Prohibir el glifosato en México, ¿una decisión prudente?
Luis Osorio Sagaseta
Desde el inicio de la propuesta del gobierno en turno y a poco más de un año del último decreto que señala que se revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato en México, la discusión en torno a la posible prohibición total del uso de este producto químico en México ha generado un debate intenso, polarizado y hasta preocupante.
A favor o en contra, es importante analizar cuidadosamente las implicaciones de una medida de esta magnitud en la cadena agroalimentaria y, por lo tanto, en la seguridad alimentaria del país.
No solo en México, el glifosato ha sido un herbicida importante en la protección de cultivos durante las últimas cuatro décadas. Su amplio uso se debe en parte a su eficacia y a las exhaustivas evaluaciones técnicas y de seguridad realizadas tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Dichos estudios, respaldados (de nuevo, no solo en México, también en varios países) por estudios globales, han demostrado la seguridad del glifosato cuando se utiliza correctamente.
Una prohibición total del glifosato, que en México se utiliza en diversos cultivos, como maíz, cítricos, sorgo, algodón, caña, café, aguacate, entre otros, podría tener graves repercusiones económicas y agrícolas para el país. Estas consecuencias se extenderían a lo largo de toda la cadena de suministro alimentaria, pero, sobre todo, impactando gran parte de los pequeños y medianos agricultores quienes representan el 90% del total de productores del país y generan aproximadamente la mitad de la producción nacional, un dato totalmente relevante.
Estudios publicados por la Cambridge University Press(1), nos advierten de las diversas amenazas en algunos cultivos estratégicos a nivel global, de entre los que es necesario destacar al maíz, el cual es base de la alimentación mexicana y presenta un alta susceptibilidad a las malezas, por lo que se advierte que de carecer de una protección este cultivo tendría pérdidas potenciales en alrededor de 40%.
Diversas instituciones, organismos, especialistas, entre otros, han destacado este tipo de cifras como motivo de reflexión y análisis exhaustivo antes de tomar cualquier decisión precipitada. Siendo fundamental considerar el impacto no solo en el sector agrícola, sino también en la economía en general y en el bienestar de la población.
En este sentido, resulta esencial considerar el contexto internacional ya que actualmente el glifosato cuenta con autorización de uso en más de 120 países, entre ellos los Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón, Brasil, Argentina, por mencionar algunos.
Para ello, estos países han realizado revisiones exhaustivas que han concluido que este herbicida en el uso agrícola no presenta característica alguna de daño para la salud o al medio ambiente. El ejemplo más reciente es el de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, quien después de un estudio de casi tres años concluyó la ausencia de riesgo en el uso de este herbicida, por lo que la Comunidad Europea aprobó su uso por 10 años más.
Es importante señalar que a más de tres años de distancia del primer decreto presidencial que establecía este periodo para la prohibición del glifosato, las diferentes instancias gubernamentales no han podido llevar a cabo las acciones conducentes para el establecimiento y generación de alternativas que permitieran mantener la producción agrícola.
También, es importante considerar que tampoco debemos de perder de vista que esta prohibición se sumaría a problemas que han colocado al campo mexicano en una situación muy delicada, como la grave sequía que golpea a nuestro país, la desaparición de programas de apoyo o la falta de mano de obra, por mencionar algunos.
Lo anterior nos obliga a analizar detenidamente esta decisión a la luz de las condiciones actuales, la prohibición del glifosato en México debe tomarse con precaución y basarse en una evaluación exhaustiva de los riesgos y beneficios. Autoridades, expertos, iniciativa privada y hasta la comunidad en general deben colaborar para obtener soluciones en beneficio con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica del país.
Con información de Expansión
