Rocha, al igual que Quirino, defrauda al SAT

Álvaro Aragón Ayala

Rubén Rocha Moya, quien también defrauda al Sistema de Administración Tributaria -SAT-, protegerá hasta la eternidad al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel e intentará borrar de la percepción social de que el embajador de México en España es un ladrón del erario público federal ya que mantiene con él complicidades de corrupción irrompibles. El gabinete rochista albergó a ex funcionarios quirinistas y los diputados locales del PRI, algunos ya expulsados de este partido, adheridos a la corriente política del ex mandatario estatal y del finado exmandatario estatal, Jesús Aguilar Padilla, le sirven para criminalizar a los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Quirino Ordaz Coppel, con el apoyo de los funcionarios del Sistema de Administración Tributaria de Sinaloa-SATES-, quienes operan también para Rubén Rocha, defraudó con la práctica de auditorías ilícitas al SAT lo que devino en una sanción de más de mil 700 millones de pesos en perjuicio del patrimonio económico del Gobierno Estatal. No se tiene registro de otro delito de esta naturaleza en la historia política-gubernamental de Sinaloa, aunque también, de acuerdo con el SAT, el actual gobierno rochista incurre en prácticas ilegales para allegarse de recursos del Fondo General o del Fondo de Fiscalización y Recaudación.

El gobernador Rubén Rocha Moya tenía la intención de mantener en secreto el fraude de Quirino Ordaz Coppel a quien la SHyCP le envió mil 700 millones como regalías por la práctica de auditorías a empresas privadas con base a un convenio de coordinación con el SAT, cuyo personal detectó que esas investigaciones contables se realizaron de manera incorrecta. Los funcionarios del SATES enviaron al SAT información contable falsa sobre las auditorías al Grupo Coppel y al Grupo Arhe. El delito ya era conocido por Rubén Rocha, pero lo ocultó, y solo trascendió cuando la Suprema Corte de Justicia giró un boletín dando a conocer el falló para la aplicación de sanciones.

Aunque el Rubén Rocha informó que no descarta una denuncia contra el exgobernador Quirino Ordaz Coppel por el daño de mil 700 millones de pesos al violentar el acuerdo firmado con el SAT en relación a la práctica de auditorías, mediante la cual el gobierno se allega de recursos “extras”, no elaborará ninguna demanda penal contra el Embajador de México en España ni tampoco correrá a los funcionarios quirinistas incrustados en el gobierno estatal morenista ni se alejará de los diputados que recientemente fueron expulsados del PRI por traidores.

Al igual que Quirino Ordaz, pero con otra modalidad, el gobierno de Rubén Rocha Moya también se “chinga” al SAT y al gobierno federal al pagar con recursos federales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta de las nóminas de los trabajadores del gobierno de estatal y de los organismos descentralizados accediendo así de manera ilícita a los recursos de los Fondos General y de Fiscalización y Recaudación. La operación la oculta con una maniobra fiscal que consiste en ajustar una póliza para hacer aparecer el pago de los salarios y del Impuesto Sobre la Renta con recursos estatales propios. En el trinquete está involucrado el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega.

La operación fiscal-contable fraudulenta, mediante la cual el gobierno rochista tiene ingreso de manera ilícita, además, a los dineros que no le corresponden de los Fondos federales, no fue auditada por la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, pero fue detectada por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El delito es gravísimo: el SAT valora la posibilidad de demandar penalmente a Rubén Rocha y solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cancelarle el envío de partidas presupuestarias lo que conduciría al gobierno estatal a la quiebra.

Con base a la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito opera el Fondo General y el Fondo de Fiscalización y Recaudación que se integran con la recaudación federal participable que obtiene la Federación del Impuesto Sobre la Renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, entre otros rubros importantes que conforman la recaudación nacional.

Los recursos se distribuyen entre las entidades federativas de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. Los gobiernos de los estados pueden participar en la asignación de los dineros de los Fondos federales hasta por un monto del 100 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que se entere al SAT, siempre que el salario, al que se descuenta el Impuesto Sobre la Renta, sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. Pero en Sinaloa los sueldos se cubren con el presupuesto federal y el impuesto, por tanto, se liquida con recursos federales.

Igual que Quirino Ordaz Coppel, por dos años consecutivos, el gobierno rochista ha tenido acceso a esos Fondos federales, obteniendo de manera fraudulenta, rapaz, cientos de millones de pesos, recursos que se desconoce en qué se aplican. El saqueo a la Federación lo oculta mediante una operación que se conoce contable y administrativamente como “pólizas de ajuste” o “transa contable” para hacer aparecer que los pagos de las nóminas de los trabajadores y de los impuestos al SAT se realizan con recursos estatales propios, cuando en realidad los cubren con recursos o participaciones federales. Rocha Moya le está robando dinero al gobierno federal.