Sobre el futuro inmediato de las elecciones en México

Ricardo de la Peña

Adelantémonos un par de meses y dejemos atrás el proceso electoral extraordinario judicial. Entonces nos enfrentaremos al destino de una posible reforma electoral ordinaria que altere las condiciones de la competencia para 2027 y 2030. Claro, como ya sabemos y nos advirtió el eminente físico Niels Bohr, “es muy difícil hacer predicciones, sobre todo respecto al futuro”.

LAS INSTITUCIONES ELECTORALES.

Resulte lo que resulte del extraño proceso electoral judicial, se enfrentará un doble discurso, esquizofrénico como es usual, en el que se feliciten las cabezas de los poderes federales por el éxito logrado y la amplia participación de la ciudadanía —cualquiera que esta ya sido—, que mostrará la pertinencia y legitimidad del proceso, y la crítica feroz en contra de los organizadores, principalmente el Instituto Nacional Electoral (INE), por sus negativas, obstáculos y deficientes acciones que, sin embargo, no pudieron, no lograron dar al traste con el ejercicio, dada la irreductible respuesta de una ciudadanía interesada en que saliera bien.

Ello dará paso a la puesta en marcha de una inminente reforma no sólo a los procedimientos, sino también a las instituciones electorales. ¿Qué tocará para estas instituciones? Son muy diversos los cambios deseados, aunque su oportunidad será contenida por la celebración en puerta de las elecciones 2027, más complejas que ninguna celebrada anteriormente, pues conllevará la confluencia de elecciones para diputaciones federales en todo el país, con relevos de puestos locales de gobernador en algunas entidades y de congresos locales y ayuntamientos en la mayoría, más la elección judicial parcial en lo federal y total en muchas entidades.

Eso así suponer que una propuesta de reforma será escalonada: que en 2027 se podrá elegir a las nuevas personas que ocuparán a partir de 2028 las consejerías electorales nacionales, tal vez siete, con un aparato operativo nacional reducido a su mínima expresión y compactado. Y será entonces cuando se desintegre el aparato de organismos públicos locales y/o juntas locales del INE, según se opte, y se unifiquen en una única estructura por entidad. Hasta allí, lo fácil.

Lo difícil será resolver cómo se organizará la estructura territorial electoral más abajo, pues no es posible integrar en un solo sistema organismos distritales federales, municipales y distritales locales y menos aún el monstruo de división político-electoral judicial. Definir cuál será el esquema de división y de organización, qué cargos quedarán como permanentes y cuáles serán eventuales, cuáles pertenecerán al servicio profesional y cuáles no, quién será superior jerárquico de quién, cuáles serán las líneas de control, los mecanismos de seguridad para la integridad de los procesos, quién deberá dar cuenta de los resultados,… En fin, un largo etcétera de cuestiones que por no resolverse bien acabaron en el batidillo que se enfrentó en las elecciones judiciales.

Veremos luego de que todo eso se resuelva y se quede al aire el nacimiento de una nueva organización electoral nacional, integrada, no gestada, de diferente naturaleza de la anterior por la que todo fue hecho: el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Dos cambios se antojan trascendentes en el panorama de los procedimientos electorales. Uno, la inminente reducción de los montos de financiamiento a los partidos políticos nacionales, lo que no estará exento de resistencias por parte de quienes han estado coaligados con el mayoritario, que verán afectadas sus arcas de inmediato. Pero salvado este obstáculo es muy factible que los recursos públicos destinados a estas organizaciones se vean reducidos a la mitad, quien sabe si eliminándose también las entradas de naturaleza local. En todo caso la austeridad republicana se implantará por la fuerza en las instituciones partidarias. Eso afectará formalmente al partido mayor, pero ya se sabe que esa institución cuenta con vías no formales de financiamiento que compensarán con creces el recorte: servidores de la nación, vínculos negados —pero sin duda existentes— con grupos que realizan actividades que pudieran calificarse de ilegales, desviaciones no reconocidas de recursos públicos federales y estatales.

El otro es el cambio en las reglas de formación de la representación política, hacia algo que se anticipa pudiera ser la desaparición de los puestos de representación proporcional a escala federal y local. Eso supone la ampliación de la propensión a la sobrerrepresentación de los partidos mayores y la disminución del espacio para partidos menores, donde incluso los nuevos partidos que surgieran del ejercicio de búsqueda de registro actualmente en marcha podrían estar condenados de antemano a su exterminio.

Ante esta posibilidad, ya cantada, la oposición podría recurrir a adelantarse e incluso ganar la simpatía de algunos integrantes del bloque mayoritario, enarbolando y presentando una iniciativa que tome como suya la propuesta del anterior Ejecutivo federal, integrada en el entonces rechazado Plan A, y por el cual se establecería un sistema de representación proporcional por entidad federativa que favorecería la aproximación de votos y asientos, lo que por el contrario se distanciará más que ahora si meramente se eliminan los puestos de representación proporcional.

Hay una estrecha franja por donde correr para evitar que la futura reforma electoral nos hunda más en esta realidad autoritaria en la que parecemos sumergirnos a cada paso. Es poco viable que se impida el cierre de avenidas a la democracia, pero hay que intentar evitar quedarnos encerrados en algo que será muy cercano a una dictadura.

Con información de La Silla Rota