Fin de organismos autónomos, entre la racionalidad y la controversia
Ernesto Villanueva
La reciente decisión de la Cámara de Diputados en México de eliminar de la Constitución a diversos Organismos Constitucionales Autónomos (OCA’s) – y el muy probable curso similar que seguirá el Poder Reformador de la Constitución-, abre una discusión crítica sobre las implicaciones de este cambio. Como en todo proceso de reforma, hay aspectos que pueden considerarse positivos, mientras que otros generan dudas y preocupaciones legítimas. Veamos.
Primero. México, como he señalado en otras ocasiones en estas páginas, es uno de los países con más organismos constitucionales autónomos en el mundo. La abundancia de OCA’s en México no ha estado acompañada de un debate profundo sobre su eficacia real y su impacto en la vida democrática. Los derechos que estos organismos buscan proteger permanecen formalmente reconocidos en el texto constitucional, el verdadero desafío radica en garantizar su ejercicio efectivo. La transición de los derechos del plano normativo al plano práctico es una tarea compleja que depende de múltiples factores: la calidad de las instituciones, la profesionalización de sus funcionarios, los recursos asignados y, sobre todo, la voluntad política para priorizar su fortalecimiento y funcionamiento independiente. Derechos como el acceso a la información o la protección de los consumidores no pueden entenderse únicamente como principios abstractos; necesitan estructuras concretas que los hagan accesibles y funcionales para la ciudadanía. Esto implica garantizar que las solicitudes de acceso a la información sean procesadas con transparencia, que los usuarios de telecomunicaciones puedan exigir servicios de calidad o que los mercados operen bajo reglas claras que promuevan la competencia. Sin organismos especializados, es difícil imaginar cómo estos derechos podrían ser realmente efectivos.
Segundo. Por lo que hace al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la decisión de fusionarlos puede considerarse una medida razonable que, en teoría, no implicará la desaparición del organismo regulador. Esta fusión responde a los compromisos adquiridos por México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, la estandarización de remuneraciones y condiciones laborales asimiladas a las existentes en la Administración Pública Federal centralizada en el nuevo organismo también es un paso en la dirección correcta. La supresión del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) presenta un panorama más incierto. A diferencia del caso del IFETEL y la COFECE, no se ha propuesto un modelo alternativo claro para garantizar las funciones que hasta ahora ha desempeñado este organismo. Esto genera preguntas legítimas sobre cómo se protegerán derechos como el acceso a la información y la transparencia en ausencia de un ente garante especializado. Y es que una cosa es cierta: salvo en los países nórdicos por toda una cultura de la honestidad por siglos, en el mundo ninguna institución se va a vigilar a sí misma, no se puede ser juez y parte. Tampoco se puede atentar contra la amigabilidad del ejercicio del derecho a saber que ahora ha adquirido carta de naturalización.
Tercero. Entre las razones que se han señalado para justificar la desaparición del INAI, algunas son válidas. Por ejemplo, los altos salarios y la proliferación de cargos administrativos que, en ciertos casos, parecen haber invertido la lógica institucional, subordinando la función al funcionario en lugar de lo contrario. Sin embargo, otros argumentos resultan muy difíciles de aceptar. Acusar al INAI de actos ilícitos cometidos por algunos de sus directivos no justifica su desaparición. Como en cualquier otro caso, lo que procede es que las autoridades competentes investiguen y sancionen a los responsables. La corrupción debe combatirse sin sacrificar las instituciones. Si se aplicara ese criterio en otros casos, habría sido necesario disolver instituciones enteras como el gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, o incluso Pemex tras los escándalos de Jorge Díaz Serrano. La correcta separación entre las instituciones y las personas que las integran es fundamental para evitar decisiones que no se compadecen con la solidez de un argumento que resista cualquier análisis. Es de esperarse que en la ley se de vida a un diseño institucional que preserve lo que hoy se tiene con mucho menos presupuesto y se generen los convenios necesarios con la Secretaría de Educación Pública para seguir el camino de la socialización de estos derechos que debió haberse iniciado hace 21 años. En la ruta del derecho a saber no debe haber caminos de regreso.
Con información de Proceso
