La orfandad del Estado
Rolando Cordera Campos
Hablar de las finanzas públicas nos remite, de manera natural, a la cuestión del Estado. En mi opinión, a la construcción de un Estado social, desarrollista, de derecho y derechos que, al tiempo que está comprometido con el conjunto de la sociedad, sabe leer y atender las exigencias de una época marcada por los cambios bruscos, sin sentidos claros, en cuanto a objetivos mayores, planetarios.
En los años recientes, el crecimiento económico ha sido socialmente insatisfactorio e insuficiente para dar sustento a una evolución productiva vinculada con las exigencias de compensación y redistribución sociales que emanan del discurso político triunfante y de la propia tradición discursiva del México que se conformó una vez concluida la fase armada de la Revolución.
La cuestión financiera del Estado ha estado subordinada, ya desde hace varias décadas, a las exigencias estabilizadoras de corto plazo, que tienden a ser miopes y, de mantenerse, resultan nocivas para la propia reproducción de la economía y del mismo Estado. De aquí la legítima insistencia de recuperar el ritmo del crecimiento y, desde luego, la cuestión de las finanzas del Estado que, obligadamente, deben verse como asunto de seguridad nacional y de extrema urgencia, porque de su evolución o involución dependen las capacidades mínimas de reproducción de la formación social y del Estado nacional.
La evolución económica registrada en los años recientes, aunque no solamente, ha estado marcada por carencias e insuficiencias, que apunta a mantener unos ritmos centrados en una especie de “reproducción simple” que, de seguir sin recibir adecuada atención de las instancias encargadas, amenaza no sólo con agotar los recursos creados y mantenidos a lo largo de la centuria pasada, sino sin tener a la mano fuentes de una recuperación ampliada de la economía y, sobre todo, de la existencia social.
La de las finanzas públicas es una cuestión que señala, sin concesiones, las insuficiencias de los diferentes gobiernos que se han unificado –y fortificado– por su aversión a las reformas, en primer término, la hacendaria. Este rechazo, ciertamente, no es reciente.
En los años 60, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, solicitó al economista Nicholas Kaldor la elaboración de un estudio que a pesar de argumentar sobre la “necesidad urgente de una reforma radical y general del sistema impositivo”, no encontró voluntades para impulsarla. (cfr. Obras escogidas de Víctor L. Urquidi. El fracaso de la reforma fiscal de 1961, selección y ensayo introductorio de Luis Aboites Aguilar y Mónica Unda Gutiérrez, México, El Colegio de México, 2011).
Así, la reforma fiscal ha sido una y otra vez postergada so pretexto de conservar las estabilidades políticas (alcanzadas en la transición democrática) y unas variables económico-financieras que han dependido, en una importante medida, del nocivo mecanismo de austeridad, una “política” que ha significado la retracción del Estado como articulador del proceso político económico nacional, el mantenimiento de índices inaceptables de pobreza y desigualdad y el agotamiento de los resortes del mismo Estado para compensar las deficiencias del capitalismo, pero, sobre todo, las de la propia reproducción social, al afectarse los tejidos primordiales para el mantenimiento de la formación social en su conjunto.
Nos acercamos a una coyuntura que articula insuficiencias de la economía con carencias estructurales y reclama atención particular de lo que queda de los aparatos estatales. Y es, hay que subrayar, en esta coyuntura que puede revalorarse el papel del Estado en la reproducción social y del desarrollo económico, asumiendo su esencia política indeclinable y el apremio de abrir un momento de deliberación nacional.
Asumir la urgencia de recuperar el crecimiento y de abordar una cuestión social que crece y acumula potencialidades de inestabilidad de la democracia y de su orden no es señalamiento gratuito ni crítica apresurada. Basta dar seguimiento a los raquíticos porcentajes con los que la economía se sostiene, así como el crecimiento de los trabajos precarios y el cada vez mayor desgaste y falta de atención y de inversión a la infraestructura física y también humana.
Si frente a las múltiples necesidades no satisfechas, la “opción” sigue siendo el camino medroso de la austeridad y la mejora en la recaudación, frente al permanente aumento de requerimientos de gasto público, será complicado equilibrar las finanzas públicas. Necesitamos dejar de seguir sometidos a unos extravagantes criterios de austeridad que constriñen al Estado y su dañado sector público.
Optar por el sigilo cuando se abordan las cuestiones de la producción, la acumulación y su reparto nunca ha sido buena práctica, menos ahora, cuando el rompimiento de normas y la incertidumbre sustituyen las hasta ayer reglas de juego conocido.
