6.5 veces más militares en seguridad pública en 8 años, ¿para qué?
Ernesto López Portillo
El pasado 13 de septiembre, un mes antes de cumplir cinco años, el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX publicó el número 15 de la serie Descifrando la conferencia de prensa presidencial, colección que traduce al público y analiza una parte de la información oficial en torno a la militarización de la seguridad pública y el militarismo del sistema político mexicano. Como es costumbre, esta nueva entrega presenta evidencia inédita soportada en fuentes oficiales de información -en su mayoría-.
Ha sido un lustro de monitoreo permanente sobre estos temas; por aquí se puede ver la mayoría de lo publicado que incluye un informe sobre la militarización de la seguridad pública con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y otro con la continuación de este fenómeno, más la fase superior: la ideología del militarismo encabezada por López Obrador.
La serie Descifrando reúne documentos cortos, acompañados de gráficos y mapas interactivos que hacen mucho más accesible su lectura y ponderación analítica. Ya se cuentan por miles las lecturas de estos documentos, destacando el que responde a la pregunta ¿Qué es la Guardia Nacional?, publicado en agosto de 2021, entrega que fue a su vez actualizada en abril pasado con el lanzamiento del Descifrando que responde la misma pregunta, pero con datos hasta 2023.
Regresando al más reciente producto, hemos informado que, por vez primera, ya hay más militares en operaciones de seguridad pública que policías estatales y municipales; hemos dado a conocer también que en 2022 ya había más militares que policías desplegados en 11 entidades de la República Mexicana y mostramos además la coincidencia entre el incremento de personal militar y el declive del policial.
La evidencia cuantitativa, el análisis de la información oficial y la investigación de otros actores independientes nos ha permitido confirmar que “la Guardia Nacional se ha posicionado como una institución suplementaria a las policías del país”. Orientado el crecimiento de esta institución (militar en los hechos y civil en la Constitución) a la sustitución de las policías civiles, se supondría que el despliegue guarda coherencia con la proporción del delito. No es el caso.
El número 15 de la serie Descifrando incluye un gráfico también inédito que compara tasa de personal policial y militar por cada mil habitantes contra tasa de víctimas de homicidio y femicidio. No pierdan la oportunidad de navegar el cuadro interactivo usando los filtros que permiten confirmar la incoherencia de la estrategia de despliegue, sean civiles o militares los que se comparan con la victimización.
Queremos invitar a mirar la militarización y el militarismo con atención al paso del tiempo, reconociendo estos fenómenos como la más grave alteración estructural al régimen constitucional de derechos, donde aún hoy la norma suprema ordena que las instituciones de seguridad pública tendrán carácter civil. Estamos observando el silencio respecto a todo esto desde la inmensa mayoría de la llamada clase política y de la sociedad y también estamos buscando descifrarlo.
En todo caso, nuestro trabajo es poner a discusión pública nuestras hipótesis. La más importante hasta hoy es que la militarización y el militarismo no son principalmente un proyecto de seguridad, sino uno de reconstrucción del régimen y del sistema político. Creemos que se viene construyendo un cinturón político de protección militar en torno a una nueva hegemonía que va insertando a las Fuerzas Armadas en un nuevo rol partícipe en la disputa por el poder público.
Afirmamos que si en estricto sentido el despliegue militar fuera un proyecto de seguridad, la evidencia del impacto sería relevante en el discurso oficial. Y hay quienes creen que lo es porque presidencia habla de reducción de algunos delitos, independientemente de que no se haya publicado la comprobación de relación alguna entre el despliegue y esa supuesta disminución (el registro de homicidios violentos lleva años bajo cuestionamiento).
Desde acá vemos más hacia lo que no se habla; por ejemplo, no hay rendición de cuentas alguna sobre el despliegue militar de cara a la multiplicación de bolsas territoriales de gobernanza criminal, muchas de ellas, por cierto, donde ese despliegue intensivo lleva más tiempo, cual es el caso de Guerrero.
Se reportaban 40 mil efectivos militares desplegados en el 2015 y hoy suman poco más de 260 mil; un crecimiento quizá sin paralelo global en un país que aporta 11 de las 15 ciudades con las más altas tasas de homicidios violentos del mundo. ¿Para qué?
