Elecciones 2024: violencia y presidencialismo
José Gil Olmos
Dos elementos graves marcaron de manera indeleble la elección de 2024: la violencia generada por el crimen organizado que cada vez avanza más con pasos fuertes en la política y el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador que suplantó el ejercicio ciudadano por su propia voluntad desde que se eligieron a las candidatas y el candidato, llamándoles “corcholatas”, pasando por las campañas hasta el día de la votación.
Lo que debió ser un ejercicio democrático ejemplar quedó manchado por estos dos elementos patógenos a un ejercicio ciudadano que tienen el mismo origen: la procrastinación que emana desde Palacio Nacional para combatir al crimen organizado y los excesos de poder de López Obrador sentado en la silla presidencial.
La victoria de su heredera política, Claudia Sheinbaum, deja un mal olor y sabor por la cantidad de muertos, secuestrados y amenazados en el curso de la larga campaña que eufemísticamente comenzó con una precampaña de varios meses con un gasto multimillonario de pesos.
También deja una desazón y una inconformidad ante la impunidad con la que actuó el presidente violando las leyes e instituciones al promocionar electoralmente a su partido y a su candidata desde Palacio Nacional.
A partir de estos hechos, el sabor de la victoria no es dulce, sino amargo como la hiel.
No hay manera de celebrar un triunfo cuando está manchado de sangre. El número de asesinatos políticos registrado por agrupaciones y firmas independientes varían: 31 homicidios, según Data Cívica; 34, de acuerdo con la Consultora Integralia, y 38 que reporta la consultora DataInt en un informe publicado el 21 de mayo último. Tales cifras chocan frontalmente con las oficiales de 22, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Número de víctimas que, de cualquier manera, es serio para cualquier proceso de elección.
Nadie en su sano juicio –eso sería mucho pedir al ver los festejos desde el partido en el poder– podría celebrar una victoria electoral que históricamente pasará como la violenta y sangrienta. La consultora Integralia cuenta 560 víctimas de violencia política desde septiembre de 2023, cuando arrancaron las campañas hasta el cierre de las mismas que concluyeron con la ejecución de Alfredo Cabrera, candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, y la suspensión de votaciones en Chicomuselo y Pantelhó, Chiapas. Ambos estados, junto con Michoacán, Morelos, Veracruz y Estado de México fueron los más violentos en la campaña.
Nunca antes se había registrado una cantidad tan enorme de candidatos y candidatas pidiendo protección: 553 que pidieron custodia de las autoridades federales ante el incremento de amenazas y el temor de ser víctimas de un atentado.
La narrativa oficial desplegada desde Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador no pudo cambiar esta realidad sangrienta y violenta que envolvió estas elecciones de principio a fin. Elecciones en las cuales ha sido el principal actor impulsando sin empacho y pisando las leyes a su candidata Claudia Sheinbaum.
Violentador de leyes e instituciones desde antes de que arrancara constitucionalmente las campañas en marzo último, ya tenía en febrero 330 denuncias por violar las leyes electorales de la cuales 37 estuvieron en etapa de sustanciación, 127 fueron remitidos a la Sala Regional Especializada del TEPJF, 105 resueltos y 61 desechados o sobreseídos.
Como ningún otro presidente, López Obrador ha violado las normas electorales para favorecer a los suyos. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), de 2018 al 8 de abril de 2024, recibió 187 quejas contra López Obrador; mientras, contra el priista Enrique Peña Nieto se registraron 24 denuncias y contra Felipe Calderón, sólo tres.
El Instituto Nacional Electoral emitió 30 medidas cautelares contra López Obrador por romper la equidad del proceso electoral al intervenir desde sus conferencias matutinas, entrevistas y un evento en las campañas promocionando sus programas sociales y criticando a la oposición.
Sin embargo, el poder presidencial se impuso quebrando la neutralidad e imparcialidad con la que el jefe del Ejecutivo tendría que haber actuado.
Por cierto… Hay señales de que López Obrador no se va a su finca La Chingada una vez que termine su administración. En su camino está Cuba, la isla a la que iba a viajar con su primera esposa, Rocío Beltrán, cuando en 1988 decidió abandonar el PRI para sumarse a la corriente de Cuauhtémoc Cárdenas.
Con información de Proceso
