La reforma fiscal inaplazable se va al 2026
Carlos Matute González*
La teoría del péndulo describe el vaivén histórico entre los gobiernos que pasan de una política a otra para reaccionar a los contextos sociales y económicos. Hace veinte años la reforma fiscal impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el “establishment” consistía en una reestructura del impuesto al valor agregado (IVA) para eliminar la tasa 0 en alimentos y medicinas y disminuir la carga tributaria del impuesto sobre la renta (ISR) a personas morales y físicas. La segunda se llevó a cabo, con algunas limitaciones y rectificaciones, pero el asunto del IVA no transitó por la oposición a la regresividad recaudatoria de este tipo de reformas fiscales. Hoy, con base en las ideas de Thomas Piketty, economista francés, se propone el aumento de los impuestos al capital para evitar su concentración y la consecuente desigualdad, pero siguiendo una estrategia global acompañada del combate a la corrupción.
En México, la crisis de las finanzas públicas que se avecina por los excesos deficitarios del gobierno 2018-2024, producto del aumento del gasto sin una reforma fiscal y el aumento marginal del ingreso tributario, está prendiendo los focos rojos en el oficialismo.
Thomas Piketty sostiene su propuesta para combatir la desigualdad social en que entre 1945 y 1970 hubo impuestos altos a la herencia en Estados Unidos y Europa y esa fue una de las causas del crecimiento del bienestar económico de la posguerra, sin embargo, soslaya el inicio del proceso de globalización y la liberalización de los mercados en una estrategia de competencia regulada con fuertes controles antimonopólicos y de la calidad en los bienes y servicios. También hubo una intervención creciente del sector público en la economía que, eventualmente, generó un gigantismo gubernamental, que condujo a la crisis del Estado de bienestar.
La reacción neoliberal y la intensificación de la globalización fueron la vía para recuperar el crecimiento sostenido entre durante veinte años, que concluyó con la “segunda” gran depresión mundial de 2008 por los excesos de un capitalismo desgobernado y desde esa fecha comenzó para América Latina una periodo de deterioro económico, que ha sido menor en México por sus buenas finanzas públicas, sin embargo, la situación ya cambió desde el 2024 cuando el déficit presupuestal representó casi el 5% del producto interno bruto (PIB).
En este escenario, el 30 de octubre, la Alianza para la Justicia Fiscal en el marco de la discusión del paquete económico 2025, propuso aumentar el porcentaje de ISR que pagan las personas con mayores ingresos del 35 hasta el 42.5 %, impactando a las rentas mayores a 183 mil pesos; restringir el acceso de estas a los beneficios fiscales y reducir los tratos preferenciales a las rentas del capital, especialmente, a quienes invierten en la bolsa o reciben herencias multimillonarias, como lo es un departamento en una colonia residencial de la ciudad de México.
En ese mismo sentido se ha pronunció el líder de la mayoría oficialista de los diputados, Ricardo Monreal, cuando se inició el debate de la Ley de Ingresos, cuyo proyecto ya fue aprobado sin cambios por ambas cámaras y dijo: “Se necesitan medidas más contundentes para ampliar la base tributaria, porque el Paquete Económico acertadamente prioriza la inversión en programas sociales, sin embargo, es preciso preguntarse si los recursos asignados serán suficientes para cubrir todas las necesidades del país”.
Lo objetivo es que el déficit presupuestal para el 2025 será del 3.2% y que el pago de intereses de la deuda crecerá en más del 8% y el correspondiente a pensiones en más de 4% reales. Además, los nuevos derechos de las mujeres mayores de 60 años (700 mil) al cobro de una pensión mensual y otros programas sociales más que se han prometido, asi como sumado a los recursos que se necesitan para construir las rutas de trenes de pasajeros exige que se proyecte aumentar los ingresos tributarios (fiscalidad de la economía) del 17 al 26 % durante el sexenio.
De ahí que la reforma fiscal sea inaplazable, aunque la presidenta Sheinbaum, como parte de su discurso de campaña, declaró que esta podía esperar un año y que se reflexionaría sobre el particular hasta la presentación del paquete económico del 2026. Los analistas han interpretado este posicionamiento como un enfrentamiento con el líder de los diputados, pero esto más bien parece una estrategia de preparación del terreno político a lo inevitable y hacer frente a una de las herencias del gobierno de López Obrador, que es el desequilibrio fiscal.
El debate sobre la reforma fiscal debe ser amplio y reflexionar sobre los efectos del aumento al ISR, que en personas morales este suele incorporarse al costo del bien y servicio e impactarse en el precio de venta al consumidor y en personas físicas suele afectar a los asalariados y fomentar prácticas de sub declaración o no declaración con lo que los incentivos a la economía informal son mayores. Además, hay que considerar que la propuesta de Thomas Piketty implica una estrategia global, no es nacional, por aquello de los capitales golondrinos. También hay que revisar profundamente la estructura de la “inversión” en programas sociales para que esta no se convierta en un gasto que afecte el gasto en salud, educación y protección del medio ambiente. Una reforma que afecte la productividad de la economía puede ser fuente de mayor desigualdad, que es lo que pretendería corregir, o disminuir la fiscalidad fiscal si afecta el crecimiento del PIB. ¿Será prudente esperar al 2026?
*Profesor de la Universidad Panamericana
Con información de La Crónica
