Una política fiscal para la justicia antirracista y feminista
Alejandra Ancheita
En el contexto de la celebración del día internacional de las mujeres (8 de marzo) la reflexión central del reciente Informe de Oxfam, titulado La ley del más rico. Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad, plantea con datos la necesidad de construir la igualdad a partir de gravar la riqueza de los más privilegiados.
Con base en datos, Oxfam da cuenta del incremento acelerado en la desigualdad global y la necesidad de políticas fiscales que redistribuyan la riqueza. El principal dato, contundente, es que, en un mundo que se recupera de la pandemia, el 1% más rico en el mundo ha acaparado casi dos tercios de la riqueza generada en los últimos dos años: casi el doble que 99 % restante de la humanidad.
Este informe, además, señala que la deficiente (o en casos inexistente) fiscalización sobre los ingresos más altos y la riqueza perpetúa las prácticas históricas de sexismo y racismo. Por eso me parece importante hacer la reflexión sobre los efectos de esta situación.
En principio no gravar la riqueza y, en su lugar, aplicar impuestos que recaen desproporcionadamente sobre las personas con menores ingresos afectan a las mujeres y grupos racializados porque son precisamente ellas quienes integran los sectores con menores ingresos.
Además son las mujeres quienes realizan el mayor volumen de trabajo de cuidados no remunerado y dedican mayor porcentaje de sus ingresos a los bienes de consumo básico y de cuidados.
Por otro lado, como los ricos contribuyen en menor medida a “desfiscalizar” la riqueza, se reduce la recaudación fiscal y los gobiernos se ven obligados a recortar la inversión pública, generando un déficit en los recursos necesarios para financiar servicios sociales. Lo anterior perjudica de manera más desproporcionada a las personas en mayor situación de vulnerabilidad: mujeres y grupos racializados.
También es importante tener en cuenta que ellas son generalmente excluidas de los procesos de toma de decisiones sobre las políticas fiscales, así como de las instituciones que supervisan los sistemas fiscales. Su perspectiva y los impactos sobre sus vidas son casi siempre soslayados, y los pocos esfuerzos que se realizan no logran generar estrategias efectivas para la mitigación de los efectos negativos en sus derechos.
Por esta razón movimientos sociales en favor de la justicia fiscal y la sociedad civil de diferentes rincones del mundo exigimos que los sistemas fiscales no sólo deberían combatir la desigualdad económica, sino que, además, aborden la justicia racial y de género como ejes medulares de una nueva visión de la política fiscal.
El FMI reconoció en un informe reciente que “la perspectiva de género ofrece un argumento más para subir los impuestos sobre las rentas de capital”, ya que “una tributación baja de las rentas de capital beneficia desproporcionadamente a los hombres”.
De igual manera, en lo que respecta a la justicia racial, se ha identificado que gravar la riqueza puede ser una buena herramienta para abordar el legado del apartheid en Sudáfrica; 10 mil millonarios poseen más riqueza que 200 millones de mujeres africanas en conjunto.
Por ejemplo, uno de los hombres más ricos de la historia, Elon Musk, tributa a un “tipo impositivo real” de 3.2%, mientras que Jeff Bezos, otro de los milmillonarios más ricos, lo hace a menos de 1%; en cambio, Aber Christine, una de las mujeres con las que Oxfam colabora en Uganda y que se gana la vida comerciando en el mercado, paga en impuestos 40% de lo que logra vender.
Se calcula que en 2021 entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectados por el hambre, lo cual supone casi una décima parte de la población mundial. La prevalencia de la inseguridad alimentaria es mayor entre las mujeres que entre los hombres en todas las regiones del mundo. Según las proyecciones de Oxfam, casi 60% de las personas que pasaban hambre en 2020 eran mujeres y niñas, y la brecha de género no ha dejado de aumentar desde entonces.
Oxfam ha calculado que tres cuartas partes de los gobiernos tienen previsto recortar el gasto público en los próximos cinco años por un importe total que podría ascender a los 7.8 billones de dólares. Las mujeres tienen más probabilidades de verse más afectadas por las medidas de austeridad: los recortes de los sueldos de los empleos públicos, en su mayoría ocupados por mujeres, y los recortes del gasto en salud y protección social, del que ellas y sus familias dependen para sobrevivir.
Durante la pandemia, para compensar la pérdida de ingresos fiscales por las rebajas de impuestos a los más ricos, los gobiernos han optado por elevar la presión fiscal sobre impuestos más regresivos, como el IVA e impuestos al consumo, bienes y servicios.
Pese a estos indicadores la violencia de género tan solo ha recibido 0.0002% de los fondos de respuesta al coronavirus. Un estudio realizado en cinco países reveló que, aunque las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, aumentaron 11 mil 740 millones de dólares, la financiación de la respuesta ante el coronavirus, tan sólo un minúsculo porcentaje de esos fondos, se destinó a luchar contra la violencia de género.
Siguiendo a Oxfam, cada año son asesinadas 67 mil mujeres: 30 mil de ellas a manos de sus parejas o exparejas y 37 mil a consecuencia de la mutilación genital femenina. Estas cifras son sólo la punta del iceberg del número total de muertes causadas por la violencia de género. Se calcula que en el mundo hay 143 millones de mujeres menos de las que deberían existir por la combinación del exceso de mortalidad femenina y el aborto en función del sexo del feto (por la preferencia de hijos varones).
Las mujeres en el mundo y en México seguiremos pugnando por la igualdad y ahora la ruta también es por una justicia fiscal antirracista y feminista.
*Directora ejecutiva de ProDESC
