Teoría de la conspiración: 30 mil menores reclutados por el crimen organizado
Algunas investigaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estiman que por lo menos 30 mil menores han sido reclutados por grupos criminales en los últimos años para realizar actividades iniciales como “halcones” o informantes, para la venta de droga al menudeo, venta de piratería, mensajeros para extorsiones y de ahí pasan a ser sicarios.
Sin embargo, la Redim también ha señalado que, al no existir políticas públicas ni estrategia de combate al crimen organizado, tampoco hay cifras oficiales a nivel nacional sobre cuántos menores de edad han sido reclutados por el narco, y solo existen cifras estimadas que han sido proporcionados por organizaciones civiles que monitorean con informes de autoridades estatales o de medios de comunicación.
La Redim también ha señalado que en 2019, el Gobierno Federal se comprometió a la detección de reclutadores de menores y a prevenir que niñas, niños y adolescentes fueran enganchados por grupos del crimen organizado, esto, como parte del Plan de Acción 2019–2024 de México en Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, sin embargo es unos de los pendientes que dejó el gobierno del presidente AMLO.
Esta semana, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó nueve dictámenes que exhortan a diversas autoridades a reforzar estrategias en seguridad, protección civil y prevención del delito. Uno de los dictámenes más destacados llama al gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las 32 entidades de la Federación, para que fortalezca las acciones contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada.
El documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a los gobernadores de las 32 entidades y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resalta que el reclutamiento de menores está vinculado a desigualdades sociales, falta de oportunidades, violencia, acceso a drogas y deserción escolar, factores que colocan a esta población en condiciones de vulnerabilidad.
También es obligación de las autoridades velar por el interés superior del menor, proteger sus derechos humanos y garantizarles una vida libre de violencia través de políticas públicas y estrategia de combate al crimen organizado.
Con información de El Independiente
