Los dilemas del bajo crecimiento

Mario Luis Fuentes

El crecimiento económico sostenido, pero con criterios de sostenibilidad ambiental, es un objetivo esencial para cualquier país en desarrollo; se trata de una condición necesaria para incrementar los niveles de bienestar social, reducir la pobreza y atemperar las desigualdades. En efecto, el objetivo asociado a conseguir mayores tasas de crecimiento debe estar centrado en distribuir mejor y generar círculos virtuosos de crecimiento y redistribución justa de la riqueza.

Sin embargo, México no ha logrado encontrar una ruta clara hacia un crecimiento sostenido, enfrentándose a una combinación de factores estructurales que limitan su capacidad de expansión económica. Las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, que oscilan entre 0.5% y 1.2%, reflejan la fragilidad de su economía y la persistencia de estos desafíos.

Jaime Ross, uno de los mejores economistas que ha tenido nuestro país, afirmaba que nuestra economía enfrenta problemas estructurales e históricas en tres ámbitos clave, mediante los cuales se buscaba responder la pregunta elemental, pero a la vez fundamental, de ¿por qué no crecemos?

Frente a lo anterior, lo primero que debe destacarse es que la inversión pública ha sido históricamente un catalizador del desarrollo económico, tanto en países emergentes como en las economías desarrolladas; de ahí el ambicioso plan de inversiones, por más de 100 mil millones de dólares, que se intentó implementar durante la administración Biden en los EEUU, y la cual está a punto de concluir.

Sin una potente inversión pública es imposible construir nuevas bases para la infraestructura física y social, necesarias para detonar el mencionado proceso virtuoso de crecimiento. Por ello es preocupante que, en México, la inversión pública como porcentaje del PIB ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas dos décadas, cayendo por debajo del 3% en años recientes, una cifra considerablemente menor al promedio de América Latina.

Esta disminución responde a varios factores, como la reorientación del gasto público hacia programas sociales y el pago de deuda, así como problemas de corrupción y administración ineficaz de los recursos públicos, que han generado proyectos ineficientes o inconclusos. La falta de inversión en infraestructura clave, como transporte, energía, ciencia y tecnología, ha limitado la capacidad del país para atraer capital privado y mejorar su competitividad. Además, sectores estratégicos como la educación y la salud reciben asignaciones insuficientes, lo que perpetúa desigualdades sociales y reduce el capital humano disponible.

Por otro lado, La demanda interna es otro componente esencial del crecimiento económico. Sin embargo, en México, el poder adquisitivo de gran parte de la población sigue siendo bajo, lo que restringe el consumo y, en consecuencia, la capacidad de las empresas para expandirse. Desde esta perspectiva, a pesar del peso que tienen los programas sociales en el gasto gubernamental, no han logrado detonar, como se planteaba, la demanda agregada.

En esa misma lógica, el aumento de los salarios mínimos ha sido insuficiente para impulsar el consumo interno, y los elevados niveles de informalidad laboral, que afectan a más del 55% de los trabajadores, agravan el problema. En la economía informal, los ingresos son inestables y bajos, además de que se carece de prestaciones económicas y sociales, lo que limita la capacidad de ahorro e inversión en el mediano plazo. Además, la inflación, especialmente en alimentos y energía, ha reducido aún más el poder adquisitivo de las familias mexicanas, particularmente de los más pobres, a pesar de los mencionados incrementos a los niveles del salario mínimo general en el país.

En tercer lugar, la inversión privada representa más del 80% de la inversión total en México, pero en los últimos años ha mostrado un estancamiento preocupante. La incertidumbre política y económica, junto con problemas estructurales como la inseguridad y la corrupción, han desalentado a los inversionistas nacionales y extranjeros. A lo anterior se añade ahora la incertidumbre generada por la reforma al Poder Judicial, y la probabilidad de que se debilite el Estado de derecho y la capacidad de garantizar certidumbre sobre la propiedad y las inversiones.

La falta de una reforma fiscal integral suma elementos negativos pues al no tener más recursos fiscales, el Estado sigue enfrentando una severa restricción presupuestal, que le impide promover inversiones público-privadas o bien, a través del impulso de proyectos de inversión regional, detonar la inversión de la iniciativa privada en sectores clave para el desarrollo de los estados y las regiones de México.

De este modo, la falta de un entorno favorable para la inversión privada también se refleja en la baja productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que constituyen el más del 90% del tejido empresarial mexicano, pero las cuales enfrentan dificultades para acceder al financiamiento, así como a condiciones para su permanencia y supervivencia en el tiempo.

Resolver estos problemas estructurales requiere un enfoque integral que combine políticas públicas efectivas, que tengan como base una reforma fiscal integral y progresiva, y que se acompañen con políticas redistributivas que permitan seguir creciendo.

México enfrenta dilemas profundos en su búsqueda de un crecimiento sostenido. Los bajos niveles de inversión pública y privada, junto con las limitaciones en la demanda interna, no solo afectan la economía actual, sino que también comprometen el futuro del desarrollo del país. Superar estos desafíos requiere decisiones políticas audaces, una visión de largo plazo y un compromiso conjunto de todos los sectores de la sociedad. Solo mediante la solución de estos problemas estructurales México podrá aspirar a un crecimiento económico robusto, inclusivo y sostenible.

Investigador del PUED-UNAM

Con información de Aristegui Noticias