Sinaloa: los cambios gatopardos, la militarización de Culiacán y los “guaruras” de los funcionarios

Álvaro Aragón Ayala

Los cambios en la estructura humana del gobierno estatal son gatopardos o gatopardianos. O lo que es lo mismo, todo seguirá igual o peor en las secretarías y subsecretarías de gobierno. Las “renovaciones” no generaron ningún optimismo en la sociedad y sí levantaron las voces de la clase política que, para no quedar fuera de la jugada, rayando en la lambisconería aplaudió los relevos, los enroques y la llegada de nuevos funcionarios públicos.

Hay que precisar que el “gatopardismo” o lo “lampedusiano” es, en ciencias políticas, el “cambiar todo para que nada cambie”, paradoja expuesta por el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La cita original expresa la siguiente contradicción aparente: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. No hay entonces nada que festejar.

Primero se empotró a Joaquín Landeros en la Secretaría de Administración y Finanzas y nada grandioso pasó. Se colocó a Ana Chiquete en la Secretaría de las Mujeres y provocó el rechazo de los colectivos feministas. En la SEPyC se le tomó protesta a Catalina Esparza, a sabiendas que quienes mandan ahí se enlazan con el Tercer Piso. En la Secretaría de Obras se sentó a Raúl Montero que ni fu ni fa.

Luego vino Ismael Bello Esquivel, que operaba el SATES, a ocupar el lugar de Jaime Montes Salas en la Secretaría de Agricultura y Ganadería ¿Y que pasó? Tampoco nada. Los líderes del sector agrario y campesino “respaldaron” el nombramiento de Bello, que en realidad está muy feo, y se olvidaron momentáneamente que el gobierno de la Cuarta Transformación les quitó 24 programas y los zambutió en la bancarrota.

A Jaime Montes lo mandaron a una especie de exilio, a la secretaría general del COBAES, sin contar con liderazgo, sin ningún mérito académico, sin capacidad analítica, ni razonamiento lógico-matemático, ni gusto por las relaciones interpersonales, ni capacidad para tomar decisiones, ni trabajo en equipo, ni manejo de códigos de comunicación verbal y escrita. Lo enviaron lejos de la toma de decisiones, allá a un rincón de Los Mochis, donde no lo vea el director general Santiago Inzunza ni su hermano Enrique.

Sí, se registraron más cambios: dependencias que requerían de personajes de alto calado político y administrativo fueron ocupadas por funcionarios “minimosca” o peso pluma, de muy bajo nivel curricular y sin ninguna trayectoria política ni en el área de la administración gubernamental. Fueron movimientos, pues, gatopardos. En la práctica, sólo se tocó o “alteró” la parte superficial de las estructuras de poder, conservando intencionadamente el elemento esencial de la estructura rochista.

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Algo grave está pasando que no se le informa a la sociedad. Culiacán ha sido militarizado. Las fuerzas castrenses mantienen inundada la capital del estado generando un estado de incertidumbre y la sensación de que pudiera estar en puerta el estallamiento sucesos trágicos. En las calles, en las colonias, en sindicaturas y rancherías, el miedo se eleva a la máxima potencia por la presencia de los hombres de verde que patrullan nadie sabe qué.

Es Culiacán, que conste, el municipio que tiene la obligación de gobernar el “nene consentido” Juan de Dios Gámez Mendívil, donde se registra una creciente militarización de la seguridad pública, mandando la lectura de que el alcalde no da con bola o de plano ya perdió todo el control en materia de vigilancia y prevención de delitos. Es la verdad, para que andar con rodeos. Contra lo que se pregona, los militares no están llegando por obra de la divina providencia. Alguien pidió el apoyo federal.

Los estudiosos -académicos e investigadores – explican que la militarización es presentada por los gobiernos civiles como un mal necesario para devolver la seguridad a un municipio o a un estado o a alguna región específica del país. Sin embargo, su implementación e institucionalización no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz en México. Existe una vasta evidencia que demuestra cómo el uso de las Fuerzas Armadas es una estrategia de seguridad fallida.

Curiosamente, Juan de Dios Gámez actúa como si fuera ajeno a la militarización y no recibe ninguna crítica por la crisis de seguridad que viven las familias de Culiacán debido al temor que existe de los “analistas” y columnistas y de los medios de comunicación de que se les cancele sus contratos de publicidad. Si la presencia militar y el estallamiento de la violencia se registrara en otro municipio, apueste usted triple contra sencillo que los comunicadores por paga, los diputados del Congreso, los “líderes populares” y las dirigencias de los partidos ya estuvieran pidiendo su cese o renuncia, pero como se trata del “nene consentido”, nadie lo toca.

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Efectivamente, algo está pasando. La Unidad Administrativa del Gobierno del Estado (Palacio de Gobierno), sede del gabinete rochista es sobreprotegida por efectivos de la policía municipal, Policía Ministerial y agentes de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y por elementos del ejército mexicano. Cientos de ojos vigilan a quienes entran y a quienes salen de las oficinas de gobierno y en que llegan y en que se van y en que zonas se estacionan.

Es tan impresionante el dispositivo de seguridad que hasta los aliados del gobierno estatal que gustan escribir desde el mar, del malecón, lo notaron, y plasmaron en las páginas de NOROESTE, algo que incomodó a Adriana Ochoa del Toro, la vocera y cancerbera, dueña de los secretos del Palacio de Gobierno y de sus obscuras extensiones.

NOROESTE difundió: “Será por precaución. En el Palacio de Gobierno, este lunes que fue la conferencia de prensa del Gobernador Rubén Rocha Moya, destacó la presencia de elementos del Ejército Méxicano y de la Guardia Nacional en la entrada principal. Ahí estuvieron los soldados y agentes desde muy temprano haciendo gala de sus patrullas y armas”.

“También en la puerta del estacionamiento del Palacio de Gobierno se instalaron al menos cuatro trabajadores del Gobierno estatal que con un listado iban anotando a los vehículos que entraban al estacionamiento. Y por si no fuera la suficiente demostración de fuerza de seguridad, en la entrada del auditorio, en donde el Gobernador Rubén Rocha Moya presenta la Semanera, estuvieron dos agentes de la Policía Estatal que comúnmente no se encuentran en ese punto”.

“Puede ser que estas situaciones sean una gran coincidencia, pero resulta muy contrastante que se presenten estos actos y que el Gobernador Rubén Rocha Moya diga en conferencia de prensa que el estado está tranquilo. Pues cómo no se va a sentir tranquilo si hay funcionarios que lo protegen. Mientras él se encuentra amurallado y resguardado en sus ya pocas apariciones públicas, el pueblo sinaloense se encuentra a la expectativa de que ocurra otro Jueves Negro, pero ahora creado por una lucha de territorio entre cárteles(…) Si bien la política del Gobernador ha sido no alarmar, uno se alarma al ver semejante muestra de poder securitario destinado a resguardar el Palacio de Gobierno”.

Hay que precisarlo: la sobreprotección abarca el cuidado personalizado, el resguardo de los funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, de casi todos, y de sus familias. Decenas de agentes de las diferentes corporaciones han sido comisionados como choferes y escoltas de los hombres del gobierno, sus hijos y esposas, y en el resguardo de sus domicilios, despertando las suspicacias de la población que se pregunta qué está pasando. Ni en los gobiernos de Quirino Ordaz Coppel, Mario López Valdez, Jesús Aguilar Padilla, Juan Millán, Renato Vega Alvarado y Antonio Toledo Corro, tomó proporciones de alarma la habilitación de policías como “guaruras” para proteger a los funcionarios públicos y sus parientes.