Complicado inicio para Sheinbaum
Fernando Martínez González
La presidenta electa heredará una economía por demás complicada una vez que inicie su mandato el próximo 1 de octubre. De 2018 a la fecha, el déficit público pasó del 2.1 al 5.9 por ciento. El reto, difícil de lograr para la Secretaría de Hacienda, es bajarlo a 3.0 como lo ha anunciado Rogelio Ramírez de la O.
El problema ha sido el gasto excesivo y sin control ejercido por el presidente, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA que finalmente costaron mucho más que lo presupuestado originalmente. Otra bomba de tiempo son las pensiones, que obligaron al gobierno a tomar todo el dinero de fideicomisos cancelados, y a contratar nuevos créditos. La recaudación sigue siendo muy baja, 15% del PIB contra el 50% en países desarrollados como Francia por ejemplo. De ahí que la única salida para aumentar los ingresos públicos y redistribuir la riqueza sea llevar a cabo una profunda reforma fiscal que ha sido rechazada por la nueva presidenta.
Por lo tanto estaríamos ante un escenario grave ya que las tres calificadoras más influyentes del mundo, Fitch Ratings, S&P y Moody´s, tienen a México a tan solo un escalón de una baja en el grado de inversión, lo que afectaría seriamente a nuestro país, que dejaría de ser considerado como un país organizado para crecer económicamente, confiable y con capacidad de pago. Y según especialistas, implicaría tener que incorporar a las tasas de interés una prima de riesgo, que generaría mucho más cautela en los inversionistas y una disminución en los proyectos de inversión que llegarían a México. Al subir las tasas de interés el gobierno tendría que pagar más intereses por la deuda que tiene interna y externa, lo que reducirá el espacio fiscal al estado para cubrir sus gastos, viéndose en la necesidad de contratar más deuda.
Perder el grado de inversión afectaría a toda la economía, gobierno, empresas y trabajadores, cancelándose la posibilidad de tener créditos a tasa fija a plazos de 30 años o créditos a 5 años con tasa variable como ocurría en las décadas 1980-90. Porque definitivamente el déficit tan elevado del gobierno, el mayor gasto que el ingreso, no serían compatibles con la calificación que tiene la deuda soberana gubernamental. De ese tamaño será el paquete que recibirá la doctora Claudia Sheinbaum, algo parecido a la situación que recibió Miguel de la Madrid, por el desorden heredado de parte del presidente López Portillo.
Lo que restringiría en buena medida el margen de maniobra para el próximo gobierno, será la imposibilidad de gastar en las obras que quedaron pendientes o en las nuevas que se han anunciado, a no ser que se recurra a un mayor endeudamiento. Ya que ni cancelando toda la inversión pública le alcanzaría al gobierno para bajar el déficit fiscal al 3% como lo ha prometido la Secretaría de Hacienda. Sólo haciendo recortes en el gasto corriente o en programas sociales, lo que se ve improbable. Pero los riesgos no quedan ahí ya que otro tema que impactaría al grado de inversión tiene que ver con el paquete de reformas al poder judicial y la desaparición de los organismos autónomos.
La semana pasada se dio una noticia que se interpretó como una señal positiva por la decisión de la presidenta electa, de atemperar la prisa por aprobar la reforma judicial y dar un espacio para tener una mayor discusión. Esto lo había anunciado Ricardo Monreal, pero un par de días después cambió radicalmente su opinión, lo que demuestra que algo se movió a muy alto nivel para que la presidenta electa diera marcha atrás a lo que había anunciado. Ella como científica y académica debe estar consciente de las consecuencias que esas reformas pueden tener para la economía en el inicio de su administración.
Esperemos que la nueva presidenta pondere objetivamente los daños que podrían provocarse al país, de no mandar señales claras de un deseo de rectificación o negociación.
Con información de Crónica
