Rolexgate: estabilidad por encima de la ley

María Lourdes Pallais

Primera versión: los relojes y joyas son artículos de antaño y fruto de un esfuerzo laboral con ahorros. Segunda versión: fueron regalo de un fan. Tercera: son préstamos ya devueltos.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado esos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi wayqui, mi hermano —quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país— me los prestara”, es la más reciente explicación de la todavía presidenta del Perú, Dina Boluarte, del pasado 5 de abril ante la Fiscalía, sostenida en su alto cargo por el Congreso y grupos de apoyo que aseguran su vacancia sólo serviría para restarle institucionalidad al país andino.

Ésas fueron sus palabras ante el fiscal Juan Carlos Villena, quien inició la diligencia de toma de declaraciones a Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes Rolex, pulseras, joyas y otros objectos de valor, incluyendo presuntas irregularidades financieras, como la compra de un vehículo al contado.

A estas alturas una presidenta débil, por decirlo de manera suave, Boluarte está entrampada en una turbulencia política tras un aparente delito flagrante de enriquecimiento ilícito, según el código penal, provocado por el ahora conocido como el “Rolexgate”, que involucra su uso de relojes y accesorios de lujo sin empacho alguno que podrían haber causado un desequilibrio patrimonial que no fueron registrados en su declaración de bienes porque, dice ahora, no le eran propios.

Sus galimatías —que si los Rolex se los regaló Oscorima, gobernador de Ayacucho, para el día de su cumpleaños, o si sólo fueron “un préstamo”, versión que para muchos resulta inverosímil; que si se burla de los peruanos con declaraciones que subestiman a la ciudadanía; que si sus disculpas se las creen poco— no son suficientes para vacarla.

Hay más.

En una entrevista con Canal N, un importante medio local, Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio, indicó que estos hallazgos dirigieron a la jefa de Estado a una investigación por delito de lavado de activos: Boluarte “es investigada por el delito de lavado de activos y la misma Unidad de Inteligencia Financiera en su informe señala que toda la información, todos estos movimientos, muestran indicios de lavado de activos”.

Según las pruebas del medio, existen diferencias entre los ingresos conocidos de la mandataria, derivados a su salario como funcionaria pública y la cantidad de dinero que maneja en sus cuentas. Además, se detalla que cuando trabajó en el Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec), habría manejado 18 cuentas bancarias en total y realizó, presuntamente, retiros millonarios sin justificación aparente.

En esta investigación se destaca la compra de un vehículo por 26,000 dólares en efectivo, cuando el salario de la presidenta no justificaba aquel gasto en ese año. “Cuando (Boluarte) compra el carro en el 2008, lleva la plata al contado, en un paquete. Señala que el dinero proviene de sus ahorros y algunos préstamos”, indica Villasís.

Todo esto mientras el país se hunde en un franco proceso de degradación política y social, aunque a pesar de ello la presidenta se va a mantener en la fragilidad de su silla hasta 2026, según varios analistas.

“No quiero inestabilidad. No pido impunidad para (Boluarte). Sé que tiene muchas limitaciones, pero tiene la voluntad (de enmendarse)”, en opinión de Diego Bazán, congresista de Avanza País al frente de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, cuya opinión refleja la de la mayoría de sus pares en el Poder Legislativo.

Hay mucho temor de que el Perú pierda aún más sus limitados estribos democráticos. El pasado 5 de abril, un grupo que respalda su investidura presidencial le pidió a Boluarte evitar que salve al país de convertirse en una nueva Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Y es que las posibles repercusiones de la vacancia presidencial —puesto que sí parece estar claro que cometió un delito flagrante de enriquecimiento ilícito según el código 401 del código penal, aunque hayan sido préstamos en el caso de los Rolex—, “dañarían las inversiones”, especialmente considerando que el Perú sería el anfitrión de la reunión de la APEC en noviembre próximo.

Pero todo indica que ni Boluarte ni el Congreso tienen ninguna intención de provocar una vacancia, aunque ambos carecen de un abrumador apoyo popular, sino todo lo contrario. Y hasta hoy al menos, no se ha registrado movilización ciudadana alguna.

En ese sentido, el ministro de Economía, José Arista, por ejemplo, condenó el allanamiento a la casa de la presidenta como “un exceso” que pone en riesgo la estabilidad del país andino y reduce sus posibilidades de convertirse en el centro de grandes inversiones. “Es necesario que se respete el debido proceso”, expresó el funcionario en su cuenta de X.

El sector agrario también se manifestó en contra de todo lo que ponga en riesgo la investidura presidencial de una jefa de Estado que se precia de surgir del llamado “Perú profundo”, quien fuera compañera de fórmula del ahora encarcelado Pedro Castillo. “Apostamos por la gobernabilidad y la democracia, que permiten continuar con el destrabe de proyectos emblemáticos, en beneficio de nuestros hermanos agricultores”, escribió en redes sociales.

Las cosas no son así de claras para todos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha defendido lo que él llama “la presidencia legítima” de Pedro Castillo, pero condena a Boluarte porque, alega, su presidencia no lo es. Todo esto al margen del Rolexgate sobre el que AMLO, hasta ahora, no ha emitido opinión.

En tanto, el congresista independiente y científico peruano Edward Trujillo Málaga, dice a Proceso que la jefa de Estado ha dejado crecer el escándalo del Caso Rolex a la altura de una crisis con “histeria colectiva”. La Fiscalía determinará si hay delito, pero, en su opinión, existen “conductas cuestionables y poco transparentes, no dignas de la jefa de Estado de un país con mucha gente pobre que vive una democracia inestable”.

Boluarte no ha sido transparente y todos “hemos perdido los papeles”, agrega Trujillo Málaga.

“Yo no tengo claro a quién creerle. Más bien, tengo la sensación de que el país ha perdido los papeles por un reloj de 10,000 dólares”, opina Málaga Trujillo, cuyo argumento de fondo es que el contenido del caso se ha desbordado al punto que se pregunta de manera retórica “¿quién va a fiscalizar la ropa interior de la presidenta?”

“Está clarísimo que (Boluarte) ha tenido una conducta desubicada y ha cometido enormes errores políticos, pero para (juzgarlos) hay cauces institucionales”, alega el legislador.

“El tema es un circo. Es primera vez que me fijo en la muñeca de una presidenta. Me indigna la irresponsabilidad de la señora Boluarte al haber aceptado esos relojes y joyas aduciendo que debe representar adecuadamente al Perú en actividades oficiales. Denota una percepción equivocada del concepto de la esencia de la investidura presidencial”, concluye tajante Pareja en declaraciones a este medio.

Con información de Proceso