Bartlett recibió una CFE sana y entregó una empresa fundida
Mathieu Tourliere
Durante cuatro de los seis años en los que Manuel Bartlett Díaz estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública reportó resultados negativos. Cuando Bartlett recibió la CFE, en 2018, la empresa reportaba utilidades de 61 mil millones de pesos, y cuando la entregó al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en octubre último, tenía pérdidas multimillonarias, que sumaron 124 mil 444 millones de pesos en diciembre, y una deuda de 490 mil millones de pesos.
La CFE explicaba sus pérdidas por factores ajenos: una renegociación del contrato colectivo con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en 2020; la onda de frío que sacudió Texas y disparó los precios del gas natural, en 2021; el alza de precios del combustible por la invasión de Ucrania, en 2022, y la caída del peso ante el dólar, en 2024. Sumando los dos años con utilidades, la CFE reportó pérdidas por 210 mil millones de pesos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“Aunque se pueden encontrar justificaciones por las pérdidas en cada año, no son justificables, vienen de la apuesta a convertir a la CFE en fábrica de electricidad, en destinar todos los recursos a la generación, un segmento donde la empresa no es rentable porque sus centrales son muy antiguas y los combustibles pueden ser más costosos”, considera Óscar Ocampo, analista en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Aunque la CFE de Bartlett tuvo pérdidas, un crecimiento de su deuda y una agravación de sus impagos a proveedores en 2024, su situación financiera es incomparablemente mejor que la de Pemex, que siguió cayendo en un hoyo financiero durante el sexenio de López Obrador, y se encuentra ahogada en una deuda monumental colocada en mercados internacionales.
Manuel Bartlett llegó al frente de la CFE con la instrucción de López Obrador de consolidar a la empresa como el actor central de la producción de electricidad en el país, y de reducir la compra de electricidad a empresas privadas, casi todas de capital extranjero. Para ello, la empresa destinó la gran mayoría de sus recursos en la construcción o la compra de centrales de ciclo combinado (tecnología que, combinando dos turbinas, una de gas y otra de vapor, produce energía eléctrica) y frenó la entrega de permisos de producción a privados.
El gobierno de Enrique Peña Nieto entregó 531 permisos, que amparaban la producción de 76 mil 434 MW, y el de López Obrador otorgó apenas 158 permisos, por 20 mil 478 MW (megavatios). De ese total, la CFE se llevó 23 permisos, por 10 mil 498 MW; le siguieron la transnacional Sempra, con seis permisos por 884 MW y el grupo industrial DeAcero, de Raúl Gutiérrez Muguerza, integrante del entonces Consejo Asesor Empresarial de López Obrador, siete permisos que amparan 681 MW.
Durante el sexenio pasado, la CFE estancó el desarrollo de la industria de energías renovables y aumentó sus capacidades en ciclo combinado; en paralelo, incursionó en el servicio de internet a costo accesible, pero incrementó de manera insuficiente las redes de transmisión, uno de los negocios más rentables para la empresa, y central para todo el sistema eléctrico del país.
A lo largo del sexenio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades multimillonarias en la operación de la CFE, incluyendo 603 millones de pesos en sus programas de apoyo al campo en 2023, mil 93 millones de pesos en la adquisición de bienes para el proyecto de fibra óptica en 2019, o mil 634 millones de pesos ausentes en sus cuentas por cobrar en 2021…
Con información de Proceso
