Consejo de la Judicatura Federal completo, pero ¿a qué costo?
Alejandra Quezada
En los próximos días se discutirá en el Senado la terna presentada por el Ejecutivo para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la renuncia de Arturo Zaldívar. Ante el marcado perfil partidista de las candidatas propuestas, la próxima designación plantea de nueva cuenta el tema de la idoneidad de los perfiles para este tipo de responsabilidades.
El pasado 19 de septiembre, el Senado designó a Celia Maya García como consejera de la Judicatura federal. ¿La buena noticia? Por fin el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está completo, tras dos años de una especie de parálisis provocada por el Senado. ¿Cuál es la mala? Una vez más comprobamos que los procesos de designaciones judiciales no garantizan que se nombren a las personas idóneas.
Un proceso con candados insuficientes
En 2021 se abrió una vacante en el CJF (la segunda, en realidad), al ser designada Loretta Ortiz ministra de la Suprema Corte. El Senado de la República emitió la convocatoria el 30 de noviembre de ese año. En efecto, tuvieron que pasar casi dos años antes de que se realizara la designación.
La demora del Senado para cumplir con su obligación de realizar los nombramientos de consejeros de la Judicatura federal es una actitud reiterada. En 2014 el CJF llegó al grado de no poder sesionar, por falta de quorum, y pidió de manera formal al Senado llevar a cabo el proceso para ocupar las dos vacantes existentes (una estaba abierta desde 2012).
Después de tanto tiempo la integración del CJF está completa, sí, pero ¿a qué costo?. El Senado realizó un proceso al vapor: en menos de 15 días realizó prácticamente todas las etapas (salvo la votación) y calificó como elegibles a todas las personas aspirantes, sin realizar un análisis de idoneidad. Con todo, la designación tardó dos años en culminar por falta de acuerdo político, hasta que se desbloqueó sin explicación alguna.
Lo anterior no es trivial. Existen estándares internacionales referentes para esta clase de proceso y el perfil que se deben observar en las designaciones judiciales. La norma en nuestro país no contiene estos estándares; mucho menos se aplican en los hechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que la transparencia y participación ciudadana en los procesos de selección son fundamentales porque reducen la discrecionalidad en las designaciones, así como la posibilidad de injerencia por parte de otros poderes, y favorecen la designación con base en méritos y capacidades. Pues bien, el proceso a partir del cual resultó designada Celia Maya García no fue transparente ni participativo, y es cuestionable que se basara en criterios de mérito.
Si bien se publicaron los perfiles de las y los aspirantes, las comparecencias no fueron públicas ni se trasmitieron en línea, contrario a lo establecido en la metodología que emitió el propio Senado para estas entrevistas. Además, se habilitaron tres mecanismos de participación ciudadana, pero todo indica que dos fueron diseñados para simular y que en realidad no existió participación ciudadana como tal, porque la ventana que se abrió para enviar preguntas a las y los candidatos y emitir eventuales opiniones sobre los mismos fue de un viernes al siguiente lunes a las 9:00 am.
Por otra parte, los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura prevén que las personas designadas deben ser íntegras e idóneas, al tiempo que acreditan la formación o calificaciones apropiadas para el puesto. Sin embargo, el proceso se distinguió por la falta de rigor al valorar el perfil de las personas aspirantes. El Senado se limitó a valorar una lista de seis documentos, y el mismo día en que se realizaron las comparecencias se avaló que todas eran elegibles, sin analizar su integridad o idoneidad.
Como publicamos en 2022, algunos aspirantes habían sido señalados por conductas que bien podrían poner en duda su idoneidad. De hecho, aunque no es pública la comparecencia de la persona finalmente designada, es de conocimiento público que fue una de las candidatas a ministra de la Suprema Corte, y en su comparecencia de 2019 se pudo observar que, en materia de derechos humanos, tiene criterios menos garantistas que los que ha fijado la propia Corte, lo cual de por sí es preocupante para alguien que asume una posición de toma de decisiones en el órgano de gobierno judicial.
Por otra parte, la independencia de las personas que aspiran a uno de estos cargos puede impulsarse, en cierta medida, a partir de algunos candados. Por ejemplo: no pertenecer a un partido político, no haber sido candidato en una contienda electoral, o no haber ocupado un cargo de elección popular durante cierto tiempo. Celia Maya García fue postulada en dos ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante como ministra en la Suprema Corte, y en otro par de veces fue postulada por Morena para la candidatura del gobierno de Querétaro.
Estos vínculos preocupan no sólo a las fuerzas parlamentarias de oposición, sino también dentro de Morena, pues así lo expresó el senador Alejandro Rojas en la sesión donde se debatió la propuesta de nombramiento de Celia Maya.
Por principio, que el presidente de la República o su partido político impulse una designación siembra serias dudas de que el desempeño de la persona designada se realice con independencia, es decir, que en sus decisiones no influyan los vínculos políticos y partidistas.
La independencia de las y los consejeros de la Judicatura no es un lujo; es una garantía de que las decisiones de administración, vigilancia y disciplina se tomarán en apego a las normas, y con una prioridad clara: una justicia eficiente y de calidad.
Un proceso deficiente
Una consejera con tal cercanía política y esos vínculos partidistas bien podría tomar medidas (por su parte o en conjunto con otros de sus pares afines a la mayoría partidista) en contra de juzgadores que emitan resoluciones contrarias a las políticas del presidente de la República. Es de conocimiento público que el presidente ha señalado en público y acusado a juzgadores y ministros (incluso poniendo en riesgo su integridad) por tomar decisiones que no son de su agrado, o que van en contra de sus proyectos.
Por lo menos desde 2022, es recurrente que el presidente acuse y exhiba fotos de las y los juzgadores por, supuestamente, liberar a presuntos delincuentes, pasando por alto la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, tanto de las personas que presuntamente cometieron delitos como de las y los juzgadores. De paso, ha atentado contra la libertad de criterio que se le debe garantizar a todas las personas juzgadoras para que emitan sus sentencias.
Si bien resulta positivo que el Senado decidiera no demorar más el proceso para cubrir la vacante, nos preocupa que la manera en que se realizó no asegura la idoneidad de la persona designada, y peor aún, pone en riesgo las garantías de independencia de las personas juzgadoras, que ahora podrían temer de ataques desde el interior de su propio Consejo de la Judicatura.
Por ello es necesario que la normatividad se fortalezca e integre los estándares internacionales que garantizan criterios de independencia, objetividad, mérito, transparencia y participación ciudadana en los procesos de designación y los perfiles seleccionados.
