El reto de los Estados ante los desastres naturales
Victor Toriz Gallardo*
Ante la reciente catástrofe por inundaciones en diversos Estados, donde sin duda destaca lo acontecido en el norte de Veracruz por el impacto en vidas humanas y en daños materiales, es necesario poner en el radar la necesidad de que las Entidades Federativas, y en menor medida, los Municipios, cuenten con mecanismos de cobertura ante desastres naturales.
Esto cobra aún más relevancia desde la desaparición, en 2021, del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Cabe recordar que la función principal de este mecanismo financiero era el apoyo a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la atención y recuperación de los efectos producidos por los fenómenos naturales, cuya magnitud superara la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.
Derivado del cambio climático, estos desastres han aumentado y seguirán aumentando en frecuencia e intensidad, por lo que fácilmente estos eventos climáticos extremos pueden superar la capacidad de respuesta financiera de cualquier municipio o Estado en la actualidad.
Después de la desaparición del FONDEN algunos Estados comenzaron a implementar mecanismos alternos, como el mismo Veracruz que contrató una Cobertura Catastrófica para Infraestructura y Vivienda adquirida con Seguros Ve por Más, que cubría todo riesgo de pérdida directa o indirecta de daño físico como resultado de un desastre y/o desastres naturales sobre la infraestructura estatal.
Esto es ponderado por HR Ratings como parte de la calificación del Estado (HR A publicada el 18 de junio de 2025) en el análisis de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta cobertura expiraba en mayo de 2025 y no se tiene certeza de que fue renovada. En su lugar, se creó la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI).
Esta situación pone al Estado en una posición delicada en la que requerirá apoyo directo de la Federación en las fases iniciales de atención al desastre y de reconstrucción. Hasta junio de 2025, el Estado contaba con P$12,833.4m de recursos en cuentas líquidas, de los cuales se estima que aproximadamente 20.0% podrían ser utilizados para la atención del desastre al ser de libre disposición. Sin embargo, es importante mencionar que este monto se limita aún más por compromisos que posea el Estado como pago de nóminas y obras en proceso por mencionar algunos y su utilización puede comprometer la liquidez al cierre del ejercicio. La situación es parecida en los demás estados afectados.
Ante estos escenarios, las Entidades Federativas deben considerar prioritaria la implementación o contratación de mecanismos que puedan cubrir desastres y en caso de ya contar con ellos, buscar formas de fondearlos rápidamente y con los recursos suficientes, ya que año con año, los riesgos, no sólo por inundaciones, sino por huracanes, movimientos telúricos, incendios forestales, etc. están presentes y, como se comentó, cada año irán en aumento.
Para Veracruz y los demás estados afectados lo principal ahora es la atención de los damnificados y comenzar con la reconstrucción, por lo que es importante recordar que adicional al apoyo que proporcione la Federación, este proceso se puede complementar con la adquisición de financiamiento. Debido a las restricciones de la Ley de Disciplina Financiera, es relevante mencionar que este debe ser de corto plazo, ya que los gastos incurridos para los efectos mencionados serían considerados como Gasto Corriente. En el caso específico de Veracruz, no ha utilizado este tipo de financiamiento desde 2022, pero ante la catástrofe y la cercanía del cierre del ejercicio podría recurrir a su utilización para complementar los recursos federales y acelerar los primeros pasos de la reconstrucción.
Asimismo, cuenta con espacio para posteriormente reforzar su infraestructura para mitigar los riesgos climáticos a los que se enfrenta o bien generar proyectos de infraestructura que detonen el crecimiento económico de la región. Esto debido a que, de acuerdo con los resultados del semáforo del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al segundo trimestre de 2025, el Estado obtuvo resultados de endeudamiento sostenible, lo que le abre la puerta a que pueda disponer de 15.0% sus Ingresos de Libre Disposición. Hidalgo (HR AA+) y San Luis Potosí (HR A), dos de los Estados que de la misma forma resultaron con mayores afectaciones tienen una situación similar, con un endeudamiento sostenible que les permitiría complementar los esfuerzos de mitigación de eventos futuros y nuevos proyectos de infraestructura para apoyar en la recuperación económica de las zonas afectadas.
* Subdirector de Finanzas Públicas y Deuda Soberana
