Violencia política: ¿qué diablos pasa?
Leopoldo Mendívil
Estamos tan atentos a la desgracia y necesidades de Guerrero que casi pasaron desapercibidos varios hechos delictivos relevantes ocurridos en los últimos días. En Nuevo León, el secretario de Seguridad Pública de Iturbide, Leonel Alonso Ortiz, se reporta grave debido a los disparos recibidos el pasado día 5. En la CDMX, Juan Pablo Izquierdo, jefe de Servicios Generales de la alcaldía Álvaro Obregón, sufrió un atentado; perdió un ojo y también está grave.
Otro evento de importancia fue el sucedido en Coyuca de Benítez un día antes de que “Otis” hiciera de las suyas. En ese municipio guerrerense fueron ejecutados 11 policías municipales y dos funcionarios, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Alonso López. También el 24 de octubre, un policía y cuatro civiles fueron asesinados en Tacámbaro, Michoacán.
Y así podríamos seguir citando atentados exitosos en contra de funcionarios locales, así como de funcionarios federales destacados en el interior, como fue el caso del delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, quien fue asesinado cerca de las oficinas de la institución localizadas en Chilpancingo.
Otro evento todavía más grave sucedió en Jalisco el 11 de julio. Siete artefactos explosivos explotaron en Tlajomulco, Jalisco, causando la muerte de cuatro funcionarios de la Fiscalía estatal y dos civiles, además de lesionar a 14 personas. En la investigación colaboraron el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EUA, dada la sospecha de la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tlajomulco tiene “importantes corredores para el tráfico de drogas y armas provenientes de estados colindantes,” dice la nota de Anabel Hernández. En Palacio Nacional se negaron a reconocer el hecho como un acto terrorista (DW, 18/07/23).
Hechos como los anteriores, le podría citar otros ocho ocurridos de marzo a la fecha y cabe señalar que solo cuento los que trascienden a medios capitalinos. No hablamos de muertes que se dan en enfrentamientos entre los malandros y las fuerzas del orden, sino de actos deliberados para romper el orden institucional.
Usted mejor que yo debe saber cuáles son los motivos precisos en cada caso, pero se puede afirmar que células del crimen organizado radicadas en cada plaza buscan doblar a las autoridades locales para obtener más dividendos a través de contratos, cooptación de puestos, control de sectores productivos, control de rutas de trasiego, etc. En síntesis, el dominio de la plaza más alla de las drogas.
Lo que es claro es que la centralización de la estrategia de seguridad, y con ésta también los dineros, ha dejado a los gobiernos locales sin manera de hacer frente a la delincuencia común y al crimen organizado (CO); incluso, por más que quiera, la Guardia Nacional no puede estar en cada ciudad del país. De nada sirve el avance al 85 por ciento en el programa de certificación policial, si la reducción de presupuesto no deja a las policías locales con elementos para operar, tornádose en un eslabón muy pero muy débil en la cadena.
Esta situación se torna más preocupante con el año electoral que se avecina. Nada más le recuerdo que los comicios de 2021 fueron de los más violentos, con mil 66 agresiones en contra de políticos. Hubo de todo: secuestros, amenazas, tentativas de homicidio, lesiones y ¡102 asesinatos! De las personas que perdieron la vida, 36 eran aspirantes a algún cargo. No hubo estado ni partido que se salvara. “Las autoridades estatales responsables de brindar protección a los candidatos de elecciones municipales actuaron de manera reactiva,” señala el reporte “Violencia política en México” (Etellekt, 21/07/2021).
Dada la gran cantidad de puestos de elección popular a disputarse en 2024, es de suponer que el CO incremente sus presiones a todos los aspirantes y partidos, para que quede claro qué prebendas quieren y cómo las quieren.
No sé usted, pero yo veo el panorama muy negro. Sé que no nos puede compartir las medidas preventivas y disuasivas que estarían tomando la Secretaría a su cargo, la SEDENA y los gobiernos estatales.
Solo espero que sí las estén tomando, porque con eso de que la 4T todo se le hace fácil y le encanta improvisar…
OTRO APOYO PARA GUERRERO…
En solidaridad con la población de Acapulco, está a la disposición el “izzi spot” que opera en Parque Papagayo, en la zona turística, para que CUALQUIER PERSONA, sea o no cliente de izzi, se pueda conectar gratuitamente a internet, con cualquier dispositivo.
Los técnicos de izzi siguen trabajando duro para reestablecer el servicio en su totalidad. Les recuerdo que noviembre y diciembre no habrá cargos para los suscriptores de izzi, sean residenciales o de negocios.
