Simulación del gasto en la selección de las “coordinadoras”
Juan José Tena
Hace algunos días fuimos testigos de la conclusión, al menos en esta primera etapa, de los inéditos procesos de selección de las coordinadoras del Frente Amplio por México y la de la Defensa de la Cuarta Transformación, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, respectivamente, los cuales son un evidente fraude a la ley electoral y adelantaron los tiempos de precampaña más de seis meses.
Al amparo de la libertad de configuración y libertad de organización interna de los partidos políticos, ambos “bloques” inventaron figuras partidistas que no existen en la ley, ni en sus normativas internas, para posicionar a las aspirantes de cara a la sucesión presidencial.
Más allá de estos claros actos adelantados de precampaña y campaña, el exceso de publicidad en ambos procesos queda en el aire la pregunta de cuánto costaron las “pre pre campañas” y de dónde salió el dinero con que se financiaron.
Ante unos procesos que no existen en la ley, el Instituto Nacional Electoral emitió unos lineamientos donde estableció que cada aspirante de Morena y del Frente Amplio podían gastar hasta 34.3 millones. Dicho recursos los podían obtener del financiamiento público de los partidos, de las aportaciones en efectivo y en especie de las personas que participan -los aspirantes de recursos propios- cuyo tope era de 2.1 millones de pesos, así como de las contribuciones de los militantes y simpatizantes en un monto no mayor a 537,000 pesos.
Claudia Sheinbaum reportó oficialmente de los 53 días de viajes y eventos para buscar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, gastos por 3 millones 908,000 pesos; algunas investigaciones periodísticas señalan que el mismo se calcula en más de 30 millones, incluso ese monto en el rango autorizado por el INE. Por su parte, Xóchitl Gálvez señaló hace unos días que había erogado 3 millones de pesos en sus giras.
Más allá de estimaciones al aire y discusiones sobre quién gastó más, como contribuyentes debe preocuparnos el origen de ese dinero, si se utilizaron recursos públicos para fines de promoción política personalizada y si hay una desviación de dinero para favorecer a uno u otro partido.
Le tocará al INE fiscalizar esta etapa del proceso electoral, determinar montos y origen del dinero, sin embargo mi gran duda es qué se atreverá hacer el INE si determina que recursos públicos se usaron para este proceso de “pre pre campaña”, ¿retirará en su momento la candidatura a alguna de las contendientes? ¿anulará el proceso interno de los partidos? O ¿simplemente los multará y les pedirá que no lo vuelvan a hacer?
El problema en nuestro país es la continua simulación del cumplimiento de la ley, hacemos leyes restrictivas para luego violarlas, nombramos autoridades para hacerlas cumplir y conducir el proceso para después no atender sus llamados ni sanciones.
Este proceso electoral ya nos dejó nuestra primera lección: debemos transitar nuevamente a un sistema electoral de mayores libertades de expresión y sin tantas restricciones para manifestar o promocionar una aspiración electoral, pero con mayores controles del gasto público, transparencia y sanciones ejemplares a quien se atreva a desviar el dinero de los mexicanos en posicionar sus aspiraciones políticas.
