El triunfo y los traidores de la UAS
Álvaro Aragón Ayala
El triunfo jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa que logró la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Educación Superior del Estado que violan la autonomía universitaria quebró temporalmente la conspiración legislativa armada por el gobernador Rubén Rocha Moya para intentar secuestrar a la Casa Rosalina, obligándolo a rediseñar su campaña de ataques y los juicios penales fabricados contra los funcionarios de la institución.
Los artífices de la “Ley Rocha” -como se le conoce a la Ley de Educación Superior-, fueron exhibidos como perversos por diseñar y aprobar una ley violatoria a la Constitución en su artículo 3° Fracción VII. Aun así, para pretender salvarse del ridículo político-legislativo, los diputados de Morena recurren al viejo sonsonete de acusar de “cómplice” de la UAS al Juez de Distrito que declaró la inconstitucionalidad de la ley.
Pese al revés, Rubén Rocha no cejará en su intentona por secuestrar a la Casa Rosalina dado que es su obsesión y su proyecto terminal. Si falló en una primera instancia al caer su Ley de Educación ofreció ya la lectura de que seguirá usando contra la UAS a los medios de comunicación a los que paga millones de pesos de “publicidad” y que se han especializado en la difusión de difamaciones y calumnias.
También mandó la señal de que mantiene el control del Congreso Local, la Fiscalía General de Justicia, la UIPES, el SATES y el Tribunal de Justicia de Sinaloa para armar nuevas carpetas de investigación apoyadas en datos falsos validados por los jueces locales que reciben consignas y que incurren en violaciones a la buena administración de la justicia en el armado de los juicios y el invento de delitos contra los funcionarios universitarios.
En plena quema política-legislativa provocada por la declaración de inconstitucionalidad de la “Ley Rocha”, universitarios, unos jubilados y otros en activo, que desempeñan funciones de diputados locales aparecen como traidores a la UAS, pues participaron en la elaboración y en la aprobación de una ley que atenta contra el principio de autonomía de la institución, motivo por el cual los activos podrían ser expulsados de la Casa Rosalina por el Consejo Universitario.
Hundidos por la resolución de inconstitucionalidad, desde el gobierno del Estado y el Congreso Local se moviliza una campaña periodística para rescatar la imagen de algunos diputados y funcionarios del gabinete rochista involucrados en la construcción de la fallida Ley de Educación Superior del Estado rechazada desde su promulgación por la UAS y también consideraba inconstitucional por la ANUIES, la CONTU, la UNAM y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Resulta sorprendente como se intenta hacer recaer informativamente toda la responsabilidad del bodrio legislativo en Manuel Luque Rojas, el mensajero de la muerte, y en la secretaria de Educación Pública, Graciela Domínguez Nava, cuando aparte de ellos figuran el secretario general de gobierno Enrique Inzunza Cázarez, y los diputados Feliciano Castro Meléndrez, Ambrocio Chávez, Sergio Mario Arredondo Salas, Juana Minerva Vázquez, Pedro Lobo, Ricardo Madrid, etcétera.
Cuando fue interrogado sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley, Rubén Rocha Moya contestó: “…ya se había dado la suspensión de la aplicación de la ley, pero, finalmente, será el Congreso el que sabrá qué hacer porque es susceptible de revisión, pero eso es el Congreso, yo no, aunque yo publico la ley, yo no tengo continuidad en ese asunto. Que lo resuelva como debe resolver el Poder Judicial de la Federación”.
La lectura captada por los universitarios fue que el gobernador ya esperaba la resolución del juez federal a favor de la UAS razón por la que desplegó una intensa cacería invirtiendo millones de pesos a los medios de comunicación para que criminalizaran e inventaran delitos contra los funcionarios universitarios y para que validaran la aberrante actuación de la Fiscalía y los jueces locales.
Contra la UAS, el gobernador le apuesta todo a los jueces del Tribunal de Justicia de Sinaloa. Ya se le cayó la “Ley Rocha”, pero le quedan los juicios penales contra los cuales también hay resoluciones de los magistrados de los tribunales federales a favor de los funcionarios universitarios ya que consideran fuera del marco legal-constitucional los procesos y la destitución del cargo al Rector Jesús Madueña Molina.
