El problemón que enfrentarán los próximos gobernadores

Jacques Coste

Llevamos meses y meses hablando de la elección presidencial. En las últimas semanas, la cosa se ha tornado insoportable: pareciera que la prensa está detenida, observando, narrando y analizando una carrera presidencial que ya se siente eterna y, sin embargo, aún nos quedan ocho largos meses de lo mismo.

Si bien la elección presidencial será muy importante, no debemos retirar la mirada de lo local. Los gobiernos estatales y municipales son quienes tienen una relación más cercana y directa con los problemas cotidianos de la gente. A veces, en la comodidad de la capital del país, olvidamos esto. Por inverosímil que parezca, los partidos políticos también suelen olvidarlo, como si pensaran que basta con nombrar candidatas presidenciales para ser competitivos en 2024.

Todos los partidos, aunque principalmente los de oposición, harían bien en reconsiderar esta posición: la clave para su competitividad podría estar en el orden local, no en el federal. Al seleccionar cuadros competitivos, con arraigo y conocimiento de la gente, el territorio y los problemas cotidianos de distintos estados y municipios podrían remediar —así sea ligeramente— su mala reputación como “marcas” nacionales.

Pero ese tema es harina de otro costal. Más allá de partidos, candidatos y nombres, aquí me interesa resaltar la importancia de las elecciones locales del próximo año para la vida cotidiana de la gente, así como señalar el principal desafío que enfrentarán quienes ocupen cargos municipales y estatales a partir del próximo año.

Recordemos que en 2024 se disputan nueve gubernaturas (incluida la Ciudad de México) y ayuntamientos en 31 de las 32 entidades de la República. Por supuesto, las personas que ocupen cada cargo enfrentarán retos particulares, que tienen que ver con las lógicas locales, los problemas territoriales y las características, coyunturas y condiciones de cada estado y municipio.

Pese a estas diferencias y más allá de la especificidad de cada caso, todos ellos enfrentarán un desafío complicadísimo y urgente apenas lleguen al poder: asegurar el control territorial de su demarcación.

Ya se volvió un lugar común decir que el crimen organizado domina gran parte del territorio nacional. Sin embargo, no está de más recordar lo que esa aseveración significa: en la práctica, en vastas regiones del país hay poderes criminales que compiten o desplazan al Estado y desempeñan buena parte de sus funciones. Cobran impuestos (en modo de derecho de piso o de paso), ofrecen protección a los habitantes de la región, imponen castigos —inhumanos y despiadados— cuando un sujeto rompe sus normas no escritas y, en última instancia, regulan la vida social, las actividades económicas y los mercados a nivel local.

Los gobiernos locales deberán enfrentar esta escalofriante situación. ¿Qué hacer ante ella? ¿Buscar el apoyo del gobierno federal para que envíe a las Fuerzas Armadas a pelear por el control del territorio? ¿Pactar con un grupo criminal para que establezca un dominio hegemónico —más o menos pacífico y ordenado— en la región, a cambio de que mantenga a raya a los otros grupos criminales y reduzca la violencia? ¿Pactar con distintos grupos en distintas zonas? ¿Desarrollar policías y fuerzas de seguridad poderosas a nivel local, con todo el tiempo y los recursos que eso implica?

Todas estas opciones han ocurrido —y están ocurriendo— en distintos estados en diferentes momentos. Elegir cuál es la mejor opción nunca es sencillo. Todas las alternativas implican consecuencias negativas e inesperadas. Todas ellas se pueden visualizar desde la lógica del “menor de los males”.

Entonces, ¿qué hacer? Vaya reto que tienen enfrente los próximos mandatarios locales, más aún tomando en cuenta que los grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para disputar mercados, rutas y territorios, así como para buscar nuevos acuerdos con las autoridades entrantes, ya sea por medio de la negociación o la coacción.

Así las cosas, quienes están buscando candidaturas para las próximas elecciones deberían estar reflexionando seriamente en torno a estas preguntas. Será el primer desafío que enfrenten como mandatarios locales y de cómo respondan ante él puede depender que logren controlar —o no— su territorio durante toda su gestión. Un error de decisión o ejecución puede romper balances delicadísimos en el control del territorio y, por lo mismo, puede desencadenar reacciones violentas o, peor aún, dejar a miles de ciudadanos en regiones gobernadas bajo el terror de los grupos criminales.