Sinaloa: Incertidumbre, confusiones y contradicciones
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Combatir el crimen es una de las aristas prioritarias del gobierno. La policía disuade por los contingentes que participan, pero genera confusiones ante las escasas detenciones.
Detener a cabezas visibles de los carteles de la droga no representa el éxito de las acciones policiales. Atomiza las organizaciones criminales y las vuelve más complejas para poder acabar con ellas.
Las policías municipales no son las que llevan la voz de mando. Dicen que está muy contaminadas por la delincuencia organizada. La presencia militar es la que se ve en los patrullajes por las calles y las rancherías. Son las que usan la fuerza en número y por las armas que intimida al ciudadano, pero no a los delincuentes.
La información que difunden las autoridades no se apega a la realidad, porque los números de homicidios, levantones y robos de vehículos no son los mismos que se divulgan en las redes sociales, contradicciones que no hacen ver bien a las autoridades porque ocultan bastantes hechos que ponen en riesgo su seguridad personal.
La presencia militar en Sinaloa ha desplazado totalmente la participación de la Fiscalía Estatal. La policía investigadora debe realizar su trabajo ya que muchos de los delitos que se han cometido en el Estado desde que se inició esta batalla entre las facciones en pugna del cártel de Sinaloa caen dentro de las atribuciones del ministerio público estatal.
Los delitos que se cometen como los homicidios, desaparición forzada de personas y robo violento de vehículos están dentro de la competencia de las autoridades estatales. Si las investigaciones se llevaran a cabo por los policías dependientes de la fiscalía estatal, seguro que los resultados fueran mucho más exitosos si tomamos en cuenta los operativos que realizan las autoridades militares para detener a capos muy buscados en el País y en el extranjero.
Los informes de reducción de los delitos en el Estado quedan mucho muy lejos de la realidad. A veces las notas periodísticas señalan delitos que no son iguales en número a los datos que se manejan en las redes sociales.
Esta narcoguerra sigue sacrificando jóvenes. Homicidios y levantones sellan las andanzas de muchos de ellos. Los Padres indiferentes solo ven como testigos mudos como flagelan a sus hijos. Cementerios forenses o el surgimiento de nuevos grupos de buscadores de familiares desaparecidos no parece ser la solución a este grave problema. La dirección en los hogares puede ser lo que esté fallando.
Lo cierto es que la sociedad sigue muy temerosa. Todavía los centros restauranteros de ven semidesolados; por la noche, la ciudad se convierte en un lugar oscuro y con pocos ciudadanos circulando por las calles, el temor es algo que no se puede superar.
La inseguridad se ha convertido en un destello peligroso para la ciudad y sus organizaciones sociales y productivas. El gobierno se sacude los reproches ciudadanos y busca ser más exitoso en sus operaciones policiales y en la detención de delincuentes, pero siguen fallando.
Ante esta crisis política y de inseguridad, surgen clamores de unidad nacional, una unidad que difícil mente llegará. Las fuerzas políticas del país se encuentran muy polarizadas. La reforma judicial es la causa de ese llamado que no se atenderá. Un país fracturado, caminará con tropiezos y la defensa contra el gobierno norteamericano nos puede perjudicar. Urgen los acuerdos políticos para que den tranquilidad a la nación.
La mejor solución a los diferendos entre el gobierno, Poder Judicial y fuerzas políticas opositoras es que la reforma judicial se deje fuera de su absurda aplicación y se vuelvan las cosas como prevalecían hasta antes de ese proceso reformatorio perverso. El gobierno norteamericano avanza en sus agresiones y si no reaccionamos a tiempo las consecuencias pueden ser desastrosas, para la seguridad y la economía nacional.
