La Alfabetización Mediática e Informacional, clave en la efectiva protección de los derechos de las audiencias
En los gobiernos populistas, la regulación de los derechos de las audiencias se ha construido desde un enfoque marcadamente paternalista. Bajo este modelo, el órgano regulador asume una posición superior desde la cual califica la exactitud, veracidad o pertinencia de los contenidos mediáticos. Esta lógica se apoya en la supervisión posterior y en la amenaza constante de sanciones económicas o vetos administrativos
Octavio Islas*
En el marco de la consulta pública del Acuerdo P/CRT/EXT/24072026/088 (Acuerdo mediante el cual el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones determina someter a consulta pública la propuesta regulatoria denominada “Lineamientos Generales para la protección de los derechos de las audiencias”) impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el debate se ha centrado principalmente en los aspectos más controvertidos de la propuesta regulatoria: los límites del deber de veracidad, el riesgo de autocensura, la definición precisa de las sanciones y la necesaria preservación de la autonomía editorial frente al poder regulador.
Sin embargo, detrás de esta compleja discusión técnica y jurídica existe una dimensión pedagógica y ciudadana decisiva para el éxito de cualquier marco de protección a las audiencias: la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).
Protección centrada en la ciudadanía
Frente a un anteproyecto regulatorio que se apoya principalmente en la supervisión punitiva, las medidas precautorias y el control procedimental de contenidos, la protección más sólida, duradera y democrática de los derechos del público debería partir de otro enfoque. No se trata de ampliar la tutela sancionadora del Estado, sino de fortalecer la capacidad de las audiencias para actuar como una ciudadanía activa, analítica, capacitada e informada.
El riesgo de censura institucionalizada
En los gobiernos populistas, la regulación de los derechos de las audiencias se ha construido desde un enfoque marcadamente paternalista. Bajo este modelo, el órgano regulador asume una posición superior desde la cual califica la exactitud, veracidad o pertinencia de los contenidos mediáticos. Esta lógica se apoya en la supervisión posterior y en la amenaza constante de sanciones económicas o vetos administrativos.
Cuando el órgano regulador adopta una posición de tutela paternalista, el riesgo de censura deja de ser excepcional y se convierte en un problema estructural. Al atribuirse la facultad de definir unilateralmente qué contenidos son “verdaderos” o “pertinentes”, la autoridad puede dejar de actuar como árbitro imparcial y transformarse en un filtro ideológico o político.
Este riesgo se agrava cuando la supervisión posterior se basa en criterios difusos u opacos de veracidad. En ese contexto, los vetos administrativos y las sanciones pueden utilizarse para acallar discursos disidentes, investigaciones periodísticas incómodas o críticas al poder, presentando la censura directa bajo la apariencia de una tutela del interés público.
El peligro más sutil —y, a la vez, uno de los más destructivos— radica en la autocensura que provoca la amenaza constante de sanciones económicas o cierres administrativos. Ante la incertidumbre sobre qué contenidos serán considerados “inadecuados” y el temor a represalias financieras o legales que comprometan la supervivencia del medio, periodistas y editores tienden a restringir sus propios márgenes expresivos. Así se genera un “efecto amedrentador” (chilling effect): la sola posibilidad de un veto basta para reducir el rigor informativo, suavizar investigaciones y evitar el cuestionamiento de las versiones oficiales.
La combinación de censura estatal y autocensura mediática culmina en un deterioro grave del ecosistema informativo y de los derechos de las audiencias.
En lugar de capacitar a la ciudadanía para evaluar la información de manera crítica e independiente, este enfoque represivo reduce el debate público a narrativas preconcebidas o validadas por el poder. Como resultado, la sociedad queda privada de una oferta mediática plural, diversa y vigorosa, y la pretendida “protección del espectador” termina convirtiéndose en una restricción efectiva de su derecho a estar plenamente informado.
Alfabetización Mediática e Informacional (AMI)
La Alfabetización Mediática e Informacional propone sustituir la tutela represiva del Estado por la emancipación crítica efectiva de las audiencias. Su propósito no es colocar al público bajo una supervisión permanente, sino fortalecer su capacidad crítica para comprender, cuestionar y participar de manera informada en el entorno mediático.
En este sentido, la AMI reúne las competencias, habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a las personas acceder a la información, analizarla, evaluarla, contextualizarla y participar críticamente en los contenidos difundidos por los medios.
Cuando una sociedad cuenta con herramientas conceptuales sólidas para contrastar versiones de manera autónoma, distinguir entre hechos comprobables, opiniones y juicios de valor, e identificar las dinámicas complejas de la producción informativa, disminuye de forma significativa su vulnerabilidad frente a la manipulación, el engaño y la desinformación.
De la alfabetización mediática a la alfabetización mediática e informacional
En la era digital, la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) supera la idea tradicional de “saber leer contenidos”. La AMI responde al propósito de formar a la ciudadanía en capacidades cognitivas, técnicas y éticas que le permitan comprender, evaluar y participar de manera crítica en un ecosistema informativo cada vez más complejo.
- Pensamiento crítico y verificación de fuentes: permite examinar el origen de la información, identificar sus posibles intenciones o conflictos de interés y distinguir entre hechos comprobables, opiniones, propaganda y contenidos manipulados.
- Comprensión de los mecanismos de difusión: ayuda a reconocer cómo influyen los algoritmos de recomendación, las cámaras de eco y la economía de la atención en la selección, priorización y circulación de los contenidos que consumen las audiencias.
- Responsabilidad en la producción y circulación de contenidos: reconoce que las personas no sólo reciben información, sino que también la crean, comentan y comparten. Por ello, la AMI promueve un ejercicio ético, responsable y consciente del derecho a la comunicación en redes sociodigitales y entornos digitales.
A diferencia de las leyes y los lineamientos regulatorios, que pueden quedar rápidamente desactualizados ante la evolución tecnológica, las competencias mediáticas desarrolladas por la ciudadanía permanecen, se actualizan y se aplican a nuevas plataformas, formatos y entornos comunicacionales.
Alfabetización Mediática e Informacional como indispensable contrapeso al paternalismo estatal
Frente a la tentación tutelar de un Estado que pretende erigirse en árbitro único de la verdad, la Alfabetización Mediática e Informacional se presenta como una alternativa más sólida y respetuosa de las libertades democráticas.
La AMI desplaza el centro de la protección desde el control administrativo hacia la autonomía ciudadana. En lugar de depositar la confianza en la capacidad censora o sancionadora de un regulador central, apuesta por formar audiencias críticas, capaces de descifrar, contrastar y evaluar de manera independiente los discursos mediáticos.
Sancionar la falsedad o el sesgo a posteriori suele llegar tarde y plantea riesgos difíciles de conciliar con la libertad de expresión. En cambio, desarrollar capacidades analíticas en las audiencias contribuye a crear una suerte de “sistema inmunológico social”: una ciudadanía preparada para neutralizar la desinformación, el sensacionalismo y la manipulación sin necesidad de restringir el debate público.
Hacia un modelo regulatorio centrado en la capacitación
Para que los Lineamientos Generales para la protección de los derechos de las audiencias sean verdaderamente efectivos y democráticos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) debe reconsiderar su arquitectura punitiva e integrar la AMI como un pilar estratégico y vinculante.
Este cambio exige avanzar hacia un modelo en el que la regulación no se conciba únicamente como vigilancia, sino también como promoción efectiva del derecho a la educación mediática.
La disyuntiva es clara: optar por medidas de corto plazo orientadas al control o impulsar transformaciones estructurales sostenidas, cuyo fundamento sólo puede ser la educación crítica de las audiencias.
Una regulación moderna de audiencias debería establecer responsabilidades claras para los distintos actores del ecosistema comunicacional. En particular, debería exigir a los concesionarios de radio y televisión, a las plataformas digitales, al gobierno y a los medios públicos acciones concretas orientadas a fortalecer la Alfabetización Mediática e Informacional.
La Alfabetización Mediática e Informacional no es un complemento opcional, sino la condición de posibilidad para el ejercicio pleno y consciente del derecho a la información. Un marco regulatorio que fortalece a sus audiencias a través de la educación crítica genera el entorno más propicio para un periodismo riguroso, independiente y plural.
La protección de las audiencias no puede cimentarse en la amenaza de la multa o la censura. Una ciudadanía informada, crítica y reflexiva es la mejor salvaguarda contra la manipulación mediática y la garantía más eficaz para la preservación de la libertad de expresión. Apostar decididamente por la Alfabetización Mediática e Informacional no es solo una opción pedagógica deseable, sino un requisito indispensable para consolidar una democracia plural, consciente y genuinamente participativa.
México necesita contar con un sistema de comunicación respetuoso de la libertad de prensa, cimentado en la madurez crítica de sus ciudadanos.
