Es falso que la UAS salió mal en la auditoría de la ASF; Rocha inventa más mentiras

Richard Lizárraga Peiro

Desde el mes de octubre, la Universidad Autónoma de Sinaloa solventó todas las observaciones que le realizó la Auditoría Superior de la Federación en relación al ejercicio del presupuesto ejercido en el 2022.

La difusión en relación que la UAS incurrió en irregularidades por un monto de 128 millones de pesos en el manejo de sus recursos, es otra de las versiones construidas, para su propalación masiva en los medios con contratos de publicidad con el Gobierno del Estado, por Adriana Ochoa del Toro, coordinadora de comunicación social de Rubén Rocha Moya, interesado éste en desacreditar a la Casa Rosalina.

Como es su costumbre, el gobernador de Sinaloa construyó otra falsa narrativa de la auditoría para intentar hacer creer a la sociedad de que hay manejos turbios del presupuesto universitario, relatoría que tiene ya más de 8 meses difundiendo, junto con la mentira de que la UAS no se deja auditar, en venganza porque la comunidad universitaria le rechazó la Ley de Educación Superior del Estado, violatoria a la autonomía universitaria. Rubén Rocha tiene proyectado encarcelar a funcionarios de la UAS como parte de su plan para apoderarse del control de la institución de enseñanza superior.

La UAS envió un comunicado a todos los medios de comunicación, preferentemente a aquellos qué, en los últimos 4 días, han difundido falsedades en relación al resultado de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación. El ejercicio de ese arqueo contable determina que la UAS sí se audita y que cumple cabalmente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es claro que le corresponde fiscalizar a la Universidad, por ley, a la ASF, no a la auditoría Superior del Estado.

Así que en torno a algunas notas periodísticas donde se hace del conocimiento público de que hay recursos pendientes de aclarar respecto al ejercicio de Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), aclara que dicha Auditoria CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE y SE SUBSANÓ EL 100 POR CIENTO DE LAS OBSERVACIONES dentro del plazo establecido por el ente fiscalizador.

El resultado de la última auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojó un EJERCICIO RAZONABLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL AÑO 2022 y el monto de 128 millones 382 mil 320.28 pesos (que representan el 1.9 por ciento del total revisado) fueron aclarados en su totalidad con el soporte documental correspondiente.

Para conocimiento de la comunidad sinaloense, y de los universitarios, se informa que esta Casa de estudios, tal y como se comunicó el pasado miércoles 01 de noviembre, a la fecha de cierre de la auditoría y dentro del plazo de los 12 días hábiles otorgado por el ente fiscalizador, ACLARÓ Y SOLVENTÓ DICHO MONTO AL 100 POR CIENTO en ese tiempo establecido.

Para mayor precisión, se comunica que se cuenta con la evidencia y el soporte documental de la solventación del cien por ciento de las observaciones y puede ser consultada ante el Máximo Órgano de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación.

Se aclara que: para solventar el monto de 210 mil 027 pesos que se presumieron como probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por realizar pagos de recargos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2022, se efectuó el correspondiente reintegro y la documentación para los efectos de comprobación están contenidos en el disco certificado identificado como número 1, anexo al oficio UAS/CG-177/2023, de fecha 25 de septiembre de 2023.

Para solventar la presunción de un probable daño por un monto de 18 millones 118 mil pesos por realizar pagos de recargos y actualizaciones de seguridad social de ejercicios fiscales anteriores, se proporcionó el soporte documental que aclara la totalidad de esta observación, documentos contenidos en el disco certificado identificado como número 1, anexo al oficio UAS/CG-177/2023, de fecha 25 de septiembre de 2023.

De igual forma se solventó el monto de 67 millones 127 mil pesos señalados por no reintegrar recursos y rendimientos financieros no comprometidos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, proporcionando el soporte documental correspondiente, consistente en pagos realizados al IMSS e INFONAVIT, documentación que se encuentra en el disco certificado identificado como número 1, anexo al oficio UAS/CG-177/2023, de fecha 25 de septiembre de 2023.

Con respecto a la presunción de daño por un monto de 1 millón 141 mil pesos por no reintegrar los recursos no ejercidos y los rendimientos financieros no comprometidos del Fondo de Aportaciones Múltiples, se explica que la Universidad tenía un saldo disponible al mes de agosto de 2023 de 911 mil 087.39, de esta cantidad se pagó al Gobierno del Estado de Sinaloa 749 mil 426.58 el 11 de agosto por el adeudo correspondiente al 3% por supervisión y vigilancia de obra, y el 18 de septiembre se reintegró al ISIFE el saldo existente en la cuenta No. 18000226893 UAS NS 2022, por la cantidad de 161 mil 544.81 por concepto de intereses generados y no ejercidos, quedando así cancelada la cuenta de cheques No. 18000226893 UAS FAM NS 2022.

Sobre el monto señalado de 702 mil 514 pesos por realizar pagos a 25 trabajadores que excedieron los sueldos autorizados, se efectuó el correspondiente reintegro, documentos contenidos en los discos anexos a los oficios UAS/CG-177/2023, de fecha 25 de septiembre de 2023 y UAS/CG-199/2023, de fecha 06 de octubre de 2023, y se hizo lo mismo con el monto de 296 mil 609 pesos cuyos documentos están en los discos anexos a los mismos oficios.

En cuanto al probable daño o perjuicio por un monto de 5 millones 052 mil pesos por realizar pagos improcedentes a 65 trabajadores durante comisiones sindicales y licencias sin goce de sueldo, así como pagos efectuados a trabajadores después de la baja por defunción, se realizaron las aclaraciones correspondientes de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo y se demostró que algunos casos considerados defunciones eran trabajadores en activo, se efectuó el correspondiente reintegro y los documentos de la solventación están en los discos anexos a los oficios UAS/CG-192/2023, de fecha 29 de septiembre de 2023 y UAS/CG-196/2023, de fecha 05 de octubre de 2023, de igual forma se reintegró el monto de 2 millones 629 mil pesos por concepto similar y la documentación se encuentra en los mismos oficios.

Y se solventó el monto señalado de 33 millones 104 mil pesos por no presentar evidencia que acreditara la entrega de bienes adquiridos, proporcionando la documentación comprobatoria que ampara la cantidad observada y éstos constan en los discos anexos a los oficios UAS/CG-177/2023, de fecha 29 de septiembre de 2023 y UAS/CG-196/2023, de fecha 05 de octubre de 2023.

Es importante informar también que en la Auditoría número 1688, practicada por la ASF al Gobierno del Estado de Sinaloa, específicamente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2022, se fiscalizó los recursos transferidos por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y no se generaron observaciones.

Lo que observa la Auditoría Integral número 1706 respecto al FAM es el monto que se pagó al Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto de 3% de supervisión y vigilancia de obra, ya que los comprobantes que permiten realizar el pago se emitieron por parte de Gobierno del Estado de Sinaloa de manera EXTEMPORÁNEA. Se reitera que se proporcionó el soporte documental y quedó aclarada esta observación.

Lo que corresponde a la obra pública realizada con Participaciones Federales, relativas a la construcción de techumbre de Alberca Olímpica y módulo en Preparatoria Guasave, los expedientes técnicos en los cuales se encuentra la carta de entrega-recepción fueron proporcionados con la debida oportunidad a la Auditoría Superior de la Federación.

Es importante señalar que en todos los procesos de auditorías existen etapas de revisión y de aclaraciones de los hallazgos, que son atendidos de acuerdo a los tiempos que establece el ente fiscalizador cumpliendo con la normatividad aplicable.