La estructura de “Los servidores de la nación”
Mario Luis Fuentes*
En toda administración los titulares del Poder Ejecutivo están a la cabeza y tienen a su disposición, en el amplio marco de facultades que les da la Constitución y las leyes, a la Administración Pública Federal. Dentro de esta, cada periodo de gobierno, se han generado “estructuras del presidente” en turno, las cuales son responsables de operar programas de gobierno que se crean para llegar a grupos específicos de población, pero que también son pensadas como estructuras político-electorales, pues normalmente están diseñadas para obtener ventaja electoral.
En los últimos 30 años las dos estructuras más visibles han sido, en los 90 del siglo pasado, la del Programa Nacional de Solidaridad; y en la presente administración, la de los llamados “Servidores de la Nación”. Su diseño, arquitectura y lógica operativa obedece a dos propósitos centrales: desplegar un poderoso aparato de propaganda en el territorio, lo cual se percibe desde su indumentaria, hasta el conjunto de bienes y servicios que llevan directamente, “de parte del presidente”, a los hogares de las y los beneficiarios de los programas públicos. El segundo de esos propósitos es la construcción de clientelas electorales entre quienes se construye lealtad, no solo a un partido político, sino hacia un personaje en particular.
El diseño de estas estructuras es sumamente cuidado: parte de la identificación de liderazgos estatales, que a su vez se despliegan en red con liderazgos regionales, municipales y locales, que permiten una operación simultánea de alto impacto en todo el territorio nacional.
Estas estructuras tienen una dinámica doble, pues algunas logran transitar de una a otra administración, como ocurrió con el caso del programa Progresa, que se transformó después en Oportunidades y en su última etapa, en Prospera. Pero en otros casos, se trata de personal que fue capacitado y entrenado en múltiples tareas, pero que al cambiar de administración se convierten en capacidades obsoletas pues se modifican programas, criterios y lógicas de intervención.
Esto tiene enormes costos para el país, pues hay un gran desperdicio de recursos y de capacidades; pero, sobre todo, una pérdida continua de oportunidades para profesionalizar a una administración pública que en varios sectores tiene que “reaprender” normatividad, reglamentaciones y procedimientos operativos dependiendo de las prioridades del gobernante en turno.
Desde esta perspectiva, llama poderosamente la atención las reuniones que se ha anunciado tendrá el titular del Ejecutivo Federal, con la estructura de las y los llamados “servidores de la nación”; quienes, de acuerdo con la información disponible en Presidencia de la república, suman alrededor de 19,400 personas , quienes tendrán la responsabilidad de dispersar y verificar la recepción de alrededor de 600 mil millones de pesos en este 2023, considerando que son responsables de dar seguimiento a la recepción de los recursos a las personas adultas mayores.
El presidente de la República ha sostenido que esta estructura es clave en la continuidad de su proyecto personal; y ha dado a entender que es una estructura que debe permanecer en las calles en la próxima administración. La pregunta es, en esa lógica, si efectivamente quien sea la próxima o el próximo presidente de la República, la mantendrá operativa, con los mismos programas y con las mismas funciones asignadas.
La Presidencia de la República ha planteado, pues, la realización de tres mil asambleas en el país, para motivar y para “afinar la coordinación” de quienes forman parte de esta estrategia que es, sin duda alguna, además de burocrático-administrativa, también político electoral, y que forma parte integral de la estrategia de propaganda de la actual administración.
Frente a todo lo anterior, lo que es evidente es que a México le urge una política social radicalmente distinta, que se encuentre en el centro de una nueva estrategia general de desarrollo, la cual esté diseñada para garantizar integralmente los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Mantener y operar estructuras con propósitos electorales ha sido y sigue siendo sumamente costoso para el país, porque distrae los recursos que urgen para transitar a un auténtico Estado de Bienestar.
Las evaluaciones del CONEVAL, de la Auditoría Superior de la Nación y de otros organismos, permiten mostrar que a lo largo de los años se han invertido billones de pesos que no han logrado un quiebre estructural de la desigualdad y la pobreza; y esas mismas evaluaciones permiten asegurar que mantener estrategias de reparto de bienes y recursos económicos, tienen una alta eficacia y rentabilidad política, pero que no se traducen en la superación estructural de las condiciones que llevan a la reproducción intergeneracional de la pobreza y las carencias sociales.
Es imperativo que en el proceso electoral que ya está en marcha se discuta con seriedad cuáles son las prioridades de gobierno que se tienen para el país; y cuáles son las líneas de horizonte que podemos trazar rumbo al 2050. Una vez más, la pregunta a responder es: ¿Qué país queremos ser y cómo vamos a conseguirlo en los siguientes 26 años?
Es cierto que la política social se construye con el trabajo de la gente ayudando y estando hombro con hombro con la gente que más lo requiere. Pero eso tienen que institucionalizarse a través de un trabajo serio de rediseño del gobierno y de su estructura orgánica para redefinir cuáles son las tareas más urgentes y con ello, las estrategias prioritarias, no para ganar la siguiente elección, sino para que México pueda transformarse en el país de derechos que todas y todos merecemos tener.
*Investigador del PUED-UNAM
