Misión de la OEA condena violencia política en México y alerta sobre reformas electorales
Rafael Croda
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que asistió a los comicios generales del 2 de junio en México lamentó y condenó “enérgicamente” los actos de violencia ocurridos durante las campañas políticas y el día de la elección y alertó sobre eventuales reformas al sistema de votación.
En un informe preliminar sobre los comicios mexicanos, la Misión señaló que en la etapa previa a los comicios hubo intentos de reformar diversas leyes electorales y alertó que “cualquier propuesta de reforma debe siempre tener como objetivo el fortalecimiento de los órganos electorales, tanto en su autonomía como en su especialización, y nunca coartar su independencia o capacidad técnica”.
Lo contrario, “redundaría en un retroceso para la democracia mexicana”, indicó el reporte de la Misión de la OEA, que estuvo encabezada por el excanciller de Chile, el socialista Heraldo Muñoz, y de la cual formaron parte 97 personas de 24 nacionalidades cuyo objetivo fue observar el proceso electoral en las 32 entidades del país.
Sin referirse al “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye reformas legales al Instituto Nacional Electoral (INE), la Misión expresó “la importancia de resguardar siempre la independencia, autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales, algo de lo que el sistema político y la sociedad mexicana se beneficiarían en su conjunto”.
Consideró, además, que el sistema electoral mexicano “no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el ejercicio pleno del sufragio y elecciones íntegras”.
Los observadores de la OEA se reunieron con diversos actores políticos y sociales que manifestaron que los recortes presupuestales que se hicieron al INE y a los Órganos Públicos Locales exigieron adecuaciones en su trabajo para llevar adelante sus funciones.
También expresaron también su preocupación por el alto número de renuncias de personal en el organismo y por la falta de nombramientos de titulares de dependencias al interior del INE ya que, de 16 direcciones, coordinaciones y unidades que dependen de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia del Consejo General, 9 no están encabezadas por titulares.
La misión recomendó fortalecer la autonomía del INE “a través de disposiciones que le garanticen un presupuesto suficiente y la recepción oportuna de los fondos”.
De acuerdo con el informe, las autoridades electorales informaron que entre el 7 de setiembre de 2023 y el 30 de mayo de 2024, el INE recibió 163 quejas por violación al artículo 134 constitucional (sobre el uso transparente e imparcial del presupuesto estatal) y 8 quejas por el uso de recursos públicos.
De este número, subrayó la Misión, se presentaron 52 quejas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador que dieron origen a 31 procedimientos, 12 de los cuales se derivaron a la Sala Regional Especializada y 19 se encuentran en trámite. Además, se presentaron 40 solicitudes de medidas cautelares contra el mandatario.
Con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa constitucional por parte de los funcionarios públicos sobre el uso imparcial de los recursos que están bajo su responsabilidad, a fin de no influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, la Misión recomendó sancionar a los infractores.
Por ello, propuso establecer “un catálogo gradual de sanciones en el sistema de justicia electoral para que aquellos servidores públicos que cometan infracciones durante un proceso de elección de autoridades puedan ser sancionados por las autoridades electorales”.
Las quejas más recurrentes en las reuniones sostenidas por la Misión fueron las relacionadas con las declaraciones de López Obrador a través de sus conferencias matutinas conocida como “las mañaneras”.
Violencia electoral
En su informe de 45 páginas, la misión de la OEA manifestó su preocupación por la violencia política ocurrida durante las campañas con el fin de afectar la libre y transparente realización del proceso electoral e influir en sus resultados, lo cual ocurrió en el contexto más amplio de violencia política y criminal que experimenta México desde hace años.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el proceso electoral ocurrieron 23 asesinatos, de los cuales nueve fueron en contra de candidaturas registradas, cuatro de precandidaturas y 10 de personas aspirantes, aunque la Misión advirtió que estas cifras están muy por debajo de las reportadas por grupos de la sociedad civil (entre 33 y 36 homicidios).
Los observadores señalaron que durante el cierre de las campañas electorales, la noche previa a los comicios y el día de la elección, la Misión conoció de cuatro asesinatos más en contra de candidatos.
El candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera, fue asesinado el 29 de mayo, y dos días después ocurrió el homicidio del candidato a regidor en Izúcar de Matamoros, Puebla, Jorge Huerta.
La noche previa a la elección fue asesinado en Cuitzeo, Michoacán, el candidato a síndico Israel Delgado Vega, y la noche de los comicios fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia municipal de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, Yonis Atenógenes Baños Bustos.
Pero el listado de víctimas y las estadísticas “no logran captar uno de los efectos más perniciosos de la violencia electoral: el desistimiento de la participación, tanto por el retiro de candidaturas en respuesta a las amenazas violentas, como por la decisión de no sufragar o asistir a eventos políticos por temor”, indicó el informe.
Con información de Proceso
