Buen propósito, mal instrumento
Jorge Alcocer V.
En la conferencia mañanera del lunes 24 de este mes la consejera jurídica presentó las “acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas.” Decenas de miles de personas desparecidas, miles de cuerpos que están en morgues sin identificación, y el cotidiano horror de la violencia criminal, son hechos que ameritan acciones de emergencia por el Estado mexicano.
Por la gravedad de los hechos ya conocidos las acciones que emprendan el gobierno federal y los estatales deberían estar respaldadas por un diagnóstico de la seguridad pública en nuestro el país, así como por un balance de la política que siguió el gobierno de López Obrador en esa materia. Las 13 láminas en power point (incluyendo la portada) que la consejera jurídica leyó carecen de tal soporte. Quizá por ese motivo en lugar de un plan de acción, lo que vemos es una suma de acciones que parecen diseñadas para salir del paso, de las cuales la principal es ponerle a la CURP foto y huellas dactilares, lo que poco tiene que ver con el problema de búsqueda, localización e identificación de personas.
Para localizar personas desaparecidas la CURP no es el medio adecuado. Hoy la base de datos biométricos más usada para esos fines es la del INE, que tiene la foto del rostro y las 10 huellas digitales de cada persona mayor de 18 años que esté inscrita en el padrón electoral. Se estima que del total de población en edad ciudadana, el INE cuenta con registros de más del 95%. Las otras bases de datos importantes que cuentan con datos biométricos son la de pasaportes (SRE), al del RFC de Hacienda, y la de SEDENA, para la cartilla militar.
Para localizar a una persona desaparecida lo primero que la autoridad requiere es una denuncia, que desatará las acciones de búsqueda, a partir de los elementos de identidad que aporte el denunciante. Una acción que no requeriría reforma legal ni orden judicial es que el ministerio público solicite al INE le informe solamente si la persona desaparecida está inscrita en el padrón electoral, de ser positiva la respuesta, lo siguiente es que un juez autorice al INE proporcionar a la autoridad competente los datos biométricos. Eso se puede hacer de inmediato sin tener que gastar en poner foto y huellas a la CURP de los más de 140 millones de registros con que cuenta el Registro Nacional de Población (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación.
Karla Quintana, que hizo un trabajo admirable en la Comisión Nacional de Búsqueda, es quizá la persona que en México más sabe de métodos e instrumentos para localización de personas e identificación de cadáveres. Yo aprendí de ella cuando coincidimos en la SEGOB. Recuperar lo que Karla logró en más de 5 años es un paso que mucho ayudaría para que las acciones que emprenda el actual gobierno den frutos en el corto plazo. El siguiente paso será tener un plan digno de ese nombre.
Dejo apuntada mi extrañeza por la ausencia de la titular de la SEGOB en la presentación ante la presidenta, siendo esa dependencia la responsable, por ley, de la CURP. Al menos podrían haberla invitado.
Vuelvo al punto. Que una persona desaparezca no es por sí mismo un delito. Que la desaparezcan, sí. Para que una desaparición de lugar a una investigación ministerial es necesario investigar. De esa capacidad carecen, salvo contadas excepciones, las policías preventivas, incluida la Guardia Nacional y las procuradurías de justicia, ahora llamadas fiscalías. Anunciar la creación de un “Sistema Nacional de alerta, búsqueda y localización de personas”, aunque lo escriban con mayúsculas, es una frase hueca mientras no se acompañe del plan y los recursos para ese propósito. Dejó otro apunte: dentro del diagnóstico, que hace falta, debería haber un capítulo dedicado al fracaso de la supuesta autonomía otorgada a las fiscalías.
En síntesis, si de atender la crisis de seguridad pública se trata, la idea de ponerle a la CURP fotografía y huellas digitales, como si fuera una credencial física, es la peor que le pudieron dar a la presidenta de México. Pero es todavía peor cuando la presentan como la acción central para la búsqueda y localización de personas. La Cédula de Identidad Ciudadana, que desde 1990 establece la Constitución, sigue siendo un proyecto asociado al derecho a la identidad, no un medio de acción policiaca.
Existen múltiples proyectos, estudios y diseños para la emisión de un documento nacional de identidad. El más reciente se formuló entre 2019 y 2020 por el personal técnico del RENAPO/SEGOB. El objetivo era dotar a cada persona nacida o residente en México de una Cédula Digital de Identidad, contenida en un QR, construido a partir de los datos de las CURP, validados por las actas de nacimiento, a la que se le incorporarían, a partir de una cierta edad la fotografía y huellas dactilares. El proyecto planteaba, en una vertiente, la creación del Instituto Nacional de Identidad con autonomía de rango constituccional, y de un sistema nacional de identificación. Supe que en 2023 el entonces presidente López Obrador ordenó cancelar ese proyecto.
Al entregar este artículo las iniciativas presidenciales de reformas legales no habían sido presentadas al Congreso de la Unión. Cuando lo sean, lo primero que habré de revisar es la llamada “manifestación de impacto presupuestal”, a que por ley está obligada la titular del Ejecutivo. Si veo que, como se volvió costumbre, la SHCP manifiesta que no habrá impacto presupuestal, es decir que no se requieren recursos públicos adicionales para instrumentar las acciones anunciadas, sabremos que estamos, una vez más, ante una pantalla para seguir ocultando horrores y tragedias, como las del rancho Izaguirre en Jalisco.
Con información de Aristegui Noticias
