Avalan reforma para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial

Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, donde hay disponibles 15 mil 434 millones de pesos.

De aprobar el pleno el cambio la próxima semana, únicamente se conservaría el fondo de apoyo a la administración de la justicia, donde hay 6 mil 103 millones más.

Como parte del desglose de los fondos que se manejan en el Poder Judicial, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación controla seis, donde a junio pasado había 6 mil 241 millones de pesos.

En los últimos ocho años, esos seis fideicomisos se han mantenido prácticamente sin movimiento, salvo por los intereses que generan en los bancos. Viven del sudor de la lana, acusó.

En general, los fideicomisos del Consejo de la Judicatura, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permiten la cobertura de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, de mandos superiores y medios, así como apoyos médicos.

Uno de los que más polémica han causado es el 80693, que paga el mantenimiento de las casas de magistrados y jueces, donde hay disponibles 76.5 millones de pesos.

El alcance de la reforma generó un debate de tres horas en la comisión, que aprobó con 30 votos en favor y 21 en contra la iniciativa presentada por Mier en septiembre pasado.

Hamlet García Almaguer (Morena) explicó que el Poder Judicial fue engordando un cochinito dorado desde 2013, cuando comenzó una operación sistemática para generar subejercicios de manera artificial, que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación, sino depositados en dichos instrumentos a manera de ahorro. Con la reforma, los privilegios del Poder Judicial están en agonía; sólo los mantiene vivos la respiración artificial que les otorga la oposición, añadió.

El legislador planteó que el dictamen no se discuta en la sesión de este miércoles, cuando se le dará declaratoria de publicidad, sino en la siguiente, para que la oposición tenga oportunidad de leer y releer esta pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial.

En contraste, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) dijo que en su partido estamos sorprendidos, al identificar la estrategia de Morena y el gobierno de asfixiar todo órgano o poder que no esté en consonancia con ellos. Así sucedió con el INE y con el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y hoy perpetran un asalto a la autonomía del Poder Judicial.

Consideró que la reforma es agresiva y retrógrada; menoscaba y se entromete en la autonomía de un poder de la Unión y va contra la progresividad de los derechos laborales de los trabadores de base y mandos medios.

También, la panista Leticia Zepeda Martínez aseguró que la reforma es una venganza por las resoluciones que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quieren Poder Judicial débil ante Palacio Nacional, consideró.

Según la reforma, cuando entre en vigor, el Poder Judicial deberá devolver los fondos a la Tesorería de la Federación.

No obstante, el priísta José Yunes Zorrilla alertó que el artículo cuarto transitorio de la iniciativa justifica el reintegro a partir de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto, el cual prevé que cuando se extinga un fideicomiso del Congreso, del Poder Judicial o los entes autónomos, los recursos deberán ser devueltos a sus respectivas tesorerías.

Si quieren que el dinero se rembolse, tendrían que cambiar ese transitorio, dijo. Su propuesta fue desechada.