El dinero y las elecciones judiciales
Georgina de la Fuente
En casi 30 años de reformas electorales, el dinero continúa siendo uno de los principales problemas de las elecciones en México. A lo largo de la historia reciente, diversos casos han permitido evidenciar la utilización de esquemas de financiamiento ilegal de campañas electorales, tanto a través del desvío de recursos públicos, como de fuentes privadas prohibidas o del crimen organizado.
Hace unos años conocimos el caso del fideicomiso creado supuestamente para beneficiar a víctimas de los sismos de 2017, pero que en realidad constituía un mecanismo de financiamiento ilegal de campañas de Morena. Qué decir de los emblemáticos casos de tarjetas Monex y Amigos de Fox, mediante los cuales se benefició a campañas del PRI y del PAN, respectivamente.
Como dicen por ahí, “amor con amor se paga”, y estos beneficios son retribuidos posteriormente en la forma de contratos; permisos o permisividad; o la promesa de instrumentar nuevos esquemas de desvío de recursos una vez en el cargo.
Diversas investigaciones han concluido que lo que el Instituto Nacional Electoral fiscaliza no corresponde a lo que en realidad se gasta en las campañas. Ugalde y Casar, por ejemplo, propusieron que por cada peso declarado por una candidatura a una gubernatura hay 15 pesos más que se mueven “por debajo de la mesa”. El propio Banco de México ha advertido que el uso de dinero en efectivo aumenta inexplicablemente en los años electorales.
El uso de dinero ilegal para financiar la política resulta sumamente problemático para la democracia, no sólo por los compromisos que genera sino porque impide la generación de contextos de equidad mínimos para una competencia electoral íntegra. Por ello sorprende que, por ingenuidad o por deshonestidad, la discusión sobre el financiamiento de las campañas en elecciones judiciales por venir haya sido omitido en la sede legislativa.
Conforme al dictamen aprobado, se puede estimar la disputa de casi 700 cargos del Poder Judicial de la Federación en 2025, lo que implicaría la participación de casi 4,300 candidaturas. Sin embargo, se prohíbe la utilización de financiamiento público y privado para la realización de las campañas, en negación absoluta de la realidad de los procesos electorales en el país. En todo caso, constituye una violación a nuestro derecho a la información, pero también crea las condiciones perfectas para la injerencia de grandes intereses y del crimen organizado sin salvaguarda alguna para garantizar una cancha pareja.
A propósito de la referencia a las elecciones judiciales en algunos estados de los Estados Unidos, resulta pertinente destacar que el dinero en dichos proceses constituye una fuente de preocupación respecto a la susceptibilidad de la justicia a la injerencia de grandes intereses. Conforme al monitoreo realizado por la organización Brennan Center for Justice, las elecciones a los altos tribunales locales atraen más dinero cuando la mayoría partidista o ideológica está en juego, o bien cuando los tribunales han emitido o están por emitir resoluciones controversiales o de alto perfil. Asimismo, destaca que el 45% del dinero gastado en elecciones judiciales entre 2021 y 2022 provino de diversos grupos externos de interés.
Si bien las condiciones para el financiamiento en sus fuentes y en sus límites difiere diametralmente en cada país, la experiencia norteamericana en la selección de personas juzgadoras a nivel local constituye un ejemplo de la manera en que los intereses económicos y políticos permean en la justicia cuando el dinero fluye sin limitaciones en elecciones judiciales.
Pero también tenemos experiencias en México sobre la realización de procesos electivos sin mecanismos efectivos de fiscalización. En 2023 observamos cómo nuestras ciudades y carreteras fueron tapizadas de proselitismo durante las precampañas adelantadas de las dos coaliciones, financiado por quién sabe quién.
Asimismo, en el proceso de revocación de mandato de 2022, fuimos testigos de la proliferación de anuncios en bardas, espectaculares y estaciones de transporte público con el hashtag #QueSigaAMLO, que fueron financiados, en parte, por una contratista del gobierno de la Ciudad de México. Resulta altamente peligroso que la impartición de justicia quede sujeta a intereses desconocidos a priori. La experiencia comparada es clara y los antecedentes están a la vista de cualquiera. Que nadie se llame a la sorpresa.
Con información de Expansión Política
