Maternidad Subrogada: un caso que podría cambiar el debate
Saúl Arellano
La llamada maternidad subrogada es una práctica que genera profundas controversias éticas y jurídicas, particularmente en el marco de los derechos humanos. Debe decirse que este fenómeno también ha sido denominado como “vientre de alquiler”, lo cual es definido por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como: “Mujer que, previo acuerdo o contrato, cede su capacidad gestante para que le sea implantado un embrión ajeno, engendrado mediante fecundación in vitro, y se compromete a entregar el nacido al término de su embarazo”.
Sobre el particular, es importante subrayar también que la regulación de esta figura es heterogénea, con normativas que varían por entidad federativa y con una serie de desafíos sobre los que aún debe reflexionarse en sus múltiples aristas e implicaciones. En esa lógica, destaca la resolución que está a debate en el Amparo en Revisión 86/2024. Dicho caso, analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analiza precisamente varias de las tensiones que pueden surgir entre diversos ámbitos de derechos de las niñas y niños que nacen en una situación como la descrita; los derechos y la autonomía de la mujer gestante; y los derechos de las parejas que recurren a esta práctica para formar una familia.
Uno de los aspectos centrales del Amparo señalado es el derecho de la niña nacida mediante gestación subrogada a su identidad y su registro inmediato. La SCJN ha establecido reiteradamente que toda niña y niño tiene derecho a ser registrado desde su nacimiento o en un plazo razonable. No obstante, en este caso, el Registro Civil de Tabasco denegó el registro de la menor con los apellidos de la pareja contratante, argumentando que el contrato de gestación sustituta no cumplió con las formalidades legales establecidas en el Código Civil de la entidad.
El proyecto de resolución que ha presentado la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat aborda este problema subrayando que la normatividad tabasqueña no regula de manera completa las consecuencias del incumplimiento de los requisitos legales para este tipo de contratos, lo que deja en incertidumbre el estatus legal de la recién nacida. El análisis de la Ministra se inclina por una solución que prioriza el derecho a la identidad de la menor y propone el registro inmediato con el apellido del padre biológico, postergando la determinación de la maternidad legal hasta que se analicen los términos del contrato y el consentimiento legal de la mujer gestante.
La “maternidad subrogada” plantea por supuesto temas vinculados a posibles situaciones explotación de las mujeres gestantes. En muchos casos, estas mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, lo que puede influir en su decisión de participar en estos acuerdos. El fallo reconoce que los contratos de gestación sustituta pueden generar un fenómeno de asimetría fáctica y jurídica, en el que la mujer gestante, pese a firmar voluntariamente un contrato, puede verse sometida a condiciones inequitativas que afectan su autonomía y dignidad.
La SCJN subraya que es fundamental que estos contratos sean supervisados bajo un marco legal que garantice el consentimiento libre e informado de la mujer gestante, así como su acceso a una asesoría legal y psicológica de calidad. En el caso concreto, la Ministra Ríos Farjat advierte que el incumplimiento de los requisitos legales del contrato genera una situación en la que no está claro si la mujer gestante renunció libremente a sus derechos de filiación sobre la niña. Por ello, se establece que, antes de proceder al registro completo de la menor con los apellidos de la pareja intencional, se debe acudir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria para verificar el consentimiento y los términos del contrato.
El caso también involucra el derecho de las parejas a recurrir a la maternidad subrogada como una opción para formar una familia. La SCJN ha reconocido la importancia de este derecho en otros precedentes, pero también ha enfatizado que su ejercicio debe armonizarse con la protección de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños nacidos mediante estas prácticas.
En este sentido, la resolución sostiene que la voluntad procreacional de los padres intencionales es un elemento relevante, pero que no puede ser el único criterio para determinar la filiación. La Corte establece que, en tanto no se cumplan los requisitos legales para la validez del contrato de gestación sustituta, el registro de la niña debe realizarse inicialmente solo con el apellido del padre biológico, dejando abierta la posibilidad de que la madre intencional pueda ser reconocida posteriormente.
Desde una perspectiva bioética, la maternidad subrogada plantea interrogantes fundamentales sobre la autonomía, la dignidad y la mercantilización del cuerpo humano. Pensadores como Michael Sandel y Martha Nussbaum han advertido sobre los riesgos de tratar la capacidad reproductiva como un mero “servicio sujeto a contrato”, lo que podría derivar en formas de explotación encubierta.
Por otro lado, desde una perspectiva basada en los derechos humanos, se requiere una regulación que garantice la protección de todas las partes involucradas, evitando vacíos legales. El fallo de la SCJN en este caso sugiere una ruta intermedia que busca equilibrar los derechos de la niña, la autonomía de la mujer gestante y el deseo de las parejas de tener descendencia.
Como puede verse, el Amparo en Revisión 86/2024 ilustra la complejidad de la maternidad subrogada en México y la necesidad de una legislación más clara y protectora de los derechos humanos, además, por supuesto, de una reflexión social profunda sobre las implicaciones bioéticas que encierra este tipo de agendas.
Investigador del PUED-UNAM
Con información de La Crónica
