La extorsión y el chantaje siempre han sido sellos del obradorismo

Jacques Coste

Morena consiguió aprobar su reforma judicial en un proceso acelerado y cuestionable. Para lograrlo, el partido en el poder recurrió a las peores prácticas de la clase política que dice desdeñar: por un lado, un pacto de impunidad con la familia Yunes, sobre la que pesan acusaciones de corrupción, tráfico de influencias, intimidación a periodistas e incluso pederastia, y por otro lado, la extorsión al senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, mediante la detención irregular de su padre.

Este proceso ocasionó fuertes discusiones en el campo obradorista. Los propagandistas de siempre justificaron este acuerdo político a nombre de un “bien mayor”, mientras que algunos columnistas afines al oficialismo, como Carlos Pérez Ricart, Jorge Zepeda Patterson, Hernán Gómez y Vanessa Romero, se mostraron sorprendidos o decepcionados por la falta total de escrúpulos que mostró la coalición gobernante.

Los sorprendidos avanzan un argumento harto cuestionable para sustentar su decepción: si López Obrador siempre se ha caracterizado por su rectitud y si Morena juró purificar la vida pública nacional y no replicar las prácticas autoritarias e inmorales del pasado, entonces es impensable que el partido recurra a una oferta de impunidad y a la alianza con un impresentable con tal de aprobar un reforma.

Celebro que este grupo no renuncie a la militancia crítica. Es muy importante que en el nuevo régimen los analistas simpatizantes del oficialismo conserven y ejerzan su derecho a disentir. Como expliqué en un ensayo reciente , lo que distingue a los propagandistas de los intelectuales militantes es que los primeros tan sólo repiten las consignas del partido dominante y justifican todas sus decisiones, mientras que los segundos buscan moldear la agenda, el discurso y las acciones de la coalición gobernante.

Sin embargo, les tengo una noticia a los sorprendidos: no hubo nada nuevo en el actuar de AMLO y Morena para aprobar la reforma judicial. Todas las irregularidades y —dirían ustedes— las inmoralidades de las que se sorprenden han sido el sello distintivo del obradorismo durante la larga carrera política del presidente. El chantaje, la extorsión, las alianzas ultra-pragmáticas con personajes de dudosa honradez y la negociación del (in)cumplimiento de la ley han sido fundamentales para el ascenso y la consolidación del obradorismo.

Hagamos un breve recuento de tan sólo algunos ejemplos famosos. Entre 2003 y 2004, René Bejarano y Carlos Ímaz, hombres de confianza de López Obrador, recibieron dinero del empresario Carlos Ahumada para financiar irregularmente las actividades del PRD en la Ciudad de México. En 2006, López Obrador chantajeó a todo el país alegando un fraude electoral que jamás demostró, creando una crisis en el sistema electoral.

Entre 2013 y 2015, la entonces alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez, le cobraba un “diezmo” a los empleados del ayuntamiento, el cual desviaba a las actividades proselitistas de Morena. Tras los sismos de 2017, Morena anunció la creación de un fideicomiso para asistir a las personas damnificadas; poco tiempo después, se demostró que el dinero se utilizó para financiar las operaciones del partido.

En 2018, Morena firmó una alianza con Encuentro Social, un partido evangélico y ultraconservador. Poco tiempo después de llegar al poder, AMLO extorsionó y presionó a Eduardo Medina Mora y Guillermo García Alcocer para que renunciaran a sus respectivos cargos como ministro de la Suprema Corte y comisionado de la CRE, a fin de que el oficialismo pudiera colocar a sus alfiles en estas posiciones. Luego de sus dimisiones, no se investigaron ni persiguieron los supuestos delitos o irregularidades que se les imputaban.

En las elecciones intermedias de 2021, un operador financiero importante de la coalición morenista en el norte del país fue Sergio Carmona, mejor conocido como el Rey del Huachicol. Carmona murió poco después en circunstancias misteriosas. Durante todo el sexenio, AMLO le ofreció impunidad y recompensas políticas (como embajadas) a los gobernadores priistas acusados de corrupción para que movilizaran sus estructuras electorales a favor de Morena. Asimismo, Morena negoció una coalición legislativa y electoral con el Partido Verde de Jorge Emilio González, el máximo exponente de una clase política que concibe el servicio público como una fuente para enriquecerse.

En resumen, lo que sorprende es el umbral de tolerancia que habían mostrado los que hoy se dicen sorprendidos. Lo que sorprende es que lo noten hasta ahora. El pragmatismo político a ultranza siempre ha sido el eje rector de las decisiones de López Obrador. La tan cacareada superioridad moral era sólo una construcción narrativa que le daba a AMLO un aura de purificador de la vida pública y que servía para justificar todas sus decisiones, pero nunca se ha sostenido en la práctica.

Con todo, aplaudo la crítica interna en la órbita del obradorismo y espero que los sorprendidos de hoy no sucumban ante la presión y sigan sin transigir estas prácticas. Ya vieron que sus compañeros de causa seguirán consintiendo cualquier acción de la coalición gobernante —por cuestionable que sea— y que la decencia o las reservas morales no detendrán las decisiones del oficialismo por un “bien mayor”.

¿Están dispuestos, a partir de ahora, a señalar conductas que les parezcan inaceptables? ¿Están listos para dejar de esgrimir la superioridad moral como argumento para desacreditar a los críticos? Espero que la respuesta a estas preguntas sea afirmativa. La crítica interna, por tímida que sea, será uno de los pocos contrapesos que la mayoría arrolladora de Morena enfrentará en este sexenio.

Con información de Expansión Política