La Preocupante Reforma en telecomunicaciones

Julio Pilotzi

La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, esta generado una gran preocupación en amplios económicos del país, y no solo eso sino también de la sociedad, entre ellos organismos autónomos, expertos académicos y asociaciones técnicas, incluso del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Esta reforma, se afirma, lejos de representar un avance hacia la consolidación de una política pública moderna frente a los desafíos de la digitalización, la inteligencia artificial y la creciente demanda social por servicios de calidad y accesibles, está siendo percibida como una reedición deficiente de la reforma de 2014, con modificaciones mal articuladas que vulneran principios constitucionales, compromisos internacionales y derechos fundamentales, y hasta se adelanta deja manifiesta peligrosamente la censura. Uno de los aspectos más delicados radica en la excesiva centralización de facultades en la recién propuesta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Este nuevo órgano concentraría atribuciones clave en una sola figura administrativa, excluyendo a las secretarías de Economía y Gobernación, de responsabilidades que les corresponden por mandato legal y constitucional. Y aquí dejan clara la preocupación de quién la dirigirá, dejando claras amenazas de cancelación de concesiones otorgadas si lo expuesto no queda dentro de su criterio de lo permitido.

Esta reorganización institucional, al margen del orden jurídico vigente, no solo representa un retroceso en términos de equilibrio de poderes y coordinación interinstitucional, sino que también allana el camino para controversias judiciales y acciones de inconstitucionalidad por parte de actores del sector. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano constitucional autónomo actualmente responsable de la regulación del sector, y al que también hemos señalado de obsoleto, y de urgencia de perfeccionamiento de su actuar, 
ha advertido que su eventual desmantelamiento o subordinación a instancias gubernamentales carentes de independencia técnica comprometería seriamente la imparcialidad y eficacia de la política regulatoria. El IFT ha enfatizado que durante la última década ha logrado avances significativos en materia de competencia, cobertura, calidad y reducción de precios en telecomunicaciones, avances que estarían en riesgo si se debilita su estructura.

A esta crítica se suma el IDET, que ha calificado la iniciativa como jurídicamente insostenible e inadecuada para los fines que pretende alcanzar. El instituto ha subrayado que la propuesta no sólo afecta el marco interno, sino que además vulnera principios fundamentales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como la autonomía del regulador y la promoción de competencia efectiva, particularmente al contemplar la permisividad de monopolios estatales y la censura de contenidos transfronterizos. Estas disposiciones podrían detonar litigios internacionales que pondrían en riesgo la estabilidad comercial y la credibilidad institucional del país ante sus socios. Particularmente preocupante resulta la facultad otorgada a la ATDT para definir la “veracidad” de la información difundida en medios tradicionales y plataformas digitales. Esta atribución subjetiva no sólo institucionaliza la censura bajo una apariencia de legalidad, sino que abre la puerta a prácticas autoritarias que ya han sido observadas en regímenes donde la libertad de expresión ha sido sistemáticamente vulnerada. La posibilidad de imponer sanciones económicas elevadas a medios de comunicación, plataformas digitales y aplicaciones móviles podría generar un efecto inhibidor, forzando la salida de actores del ecosistema digital nacional y afectando gravemente la pluralidad informativa.

Tanto el IFT como el IDET han insistido en que cualquier reforma al marco regulatorio debe ser producto de un proceso abierto, participativo y técnicamente sólido, con la colaboración de expertos nacionales e internacionales, universidades, organismos multilaterales y representantes del sector. Eso sí, no dando origen a foros que no sirven, y no han servido para absolutamente nada, de los temas coyunturales recientes que hoy están convertidos en ley. La ausencia de un proceso de consulta pública en la elaboración de esta propuesta, así como la falta de estudios de impacto regulatorio y económico, reflejan una visión limitada y unilateral que amenaza con retroceder más de una década de esfuerzos orientados a modernizar el sistema de telecomunicaciones del país.

México necesita una reforma que fortalezca su competitividad digital, promueva la innovación y garantice los derechos de sus ciudadanos en un entorno tecnológico cada vez más dinámico y exigente. Lo que se propone actualmente, sin embargo, no sólo distorsiona estos objetivos, sino que amenaza con aislar al país de los estándares internacionales, restringir libertades fundamentales y generar un entorno adverso para la inversión, la innovación y la libertad informativa. En este contexto, el Congreso tiene la responsabilidad histórica de revisar con rigor y profundidad esta iniciativa, corrigiendo sus graves deficiencias antes de que se conviertan en ley. Ya en el pasado se trató de impulsar algo similar, un monstruo de la censura, la diferencia es que lo que se impulsa en este momento además de lo arbitrario incluyen ya también a las plataformas digitales y hasta las Apps como TikTok, Facebook o X por mencionar algunas, algo como lo que se vive en otras naciones como Nicaragua y Venezuela.

Voz en Off

En el contexto del Día del Niño, la Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC) resalta la importancia de inculcar desde la infancia los valores de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Con el objetivo de formar futuras generaciones conscientes y comprometidas con el planeta, la OFEC promueve la educación ambiental temprana como base para integrar hábitos como reducir, reutilizar y reciclar. La organización ha colaborado con más de 18 estados y 100 municipios para implementar su modelo de economía circular en México, apostando por una transformación cultural que permita alargar la vida útil de los productos y minimizar el desperdicio. Esta visión educativa no solo favorece el medio ambiente, sino que también fortalece el pensamiento crítico, la empatía y la creatividad de niños y niñas….

Con información de Reporte índigo