido que Vicente Fox haya atentado contra los principios de división de poderes, la independencia judicial, que el presidente de la Suprema Corte haya asesorado a una de las partes en conflicto, que los secretarios de Gobernación hayan contribuido a proteger a sacerdotes pederastas, que los gobiernos priistas hayan masacrado a la población, dispuesto de los fondos y recursos públicos como de cosa propia, que hayan gobernado bajo los supuestos principios de la Revolución Mexicana. Insisto, todo eso es válido.

A estas alturas del sexenio, cuando vemos que la actual administración pública federal tuerce las leyes, viola la Constitución, pretende pasar por alto los controles que sobre el presupuesto existen, que deja que la delincuencia haga y deshaga, únicamente nos falta que aquellos que son meones de agua bendita, como calificó un connotado panista a sus propios colegas, y que los que nos prometieron una renovación moral de la sociedad, arriba y adelante, que ofrecieron sacarnos de la pobreza y llevar a cabo los ideales de la revolución, reclamen derechos de autor respecto de esas formas impúdicas o desvergonzadas de ejercicio del poder.

Los panistas y priistas, en el momento oportuno, omitieron registrar los derechos de autor sobre sus vicios y mañas; son del dominio público; las puede usar cualquiera que llegue al poder.

Lo que no es admisible es que, bajo esa “ética”, los ciudadanos olvidemos todo lo anterior, que caigamos en el engaño de que panistas y priistas fueron diferentes y hasta mejores; que permitamos que desvergonzados nos den clase de moral y buen gobierno. Los gobernantes de Morena, con el pretexto de una Cuarta Transformación, violan la ley. Su líder, como presidente de la República, siguiendo la ética de Eteocles, se reúne en privado con ministros y ministras de la Corte que conocen de controversias en la que su administración es parte, ha declarado: “A mí no me vengan con eso de que la ley es la ley”. Es espléndido violar la ley para alcanzar el poder y para retenerlo.

Los actuales gobernantes y la oposición política son generosos: dejan la piedad y el cumplimiento de la Ley a los gobernados, que para eso lo son. Ese es el único monopolio admisible. La oposición apuesta a la desmemoria y aquellos, los gobernantes actuales, al conformismo.

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