La corrupción en el gobierno de Rocha
Álvaro Aragón Ayala
Todo mundo sabe que Enrique Inzunza Cázarez es quien ejerce el poder a plenitud imponiéndose sobre el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Con datos falsos se oculta que en el seno del gobierno de la 4T impera la corrupción en todas las secretarías, direcciones y departamentos. Jugosos negocios se cocinan a traspatio
Con una inversión excesiva en medios de comunicación que le permiten mantener en el clóset las corruptelas del gobierno estatal, en un año 7 meses, el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, con la venia del gobernador Rubén Rocha Moya y los intocables, a quienes en ocasiones rebasa, constituyó una estructura fincada en el nepotismo, en las relaciones familiares o compadrazgos.
Funcionarios que actúan como si se tratara de una pandilla integrada casi en su mayoría por una camarilla de ancianos, trasnochados y seniles, tomaron por asalto el gobierno del Estado para dormitar en sus oficinas, llegando al grado de desfondar la credibilidad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Fiscalía General de Justicia, la Auditoría Superior del Estado y otras dependencias.
Se perdió la fe en el gobierno estatal. Rocha Moya no honra la palabra y publicita las reuniones privadas. Sobrepasado por los problemas en la agricultura, ganadería, la pesca, los desplazados, etc., y golpeado por la inseguridad y la criminalidad, el gobierno optó por ocultar la realidad con un discurso autoritario, tramposo y mentiroso, abriéndole las puertas a la auto-desestabilización.
El encontronazo que vive el gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Sinaloa le sirve de cortina de humo a Enrique Inzunza Cázarez y a Rocha Moya para intentar ocultar la oleada criminal que arropa a Sinaloa, estado convertido ya en un cementerio clandestino o a “cielo abierto”. La escalada criminal es minimizada por la prensa. La danza de los millonarios contratos publicitarios ofrece una idea del uso desmedido del presupuesto público para controlar a medios de comunicación y periodistas.
Tan solo en los dos primeros meses de su gobierno- noviembre y diciembre del 2021-, Rocha Moya gastó 18 millones de pesos en pagos a la prensa, lo que representó una inversión de 300 mil pesos diarios. Para apropiarse de la agenda informativa contrató medios de comunicación con pagos hasta de un millón y medio de pesos mensuales.
Con el dominio de casi la totalidad de los medios y un segmento de periodistas, Inzunza Cázarez y Rocha Moya asumieron una posición totalitaria, que favorece las aspiraciones económicas de los intocables y los sueños de un cónclave de ancianos conocido como cartel geriátrico, septuagenarios amargados que fueron acomodados en posiciones claves en el gabinete estatal y que ven en el ejercicio de gobierno una especie de botín al que tienen derecho a acceder.
La secretaría de Educación Pública y Cultura fue dada en concesión al jubilado uaseño Feliciano Castro Meléndrez y operada por su alter ego o factótum, Graciela Domínguez Nava. La SEPyC se mutó en una cloaca, en una guarida de bribones que traficaban y aún trafican con las plazas-horas, corrupción que abarca a los inspectores y supervisores. En el ISIFE la asignación de obras llega a manos de prestanombres de los intocables.
La Fiscalía General de Justicia, responsable de la investigación de delitos es operada por Enrique Inzunza Cázarez. La titular de la Fiscalía, Sara Bruna Quiñonez, es una “convidada de piedra” que les tiene pavor a los narcotraficantes; no indaga la mayoría de los crímenes de alto impacto y no busca a los “levantados” y desaparecidos. El postizo discurso de Rubén Rocha dibuja un estado tranquilo en tanto los criminales controlan territorialmente el estado. En los 18 municipios hay una fuerte presencia de grupos armados que se exhiben descaradamente recorriendo zonas urbanas y comunidades rurales.
La secretaría de Obras Públicas funciona directamente desde el Tercer Piso, vinculada a la secretaría de Administración y Finanzas; es operada por los intocables dueños o socios de una red empresas constructoras disfrazadas con prestanombres. Las licitaciones son simuladas. Los intocables deciden a que constructoras le otorgan los contratos. Tienen todo acaparado: desde el tapado o parchado de baches y hasta la pavimentación de algunos tramitos carreteros y las llamadas “obras menores”.
En el gabinete estatal abundan las grillas, las intrigas, el golpeteo de todos contra todos. Mientras los intocables hacen negocios, Enrique Inzunza maneja al gobernador Rubén Rocha a su antojo, fabricando enemigos con los que se mantienen pugnas que abren las puertas a la desestabilización del gobierno estatal que en un año y siete meses lleva récord de secretarios de primer nivel y funcionarios de rango medio despedidos.
