La 3 de 3, imposible
Sara Lovera
Hoy, 248 hombres están en el registro de violentadores contra mujeres en política. Hay un hombre en Veracruz sancionado 11 veces, por violentar políticamente a una mujer. Exonerado.
Hay otros 42 veracruzanos; en Oaxaca, 114; Tabasco, 29; Chiapas, 22; en Jalisco 5. En todo el país, no obstante, “no tenemos una sola carpeta judicializada por violencia política en razón de género”.
Ello significa “que las sanciones que estamos imponiendo no están funcionando”. Así dijeron las consejeras del INE, Carla Humphrey Jordan y Claudia Zavala Pérez durante la Jornada sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad Sustantiva, realizada en Puerto Vallarta, la semana pasada. ¿Cómo hacer efectiva la 3 de 3?
Fueron claras y didácticas. Hablaron con sus pares, con mujeres políticas y de la sociedad civil. Hay dificultades reglamentarias y jurídicas, parece quimera que algún día, efectivamente, hombres con conductas violentas dejen de ocupar puestos electorales o en el funcionariado público, como lo establece la Constitución.
A los trámites engorrosos, las dificultades para sustanciar las denuncias, en el INE o en los tribunales, existen las triquiñuelas de los violentadores, quienes se salvan porque se sienten protegidos; no olvidems que el índice de impunidad es de 94 por ciento.
Además, las mujeres cumplen su “disciplina partidaria”, viven sin autonomía. Muchas no denuncian, no documentan sus casos, están confundidas y no saben a dónde acudir. No tienen claridad sobre qué es violencia política en razón de género. Es cómo un laberinto.
Para las elecciones de 2024 al menos 10 mil mujeres, por coalición o por partido, estarán expuestas a esa violencia, y no hay camino claro para evitarlo. Este es un problema del INE, que debe recibir y resolver las denuncias. ¿Cómo construir lineamientos? ¿Qué exigir a cada partido político, a los hombres y a los tribunales?
El mandato constitucional es clarísimo, pero ¿cómo materializarlo? Mientras los violentadores están en todas partes, ¿cómo detenerlos? Y no es un asunto judicial solamente, es administrativo, de conductas repetidas y consentidas.
Hoy, jurídicamente, las mujeres en la política están protegidas, candidatas, aspirantes, funcionarias y grupos de apoyo. Lo que debe entenderse es que la violencia sucede en ambientes misóginos y machistas que afectan a todas las mujeres. Ese es el problema mayor.
Habría que pensar en revisar y cambiar la reforma. Interpretarla y ponderarla -con el principio de presunción de inocencia-, pero ya el tiempo se nos vino encima.
Otro “error”, es el requisito de contar con una sentencia firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o por ser una persona deudora alimentaria morosa, lo que es complicado en un país sin información, donde no se investiga, no hay carpetas de judiciales bien construidas y hay indolencia en los juzgados.
Ejemplo: el caso de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, pero sin proceso, sin carpeta, sin seguimiento. Él tan campante sigue senador y protegido.
Peor aún, no hay ley reglamentaria: “¿Cómo les decimos a las mujeres? Oigan, qué pena, pero como no hay ley, pues sí son violentadas, vamos a registrar al señor o señora que violentó pero, pues no hay ley secundaria, qué vamos a hacer”.
Quedó expuesto que los delitos están en la Constitución, pero qué hacer para aplicarla, para materializarla, para concretarla. Parece un galimatías.
Carla Humphrey Jordan planteó que hay que hacer algo, interpretar, sensibilizar a los Oples, a los Tribunales, analizar, acudir a la Constitución. Al final crear la conciencia colectiva. Si no se logra, seguirán los violentadores en los puestos de mando y las mujeres no alcanzarán justicia. Tremendo. Veremos.
