Los servicios de Zaldívar y el entierro de la contrarreforma eléctrica

Carlos Matute González

Las dotes de buen argumentador las mostró nuevamente el ministro en retiro Zaldívar, cuando en la conferencia de prensa contestó a la pregunta de sus razones para no renunciar a su pensión vitalicia, cuyo monto es superior al salario del presidente, y alegó que el artículo 127 constitucional, que establece el tope no le es aplicable a él porque se reformó después de su nombramiento y, en todo caso, no va en contra de la austeridad republicana que significa “no se haga mal uso de los recursos públicos, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos” y su pensión no es un privilegio, ni un lujo.

La congruencia no es una cualidad de Zaldívar y esto ha quedado de manifiesto los últimos meses con su oportunismo político y su campaña en contra el Poder Judicial de la Federación y, en específico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que presidió y comprometió en su independencia con votos que contenían una torcida interpretación de la Constitución para favorecer al presidente y a su partido Morena, donde hoy milita en busca de un hueso. ¿No que ya se había declarado la constitucionalidad de la contrarreforma eléctrica con la desestimación de la acción de inconstitucionalidad en su contra?

El miércoles de esta semana sucedió lo esperable. La reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021 fue revisada por la vía del amparo en revisión por la Segunda Sala de la SCJN y fue declarada inconstitucional con lo que los quejosos serán restituidos en sus derechos y podrán ofrecer electricidad en igualdad de condiciones a la CFE bajo el criterio de la energía más barata es la que tiene preferencia en el despacho en las redes de transmisión.

El 9 de abril del 2021 escribí, en mi artículo semanal en La Crónica de Hoy, que el resultado de la acción de inconstitucionalidad 64/2021, en el que no se obtuvo la mayoría calificada para abrogar la LIE, era una victoria pírrica del presidente y de su aliado Zaldívar con un alto costo para la justicia mexicana, que tuvo que esperar casi tres años a que se resolviera el amparo en revisión atraído por la SCJN.

En esa fecha, la presidencia de la República informó en una nota, en cuya redacción participó la hoy ministra Lenia Batres, que con la desestimación de la acción de inconstitucionalidad la SCJN se había pronunciado por la constitucionalidad de la LIE. Esta afirmación falsa se complementaba con una ¿instrucción? a Zaldívar, para que éste, como presidente, dictara un acuerdo que declarara constitucional la LIE y permitiera a la CFE tener un despacho prioritario en el acceso a las redes eléctricas.

El discurso triunfalista del presidente y la sumisión de Zaldívar, dije, no podrían evitar que eventualmente la SCJN resolviera en definitiva sobre la inconstitucionalidad de la LIE por la vía de la revisión de uno de los más de 4 mil amparos presentados en su contra por dos premisas fundamentales: los jueces y magistrados son independientes y no obedecen instrucciones del presidente de la SCJN y éste sería minoría al momento de resolver el fondo. Todo esto hacía previsible que la LIE se declarara la inconstitucionalidad, tal y como sucedió esta semana.

En 2021, el gobierno sólo ganó tiempo y la minoría en la Corte, Zaldívar fue sustituido por la ministra del Pueblo sin cambiar la correlación de fuerzas, no iba a ser suficiente para evitar que se declarará inconstitucional la contrarreforma energética. El golpe político fue en dos momentos. Hace dos años escondieron el fracaso jurídico, pero ahora, sí hay que enterrar la LIE. La algarabía gubernamental fue un sueño vano y una de sus porristas fue ministra Batres.

Los servicios de Zaldívar fueron un juego de pirotecnia que no pudieron minar la razón de ser del Poder Judicial, que se recuerda con una placa en todos los juzgados y tribunales federales, “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”. En este sentido, el juicio de amparo protege a las personas del abuso del poder y la violación de los derechos humanos, y la Corte es la última instancia en esta defensa. No forma de combatir la sentencia emitida por ningún medio.

Ahora bien, cuando el poderoso se incomoda por un amparo se muestra que el juez cumple con su deber y preocupa cuando un senador considera que una sentencia de amparo viola la división de poderes o cuando una ministra se convierte en la vocera del poderoso dentro de la Corte. Los servicios de Zaldívar fueron infructuosos y solo le sirvieron para congraciarse con la mayoría política, en contraste, hoy las ministras y ministros, en su mayoría, honran su independencia y su obligación de defendernos de la arbitrariedad. Vale.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales