Reforma al Poder Judicial y telecom
Jorge Bravo
La aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, que plantea la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, ha generado un profundo y polarizado debate sobre sus consecuencias, en este caso en sectores estratégicos de la economía, como telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el sector digital.
La reforma judicial, impulsada por el presidente López Obrador, busca “democratizar” el acceso a la justicia a través de la elección popular de las autoridades judiciales. Este enfoque radical ha suscitado preocupaciones sobre la captura política del sistema judicial. La elección de jueces llevaría a una politización del Poder Judicial, comprometiendo su independencia y capacidad para impartir la justicia y proteger los derechos fundamentales.
Estas industrias, altamente reguladas y con fuertes operaciones internacionales, requieren un marco jurídico predecible y confiable para atraer inversiones, fomentar la innovación y garantizar el acceso a derechos humanos, como el acceso a las TIC. Los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y digital dependen de una regulación estable que permita el desarrollo de infraestructura y servicios bajo un marco de competencia equitativa.
Esto se refleja en la creación de organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyo objetivo es procurar la imparcialidad y el correcto funcionamiento del mercado.
La elección de jueces y ministros de la SCJN a través del voto popular plantea desafíos, particularmente en la percepción de imparcialidad y especialización en la resolución de controversias altamente técnicas y tecnológicamente complejas que afectan a estas industrias definidas por la innovación.
Los litigios en telecom, radiodifusión, mercados digitales y competencia económica suelen implicar análisis complejos de normativas técnicas, competencia regulatoria, acuerdos internacionales, propiedad intelectual y protección de derechos fundamentales. La influencia de intereses políticos en la designación de jueces compromete la capacidad de estos tribunales para resolver disputas con objetividad y con el nivel de experiencia necesarios.
En cuanto al impacto directo, se generan condiciones de mayor incertidumbre en la resolución de controversias que involucren, por ejemplo, disputas por el espectro radioeléctrico, fusiones de empresas, licitaciones o la interpretación de cualquier normativa relacionada con lo digital. Esta incertidumbre puede disuadir a los inversionistas extranjeros de comprometer recursos en el país, ante el temor de una politización del sistema judicial y el costo regulatorio que implica.
Un aspecto clave es la posibilidad de que esta reforma judicial lleve al siguiente paso, la desaparición de organismos como el IFT y la Cofece, creados como parte de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 para garantizar un sector competitivo y promover el acceso universal a servicios de calidad.
Dicha reforma establece, entre otras cosas, que los actos, omisiones o normas generales emitidos por estas instituciones sólo pueden ser impugnados a través de juicios de amparo indirecto, sin posibilidad de suspensión de los efectos. Esto otorga una protección jurídica robusta a las decisiones de estos organismos, refuerzan su autonomía y reducen la posibilidad de interferencia política.
A la pérdida de especialización de los jueces, la extinción del IFT y de la Cofece generaría un vacío institucional en la regulación y supervisión de sectores clave, y plantea dudas sobre qué entidades asumirían todas sus funciones. Un escenario es la transferencia de estas atribuciones a dependencias del Poder Ejecutivo, lo cual implica una reducción de independencia en las decisiones regulatorias.
Esto acarrea un incremento en la discrecionalidad del gobierno sobre temas técnicos y económicos, lo cual afecta la competencia y la neutralidad regulatoria. Además, la desaparición de estos órganos socavaría la confianza en la seguridad jurídica en áreas estratégicas como la infraestructura digital.
Aunque la elección popular de jueces y ministros de la SCJN no cambiaría la estructura legal existente, sí introduce riesgos. Las leyes que regulan las telecomunicaciones, TIC y la competencia económica podrían permanecer intactas en primera instancia, pero la interpretación de estas normas por parte de jueces y tribunales influenciados por dinámicas políticas o populistas alterarían su aplicación y efectividad.
A corto plazo, el impacto podría ser limitado en términos de cambios normativos. Sin embargo, a mediano y largo plazos la influencia del voto popular en la designación de jueces generaría fallos judiciales inconsistentes o guiados por intereses políticos, lo cual debilita la certidumbre jurídica que tanto necesita el sector tecnológico y de telecomunicaciones. El resultado sería un sistema judicial menos técnico y más proclive a favorecer decisiones populistas.
La incertidumbre jurídica comenzaría a reflejarse en decisiones judiciales erráticas en casos técnicos y en estrategias legales populistas, afectando la confianza de los inversionistas. Existe el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influidas por consideraciones políticas más que por criterios estrictamente legales, lo cual afecta la previsibilidad de las resoluciones.
La rotación de jueces y magistrados lleva a cambios en la interpretación de leyes, reglamentos y jurisprudencias, todo un ambiente de incertidumbre para las empresas del sector. La elección popular resulta en la designación de jueces con menor experiencia o conocimiento en temas de telecomunicaciones y competencia económica, lo cual ha llevado una década construir.
La previsible extinción de organismos autónomos como el IFT y la Cofece provocaría además un vacío regulatorio y un incremento en la discrecionalidad del gobierno. Esto afecta la neutralidad competitiva y la regulación independiente del sector tecnológico y de telecomunicaciones. Un sistema judicial politizado no es un escenario deseable al generar incertidumbre y comprometer la defensa de derechos digitales fundamentales.
