Ministra Piña, rebasada en las calles; provocó crisis de Estado
Carlos Ramírez
La ministra presidente de la Corte, Norma Piña Hernández, tuvo la oportunidad de negociar las relaciones políticas y de poder con el Ejecutivo federal y el Legislativo, pero su escasa formación política en su perfil kelseniano de la teoría pura del derecho complicó el equilibrio del sistema político y provocó una crisis de Estado por el choque en las calles del Judicial contra el Ejecutivo y el Legislativo.
Aunque se formó al interior de los espacios jurídicos del régimen, la ministra presidenta Piña –como todos los altos dirigentes del Poder Judicial– careció de sensibilidad política para entender el funcionamiento de los resortes del sistema político, incluyendo aquella imagen donde de manera irrespetuosa no se puso de pie a la llegada del presidente de la República a un evento –el último— que fotografió a los tres poderes de la Unión.
Muy malo si la ministra Piña no controló a los trabajadores del Poder Judicial; más malo aún si lo sigue controlando de manera indirecta, sobre todo por la subordinación pasiva del sindicalismo oficial. Soltó al tigre, pero podría ser de papel.
La protesta callejera de los trabajadores del Poder Judicial para defender fideicomisos que tienen muy poco que ver con las prestaciones salariales y sociales de ley rompió el equilibrio institucional de poderes al interior del Estado, pero en un escenario que le está costando mucho entender a la ministra presidenta de la Corte: el sistema político mexicano es presidencialista, estatista y autoritario; el poder legislativo, por configuración sistémica, está subordinado al presidente de la República en tanto que es jefe político del partido en el poder, pero con un mecanismo de relaciones que viene desde la época de Juárez; el legislativo presidencialista tiene la facultad legal de definir el manejo de los recursos públicos presupuestales; y el funcionamiento del poder presidencialista se hace en función de la configuración priísta vigente del sistema/régimen/Estado.
El presidente Echeverría fue el último que supo pensar la hegemonía política del poder sindical, pero pagando la estructura caciquil de la clase obrera, del campesinado y de los profesionistas de las clases media: organizaciones sociales proletarias bailando al son de Palacio Nacional.
La salida tumultuaria de trabajadores del Poder Judicial para bloquear en pequeñas brigadas la circulación debe de haber sido autorizada por la ministra presidenta de la Corte, en tanto que se necesita de permisos oficiales para faltar en horas de trabajo, además de que funcionarios medios y medios-altos participaron de manera fugaz en parte de los bloqueos como un apoyo a las movilizaciones sindicales que defendían los fideicomisos operados de manera directa por la presidenta de la Corte.
Mal mensaje deja al régimen político las imágenes de trabajadores del Poder Judicial encargados del cumplimiento de las leyes saliendo a la calle para oponerse con bloqueos callejeros –usados en tiempos del régimen autoritario y hoy potenciados por cárteles del crimen organizado– a decisiones legales constitucionales que tienen sus procesos de funcionamiento muy precisos. La violencia de algunos grupos contra la policía capitalina afecta la credibilidad y autoridad moral de la Corte de la ministra Piña porque legitima el uso de la violencia callejera para oponerse a decisiones institucionales sistémica y a las reglas de las leyes.
Todo indica que la ministra Piña fue rebasada por los ministros rudos y duros de la Corte y empujada a confrontar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo fabricando una crisis de Estado, pero sin utilizar los mecanismos institucionales de negociaciones presupuestales. Todos los ministros presidentes anteriores de la Corte tenían equipos de negociación legislativa para, en el mejor de los casos, pastorear sus presupuestos.
La ministra Piña presentó su petición de presupuesto sin atender ninguna de las objeciones presentadas de manera pública por el presidente de la República y algunos sectores del legislativo, sin ofrecer ninguna propuesta de reordenación presupuestal y sin atender las quejas de los otros poderes sobre decisiones judiciales. En esta ocasión, la ministra Piña no solo mostró novatez en el ejercicio del poder político de la presidencia de la corte, sino que exhibió un rostro de tozudez que desdeñó criticas válidas sobre el uso de recursos públicos y la conformación de una casta judicial con salarios y prestaciones ajenas a los equilibrios presupuestales.
El legislativo cumplió su anuncio de recorte presupuestal y de cierre de fideicomisos y pudiera ser paradójico que la Corte llevara su asunto a una votación en la Corte para mostrar un poder que usa privilegios para defenderse a sí mismo.
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