Rocha inventa otra mentira descomunal
Álvaro Aragón Ayala
En su obsesión por “reventar” a la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya usó documentación oficial para construir una nueva mentira: La UAS le pidió, conforme a la ley, que sea el conducto ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, para que les solicite 2 mil 640 millones de pesos federalizados para incorporarlos al presupuesto universitario 2024 y el gobierno rochista responde que la Universidad le está solicitando recursos estatales.
La nueva falsedad de Rubén Rocha es descomunal y fue creada por la negativa de la comunidad universitaria a que se aplique la Ley de Educación Superior Estatal y a la oposición de la Casa Rosalina a que el gobierno rochista audite el presupuesto o los recursos federales y federalizados que son auditados por la Auditoría Superior de la Federación. La UAS también rechaza, en apego a la ley y a las normativas contables, que la ASE audite los recursos propios autogenerados por la máxima casa de estudios.
La verdad es que la Auditoría Superior del Estado carece de facultades para realizar arqueos a los recursos federales y federalizados y a los recursos propios de la UAS y únicamente pudiera realizar investigaciones contables a los recursos estatales propios del gobierno del Estado en caso de aportarlos a la Casa Rosalina, pero ni la administración rochista ni la de Quirino Ordaz Coppel ni otros gobiernos del pasado reciente, han apoyado a la Universidad con la inyección de recursos estatales propios, pues sólo entregan aportaciones federales.
Rubén Rocha Moya intentó masificar la mentira dando a entender que la UAS le estaba pidiendo recursos estatales, lo que significaba, para él, una confesión de que en efecto el gobierno estatal proporcionaba recursos a la institución, por lo cual, dijo, esos recursos deberían de ser auditados. También ha pretendido socializar la falacia de que la Casa Rosalina no se deja auditar, no rinde cuentas y no se transparenta, cuando sabe bien que la máxima casa de estudios es auditada por la Auditoría Superior de la Federación y rinde cabal cuenta a la propia ASF y a la Secretaría de la Función Pública.
La totalidad del subsidio o el presupuesto de la UAS es integrado por recursos federales aportados, vía el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación, por el Congreso Federal, la SHyCP y la SEP; por otra partida de dinero federalizado el cual es solicitado por la Universidad por conducto del gobierno estatal al Congreso Federal para que lo incorpore al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de Sinaloa para aplicarlo en la Casa Rosalina. El recurso no pierde su carácter federalizado y al gobierno del estado sólo le corresponde entregarlo a la Universidad. La UAS se allega también de recursos propios.
De acuerdo a los artículos 74 y 79 de la Constitución y al contenido de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas de la Federación, la UAS no recibe ningún “subsidio estatal”. Es decir, las aportaciones directas del gobierno rochista a la Casa Rosalina suman los cero pesos. Pese a que el presupuesto universitario está integrado con participaciones federales y federalizadas y con recursos propios, Rubén Rocha Moya lanzó la mentira de que están apoyando a la UAS con recursos estatales. La falacia se convirtió en un sonsonete en los medios de comunicación pagados por el gobierno estatal.
La UAS pidió pues al gobierno estatal que solicite 2 mil 640 millones de pesos al Congreso Federal, la SHyCP y la SEP para que los incorpore de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa al Presupuesto de Ingresos y Egresos de Sinaloa 2024 para atender las necesidades de la máxima casa de estudios. Rubén Rocha y su pandilla de inmediato salieron a mentir a los medios intentando hacer creer que esos recursos se los estaba pidiendo al gobierno estatal. “Si se dejan auditar se los doy”, dice Rocha, pero corresponde a la ASF auditar esos recursos por ser federalizados.
A raíz del rechazo a la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado por cuyo conducto Rubén Rocha y los diputados del Congreso pretenden tomar por asalto a la Universidad, el gobernador desencadenó la criminalización y el linchamiento público de los funcionarios uaseños, construyéndoles delitos y alegando que no se dejan auditar. Sobre la UAS pesa ahorita el ejercicio de tres auditorías, una de ellas fúnebre, de parte de la Auditoría Superior de la Federación, investigaciones contables que tumban la narrativa gubernamental.
