Sí, que se investiguen ataques….
Álvaro Aragón Ayala
Para impedir el “monopolio informativo” y evitar que circule la opinión de unos cuantos que se creen dueños de “la verdad”, las autoridades deben investigar los ataques a periodistas, políticos y activistas políticos y sociales, en riesgo de que sobre todos caigan procesos de linchamiento y criminalización pública por parte del gobierno del Estado o de entes que manejen presupuesto para publicidad y propaganda.
La idea de la “investigación” la ofreció la Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, precisamente cuando comenzaron a aflorar facturas que vinculan al periódico Noroeste con el gobierno del Estado en la marcha de una campaña de linchamiento público contra periodistas, universitarios, políticos y activistas. La legisladora es parte del equipo político de René Bejarano, “El señor de las Ligas”.
Imelda Castro presentó en el Senado de la República “un punto de acuerdo que busca proteger la libertad de prensa y expresión en Sinaloa, y garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias”. Sin presentar ninguna prueba documental -factura o pago- hacia algún medio o periodista en especificó señaló al presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, como presunto responsable de campañas de desprestigio.
Paradójicamente, Cuén Ojeda y su familia es banco de una feroz campaña de criminalización pública. Activistas del Partido Sinaloense, universitarios, activistas y periodistas también son objeto de persecución y linchamiento en una jugada política que tiene como propósito desacreditarlos por ser opositores al régimen rochista o bien porque no encajan en la línea editorial de Noroeste dictada desde Tercer Piso del Gobierno del Estado.
Oner González Lazcano López, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, en un comunicado a la opinión pública emitido el 25 de mayo, exigió un “alto inmediato a la intolerancia gubernamental a la oposición de Sinaloa” y demandó poner “alto al acoso, persecución y linchamiento de la administración de la UAS que encabeza el doctor Jesús Madueña Molina”.
El dirigente del PRD precisó que desde la llegada de Morena al Gobierno del Estado se ha caracterizado por “el uso abusivo del poder y las instituciones en contra de sus adversarios como han sido los casos de Jesús Estrada Ferreiro, Guillermo Benítez y Héctor Melesio Cuén Ojeda”.
En una investigación realizada por el equipo de analistas de Punto Universitario, programa transmitido por Radio UAS, salió a flote que Noroeste, plataforma usada para criminalizar a periodistas, políticos, universitarios y activistas sociales, opositores al régimen estatal de Morena, recibe mensualmente, para cumplir con la encomienda del linchamiento, entre un millón 250 mil a un millón 500 pesos mensualmente.
Sí, como lo dijo la Senadora Imelda Castro, es necesario investigar las campañas de desprestigio y que se precise con claridad cuanto están recibiendo mensualmente los medios de comunicación del gobierno de Rubén Rocha para atacar a quienes se consideran opositores o críticos del régimen estatal Morenista. Es urgente que se llegue al fondo porque se está haciendo uso de recursos públicos con fines perversos.
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