Operación estadística

Gabriel Reyes

Al atacar instituciones que la Carta Fundamental dota de autonomía, la primera víctima en caer es la credibilidad del aparato gubernamental. La designación de perfiles inadecuados para desempeñar cargos directivos en ellas termina por sepultarlas.

Hacer levantamiento de datos, a nivel nacional, es una tarea más compleja y costosa de lo que se puede pensar. Rebatir los dichos de una instancia oficial es casi tan difícil como contradecir a la NASA; sólo quien haya ido al espacio podría contradecirles. Los gobiernos que enfrentan aciagos resultados eventualmente caen en la tentación de sesgar las cifras, abusan de que quienes hacen análisis económico, político y social, no tienen otra que abrevar en las cifras que produce el sector público. Tarde o temprano se puede apreciar que las agencias que presumen de hacer investigación propia acaban asidas en información proveniente de la burocracia, por lo que su capacidad para cuestionar la gestión oficial es muy limitada.

Los primeros cuatro años de gobierno los números no fueron nada halagüeños para el tabasqueño, por lo que emprendió una cruzada para revertir esa situación. No es la realidad lo que le preocupa, sino cómo se mira ésta en la estadística. A partir de este año se han comenzado a delinear, en gráficas, los otros datos. Ante el potente garlito, lo único que puede objetarse a las cifras gubernamentales son asuntos de orden metodológico y de presentación, esto es, cuestionamientos que tienen que ver con la dificultad de valorar cifras agregadas; consolidadas por regiones caprichosamente seleccionadas, o la inclusión o exclusión de componentes relevantes, pero el debate inicia con cifras difícilmente objetables.

Es claro que el residente de palacio salió del PRI, pero el PRI no ha salido de él. Su reacción muestra que no sólo está en modo electoral, sino que se ha determinado a hacer suyo el resultado a toda costa.

Hoy vemos cómo la pobreza se abate en la estadística, aunque los pobres parecerían tener otros datos. La realidad es que será el peor comportamiento sexenal del PIB en muchas décadas. La afirmación de que la deuda pública no ha crecido no es seriamente sostenible, ya que no sólo ha aumentado, sino que su incremento acusa una severa deficiencia en cuanto a calidad, dado que la falta de control parlamentario ha suprimido la exigencia constitucional de identificar la fuente de pago. Las obras y actividades que se ha financiado con costoso endeudamiento no se ajustan a las restricciones constitucionales.

Las inexistentes proyecciones de rentabilidad de las empresas que debieran ser productivas del Estado acusan el inminente riesgo de que serán recursos fiscales los que acaben afrontando el gravoso pasivo.

En ciernes se encuentra un censo sobre fatalidades, desaparecidos y muertes violentas, el cual no hay que esperar a que concluya, podemos adelantar que el resultado será contundente; se anunciará que la disminución es dramática e innegable, y, cuando menos, colocará a esta administración por debajo de los números de Calderón Hinojosa.

La estrategia oficial recuerda a la anécdota del batracio que es colocado en agua puesta a hervir. La táctica para monopolizar la verdad se implementó de manera gradual y paulatina. Arrancó designando perfiles de indiscutible lealtad en organismos que debieran ser autónomos, haciendo de la capacidad un requisito prescindible.

De poco o nada sirvió el testimonial señalamiento que hicieron algunos legisladores. Las exigencias legales para hacer designaciones en organismos especializados, tan debatidas en el proceso parlamentario desahogado al aprobar las normas que los crearon, fueron letra arteramente ultimada.

Todo el sistema de evaluación y seguimiento está comprometido, sesgar sus informes es relativamente sencillo. Hicieron del INAI sujeto de muestra. La forma en que fue sometido dejó claro, al resto de instancias autónomas, que cualquier mandato constitucional puede ser derribado desde las Cámaras, al aprobarse el presupuesto o al hacer designaciones en los órganos directivos.

Los servidores públicos, de todo nivel, saben que la Auditoría Superior de la Federación no soportó el primer cuestionamiento, y que ha dejado de gozar del voto en blanco de confianza que recibiera hace años. Todos pasan por encima de ella. También es sabido que la Fiscalía General de la República no necesita acordar en Palacio Nacional, para ser dura con los denunciantes, pero tolerante con las fallas e irregularidades de quienes detentan el poder.

Los más desconcertados son los economistas que se formaron en el credo neoliberal, dado que, por formación, defienden lo que para ellos es dogma, las indiscutibles cifras que son producto de teoremas, fórmulas y gráficas creados en alguna universidad del exterior. Para ellos, el camino no es objeto de discusión, los datos que arrojan los cálculos hechos con la metodología que se ha empleado, desde los 80’s, son incontrovertibles. Han olvidado que sus maestros les enseñaron cómo llegar al resultado deseado, ingresando los datos apropiados.

No en balde el Ejecutivo federal conservó, de manera sustantiva, a los cuadros hacendarios, haciendo cambios bien calculados en las instancias encargadas de retratar lo que serán los números que midan su desempeño. Fue aplastado por la narrativa oficial, pero ahora ésta la escribe él. No faltará quien reste relevancia a la hilarante sincronía que existe entre las conclusiones que proporciona Gerardo Esquivel con los datos producto de la intensa labor territorial llevada a cabo, a lo largo y ancho de un escritorio, por Graciela Márquez.

Habrá, seguramente, quien diga que el ajuste de los datos no es posible y que hay un sistema de balance y comprobación, conocido como checking balance, que hace imposible la manipulación de la información financiera y económica. Y entre ellos, encontraremos a muchos de los que pronosticaron grandes avances, pero terminaron paliando crisis.

También se dirá que organismos internacionales, acreedores financieros y toda suerte de sujetos con interés en la identificación de oportunidades de inversión y calificación del riesgo, no guardarían silencio y harían importantes señalamientos, pero, la realidad, es que a los primeros sólo les interesa que les paguen sus cuotas y financiamientos, en caso de haberlos otorgado, y, en cuanto a los segundos, no hay que ver lo que dicen, sino lo que hacen. Los extranjeros no tienen incentivo para envolverse en la bandera de una cruzada en la que nada obtienen. Mientras cobren absurdas tasas de interés, dejando expedita su salida del país, hacen claro diagnóstico de la situación.

La oficialista inflación parece que no ha llegado a las cajas registradoras de mercados, almacenes y grandes cadenas de suministro. Así es, los otros datos se impondrán, hasta que la realidad haga el inclemente ajuste, para entonces, el sexenio habrá acabado, y será todo un galimatías saber qué pasó, como nos lo hemos tenido que preguntar tantas veces.