Rumbo a los foros para la reducción de la jornada laboral: ¿Qué se ha propuesto hasta ahora?

Gerardo Hernández
Es oficial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará el 2 de junio los foros de diálogo para analizar la reducción de la jornada laboral. Los ejercicios terminarán el 7 de julio de este año y permitirán “construir una propuesta de cómo llegaremos gradualmente y paulatinamente a la semana laboral de 40 horas”, dijo el titular de la dependencia, Marath Bolaños.
A nivel legislativo hay interés en el tema. La Cámara de Diputados acumula 10 proyectos presentados en la actual legislatura que tienen este objetivo. A diferencia del dictamen del 2023, la mayoría de las nuevas propuestas han incluido una transición gradual.
Otros cambios importantes en los nuevos esfuerzos legislativos es que han sumado a los trabajadores del sector público en las iniciativas, así como disposiciones para la protección del salario durante la disminución del tiempo de trabajo; es decir, que no se reduzca la remuneración de las personas.
Sólo con excepción de un proyecto, todas las iniciativas han mantenido el enfoque de reforma constitucional para reconocer dos días de descanso por cada cinco de trabajo, esto implica en términos prácticos reducir de 48 a 40 horas el límite legal por semana.
Esto es parte de lo que se han propuesto los diputados para lograr la reducción de la jornada laboral:
Programa piloto y catálogo de actividades
En octubre del año pasado, el diputado Juan Ignacio Zavala (MC) presentó una propuesta de reforma constitucional para la semana laboral de 40 horas. La iniciativa otorga un plazo de 60 días al Congreso de la Unión para adecuar las legislaciones secundarias.
Por otra parte, se plantea que la STPS y la Secretaría de Economía pongan en marcha un programa piloto de un año, el cual servirá para recabar información y analizar el comportamiento de la productividad y las horas efectivas laboradas, una vez concluido el ejercicio, la autoridad laboral convocará a mesas de trabajo para acordar una implementación progresiva.
Además de esto, el legislador plantea la creación de un catálogo de actividades que puedan quedar exceptuadas de dicha regulación por razones técnicas, o por casos de fuerza mayor, y un sistema de subsidios para las empresas que puedan tener dificultades financieras por la medida.
Implementación diferenciada por tamaño de empresa
En noviembre, el diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) también presentó una iniciativa de reducción de jornada laboral con una transición gradual; en este caso, diferenciada por tamaño de empresas.
El legislador propone para la implementación de la jornada de 40 horas que los micronegocios cuenten con un plazo de tres años y medio, para las pequeñas empresas se proponen dos años, un año y medio para las medianas y seis meses para las grandes compañías.
Transición escalonada a dos años
De las iniciativas presentadas este año, legisladores de MC propusieron otra reforma constitucional, pero ahora con una con transición escalonada a dos años, para implementar la semana de 40 horas de la siguiente manera:
- A partir de la entrada en vigor, los empleadores tendrán un año para realizar adecuaciones organizacionales para evitar afectaciones en la operación con la reducción de la jornada laboral.
- En el primer año de vigencia, las personas trabajadoras laborarán media jornada en su sexto día de actividades.
- En el segundo año, los trabajadores gozarán plenamente de dos días de descanso por cada cinco de trabajo.
Turnos de 7 horas
El mes pasado, se presentó la primera iniciativa que no busca una disminución del tiempo de trabajo a través de la Constitución, sino de la Ley Federal del Trabajo (LFT). El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) impulsa una modificación a la legislación secundaria para ajustar todas las jornadas laborales a un máximo de siete horas diarias.
“No es un tema fácil porque dependiendo el rol del trabajador dentro de la empresa, puede conllevar costos para las empresas por la reducción de horas sin pérdida salarial, podría generar variaciones en costos operativos. En ese sentido, es prudente realizar la reforma por medio de la Ley secundaria para continuar el proceso legislativo lo más pronto posible”, indica el legislador en la iniciativa.
El proyecto contempla un plazo de un año para la implementación. Cabe destacar que bajo esta línea, la reducción de la jornada sería a 42 horas, y no 40 horas como se plantea con las propuestas constitucionales.
Hasta año y medio de transición
El resto de las propuestas que también han considerado una transición paulatina ha incluido periodos de transición que van de los seis meses hasta año y medio para la implementación de la reforma.
El proyecto que garantiza la transición más corta es el que promueve la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena), la legisladora plantea una entrada en vigor al día siguiente de su promulgación y posteriormente un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión adecúe la legislación secundaria para cumplir con el decreto.
En un punto medio está la propuesta del diputado Napoleón Gómez Urrutia (Morena), su proyecto plantea un plazo de 365 días para la entrada en vigor de la reforma.
Por último, la iniciativa de diputados del PVEM propone una vigencia a partir de los 365 días de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a partir de ese momento, otorga seis meses para las adecuaciones a la legislación secundaria.
¿Y el sector empresarial?
Aunque en las cámaras empresariales se han abstenido de comentar formalmente sobre las propuestas para la reducción de la jornada laboral, la participación de representantes en diversos espacios ha ofrecido pistas de las rutas que visualiza el sector privado para transitar a la semana de 40 horas.
En el caso de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se plantea lo siguiente:
- Reducción progresiva y diferenciada: Establecer un plan gradual que considere las características de cada sector económico.
- Salario mínimo por hora y diferenciación por jornada: Implementar un esquema de salario mínimo por hora en lugar de diario, asegurando flexibilidad sin precarizar el empleo, y establecer tarifas diferenciadas para jornadas diurnas, mixtas y nocturnas, reconociendo la diferencia en condiciones de trabajo y disponibilidad de mano de obra.
- Incentivos para la mipymes: Reducción de cargas fiscales y cuotas de seguridad social para pequeñas empresas que adopten la reducción de jornada sin afectar salarios, así como apoyo para la digitalización y automatización para mejorar la productividad sin extender el tiempo de trabajo.
- Flexibilización sin precarización: Permitir que las empresas y trabajadores acuerden esquemas de trabajo flexibles, con garantías de seguridad social y sin evasión de responsabilidades laborales.
La gradualidad y el diálogo social han sido características de la reducción de la jornada laboral en otros países, en Chile y Colombia, últimos países de Latinoamérica que han disminuido su tiempo de trabajo, se siguieron rutas similares.
Con información de El Economista