El costo de la indiferencia del INE

El Instituto Nacional Electoral parece observar los hechos con una preocupante pasividad. Hace apenas unos días se presentaron diversas denuncias sobre actos que, para muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, constituyen campañas anticipadas

Julieta del Río

Las denominadas coordinaciones estatales se han convertido en el nuevo nombre de las campañas anticipadas. Bajo esa figura en diversas entidades federativas se vive una intensa competencia política que ha desatado conflictos no sólo entre los propios aspirantes, sino también con personas ajenas a esos intereses.

Las presiones no se han hecho esperar. Servidores públicos son señalados por participar en actividades de promoción política en horarios de trabajo mientras aún ocupan cargos de responsabilidad. No hablamos únicamente de quienes aspiran a una gubernatura. Detrás de ellos también se encuentran decenas e incluso cientos de actores políticos que buscan convertirse en presidentes municipales, diputados locales y federales, e, incluso, la lucha es hasta por las regidurías.

La carrera electoral se adelantó para todos.
Lo preocupante es que, mientras conservan espacios dentro de la administración pública muchos dejan de lado las responsabilidades para las que fueron designados o electos y dedican su tiempo a recorrer comunidades, entregar apoyos o participar en actos de evidente promoción personal.

La pregunta es ¿dónde termina la función pública y dónde comienza la campaña?

Ante este escenario el Instituto Nacional Electoral (INE) parece observar los hechos con una preocupante pasividad. Hace apenas unos días se presentaron diversas denuncias sobre actos que, para muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, constituyen campañas anticipadas. Sin embargo, la percepción es que la autoridad electoral ha optado por mirar hacia otro lado.

¿Por qué no se fiscalizan oportunamente estas conductas? ¿Por qué no se atienden con mayor diligencia las denuncias presentadas por organizaciones civiles y ciudadanos contra servidores públicos de distintos órdenes de gobierno? ¿Qué mensaje se envía cuando la aplicación de la ley parece depender del actor político involucrado?

Detrás de estas actividades también existe el señalamiento del posible uso de recursos públicos. Mientras se destinan, presuntamente, millones de pesos a estrategias de posicionamiento político, la realidad cotidiana de millones de mexicanos sigue marcada por problemas mucho más urgentes.

Los hospitales continúan enfrentando desabasto de medicamentos y muchas familias deben adquirirlos con recursos propios, con la esperanza de que posteriormente les sean reembolsados, algo que en muchos casos nunca sucede. Persisten carreteras inconclusas, comunidades sin acceso suficiente al agua potable y un sistema educativo que enfrenta importantes rezagos. Frente a estas necesidades resulta difícil justificar el uso de recursos en actividades de evidente promoción política.

Las redes sociales han documentado gran parte de estos hechos. Han servido como espacio para exhibir conductas que, en muchas ocasiones, no encuentran eco inmediato en las instituciones. El trabajo periodístico también ha sido fundamental. Un ejemplo es el del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien fue descalificado y acusado de difundir información falsa. Sin embargo, fue la propia autoridad jurisdiccional la que terminó dándole la razón, demostrando que la verdad puede tardar, pero finalmente encuentra su cauce.

Conozco de primera mano cómo decir verdades incómodas puede generar incomodidad. Me ocurrió incluso al expresar una felicitación pública al periodista por el resultado obtenido. Recibí reclamos que prefiero no detallar, no por falta de argumentos, sino por respeto a la protección de datos personales. Ese tipo de reacciones reflejan el nivel de polarización que vive el debate público.

Pero ninguna descalificación modifica los hechos. La democracia exige instituciones imparciales, autoridades vigilantes y servidores públicos comprometidos con las funciones para las que fueron electos o designados, y no con campañas permanentes disfrazadas de otra cosa.

Tarde o temprano llegará el momento en que la realidad será imposible de ocultar. Llegará el día en que la venda ya no pueda cubrir los ojos de quienes tienen la obligación constitucional de hacer cumplir la ley. El barco ya comenzó a moverse y varios temen quedar a la deriva en las aguas profundas del océano, por lo que algunos prefieren saltar antes que enfrentar las consecuencias.

Las verdades siempre terminan por salir a la luz, y quien cargue con sus propios fantasmas tendrá que enfrentar la realidad que durante tanto tiempo intentó evadir.