Doscientos años de organización federal
Elisur Arteaga Nava
El 31 de enero de 1824 México inició su vida constitucional; lo hizo con lo que se conoce en nuestra historia como el Acta Constitutiva de la Federación. Esto fue hace 200 años exactamente. Ese es un buen motivo para escribir algo sobre nuestra historia.
El autor del texto original del Acta fue don Miguel Ramos Arizpe, que fungía como presidente de la Comisión de Constitución; él junto con Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, José Miguel Gordoa y otros fueron los responsables de defender el federalismo, como forma de organización y el texto de Acta, que lo preveía.
Ciertamente durante las sesiones que celebró lo que se conoce como Constituyente de 1824 se llegó a plantear la posibilidad de que nuestro país siguiera teniendo como forma de organización política, en cuanto al territorio, la centralista. Quienes sostuvieron ese punto de vista fueron, entre otros, fray Servando Teresa de Mier y Rafael Mangino, el que coronó a Agustín de Iturbide. Fueron derrotados.
Como lo he afirmado en otra colaboración, el sistema federal, como forma de gobierno, no estaba a discusión. Tampoco lo estaba el que debería ser una república. El voto del Congreso de 12 de junio de 1823, por virtud del cual se reunió ese Constituyente, así lo disponía. En ese sentido, el legislador de 1824 no fue soberano.
El Acta Constitutiva fue promulgada por José Mariano Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero. Posteriormente, el 4 de octubre de 1824, se expidió la Constitución.
Hay una explicación para el hecho de que, en un mismo año, el de 1824 y un mismo Constituyente, haya discutido y aprobado dos textos fundamentales: el Acta Constitutiva de 31 de enero y la Constitución de octubre de 1824: México, como país, se estaba desmembrando: los países que actualmente se conocen como centroamericanos se habían separado de la nación mexicana. Lo mismo había hecho lo que actualmente es el estado de Chiapas. Existía el riesgo permanente de que la península de Yucatán se constituyera en un país independiente.
Para impedir el desmembramiento del territorio nacional y que se restaurara el imperio, se emitió el voto del Congreso de 12 de junio de 1823, que garantizaba la adopción de un sistema republicano y federal. Eso mismo orilló al Constituyente de 1824 a emitir un documento provisional que garantizara como formas de organización política la republicana y federal; éste fue lo que se conoce como el Acta Constitutiva.
En la enumeración que se hace en el Acta Constitutiva de los estados integrantes de la federación mexicana, no se menciona el de Chiapas. En cambio, ya aparece en el texto de la Constitución de 4 de octubre de 1824. Por una paradoja: la integridad del territorio nacional se logró a base de fraccionarlo a través de la adopción del sistema federal.
La Constitución federal de 1824, en poco tiempo, logró la aceptación de gran parte de los mexicanos. Se opusieron a ella los conservadores, que eran centralistas; Lucas Alamán, su ideólogo, que veía peligrar la integridad del territorio nacional y Antonio López de Santa Anna, que no encontró en la organización política que ella preveía un lugar para sus ambiciones y excesos.
La Constitución de 1824 ha sido criticada por no contener una declaración sistemática de derechos humanos. Ello es cierto. Tampoco la tuvo el texto original de la Constitución de los Estados Unidos de América, que le sirvió de modelo. Los autores de ambas Constituciones no podían preverlo todo.
De la misma manera, los constituyentes de 1824 fueron y siguen siendo criticados por le hecho de haber dispuesto que sería presidente de la República el candidato que obtuviera el mayor número de votos y vicepresidente, su adversario, el que había obtenido el segundo lugar (artículos 84 y 85). Obvio, los presidentes que estuvieron en ejercicio durante el tiempo que estuvo en vigor esa Constitución, tuvieron serios problemas con su vicepresidente.
También fue censurada por disponer que ciertas materias serían intangibles, es decir que no se podían reformar:
“171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad y la independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la federación y los estados.”
Como lo reconoce expresamente don Lucas Alamán, en los primeros años de nuestra vida independiente nadie tenía experiencia en el manejo de los negocios públicos. Esto fue general; es un juicio que comprende a todos: presidentes de la República, senadores, diputados y gobernadores de los estados. Todos ellos, sobre la marcha, fueron aprendiendo el oficio. Don Vicente Guerrero, un insurgente que nunca se rindió, era un ignorante que apenas sabía leer y escribir. Don Miguel Ramos Arizpe y fray Servando Teresa de Mier, ambos religiosos, aunque con instrucción, como religiosos que eran y con oficio como legisladores, carecían de experiencia gubernativa. El tiempo puso de manifiesto que no es lo mismo legislar que gobernar.
A la falta de experiencia se sumaron dos factores adversos: la injerencia en los asuntos públicos de Joel R. Poinsett, embajador de los Estados Unidos de América; y el otro: Antonio López de Santa Anna. El primero fue un factor de intervención y de división. El segundo de desorden y anarquía. Éste, López de Santa Anna, desde joven y hasta viejo, demostró una ambición desmedida y, con el tiempo, que era corrupto y corruptor. Pocos estuvieron a salvo de su acción o influencia.
Es santa, sin ser mujer;
Es rey, sin cetro real
y sultán, al parecer.
Que vive, debemos creer.
Parte en el sepulto está
y parte dándonos guerra.
¿Será esto de la tierra
o qué demonios será?
Decía el verso que le compusieron.
Ante el primer intento reformista, el encabezado por el liberal don Valentín Gómez Farías, los conservadores desconocieron la Constitución de 1824; recurrieron a López de Santa Anna para desplazar al presidente. Esto fue en 1834. La Constitución federal fue sustituida por una centralista, la que se conoce como la de las Siete Leyes. Nuestro primer intento constitucionalista duró escasos 10 años. No es nada, si se le compara con los sesenta años que duró la de 1857 y los más de 107 que tiene la actual.
Con información de Proceso
