DONALD TRUMP ACTIVA TODA LA MAQUINARIA
Alvaro Aragón Ayala
Cuando Donald Trump promete combatir a los cárteles mexicanos, no habla únicamente como presidente de los Estados Unidos. Detrás de sus decisiones se encuentra el aparato de seguridad, inteligencia, justicia, diplomacia y defensa más poderoso del planeta: una estructura omnipresente con capacidad soberana para investigar, sancionar, congelar activos, solicitar extradiciones, imponer recompensas y coordinar operaciones de alcance internacional. ¿Hasta dónde puede desplegarse esa maquinaria y cuáles son sus límites infranqueables frente a la soberanía de México?
Cada vez que en México trasciende la noticia de que “el Departamento de Justicia acusó”, “la DEA investiga”, “el Departamento de Estado anunció una recompensa”, “el Pentágono reforzó la vigilancia” o “la CIA obtuvo inteligencia de alto nivel”, se genera la falsa percepción de que se trata de esfuerzos independientes o caprichos personales del mandatario en turno. La realidad es sustancialmente distinta. Estados Unidos ha cimentado, a lo largo de más de un siglo, un armazón institucional que concentra atribuciones jurídicas, policiales, financieras, diplomáticas, militares y de inteligencia sin parangón en el orbe. Donald Trump posee la facultad de fijar prioridades en la agenda pública, designar a los titulares de las agencias clave y acelerar la ejecución de determinadas directrices; no obstante, las investigaciones y los operativos de gran escala son articulados por un engranaje burocrático permanente que continuará marchando de manera ininterrumpida aun cuando cambie el inquilino de la Casa Blanca.
En este esquema, el Departamento de Justicia constituye el núcleo indiscutible de la persecución penal. Bajo su tutela estricta operan agencias de alto impacto como el FBI, la DEA, la ATF, el Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) y la red de fiscales federales. Es la institución formalmente facultada para tipificar e investigar delitos de orden federal, presentar pliegos acusatorios (indictments), requerir órdenes judiciales de captura e intercepción, y llevar ante tribunales de juzgamiento a las organizaciones delictivas transnacionales.
El Departamento de Estado, en contraste, no despliega funciones de persecución policiaca directa, sino que ostenta la conducción ejecutiva de la política exterior. Es la entidad encargada de formalizar y negociar las solicitudes de extradición, coordinar la red global de embajadas y consulados, encauzar el diálogo diplomático bilateral y administrar los programas internacionales de recompensas cuando un perfil criminal representa una amenaza directa para los intereses estratégicos estadounidenses o para la estabilidad hemisférica.
No obstante, la embestida estratégica no concluye en la esfera diplomático-penal. El Departamento del Tesoro tiene el poder coercitivo de asfixiar financieramente a los grupos delictivos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta instancia está capacitada para inmovilizar cuentas bancarias, congelar bienes patrimoniales, sancionar a empresas fachada y vetar comercialmente a individuos vinculados a operaciones de blanqueo de capitales, logrando aislar a las redes criminales del sistema financiero formal e internacional.
Por su parte, el Pentágono -a través del Departamento de Defensa- aporta una imponente capacidad militar y de inteligencia estratégica: la vigilancia satelital de alta resolución, el monitoreo aeromarítimo en aguas internacionales y zonas fronterizas, la movilización de plataformas aéreas no tripuladas, el uso de sistemas avanzados de detección y la provisión de soporte logístico táctico, siempre en estricto apego al marco legal que rige la actuación de sus Fuerzas Armadas.
En la dimensión de la información estratégica, la CIA recolecta y procesa inteligencia humana y operacional en el extranjero; la NSA intercepta, decodifica y analiza complejas comunicaciones electrónicas globales; y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) ejerce la coordinación centralizada de toda la comunidad de inteligencia. Su objetivo es articular las piezas dispersas provenientes de las múltiples agencias para entregar un panorama integral, coherente y accionable al más alto nivel de toma de decisiones.
Vistas en conjunto, estas instituciones estructuran un poder estatal integral capaz de ejercer una presión asimétrica y simultánea en múltiples frentes interconectados: el judicial, el financiero, el diplomático, el tecnológico, el militar y el de inteligencia estratégica.
Desde el plano competencial, Donald Trump no cuenta con la facultad legal de decretar unilateralmente una agenda anticrimen dentro del territorio mexicano ni de modificar la legislación soberana de México. Sin embargo, sí ostenta la capacidad indiscutible de incidir de manera determinante en la realidad nacional mediante el despliegue de las herramientas coercitivas e institucionales propias del Estado norteamericano: priorizar líneas de investigación prioritarias, agilizar solicitudes formales de extradición, aplicar severas sanciones financieras, revocar o restringir visas, elevar los montos de recompensas internacionales, blindar e intensificar los controles en la frontera común, redefinir los términos de la cooperación bilateral y canalizar los presupuestos de las agencias federales hacia objetivos específicos.
En ese sentido, se evidencia que la fuerza de esta influencia no deriva de la retórica o del carisma de la figura presidencial, sino de la aplastante capacidad institucional de un Estado que dispone de instrumentos jurídicos, económicos, diplomáticos y tecnológicos de alcance y penetración global. Entonces: ¿Resulta inédita la estrategia que la administración de Donald Trump despliega hacia México para combatir al narcotráfico? La respuesta es no. Estados Unidos ha aplicado modelos doctrinarios similares en diversos teatros de operaciones internacionales, adaptando la intensidad y los mecanismos a la naturaleza de cada contexto geopolítico.
En Colombia, por ejemplo, el marco conceptual del Plan Colombia articuló cooperación militar de combate, transferencia masiva de tecnología e inteligencia, fortalecimiento de las instituciones locales y una inyección masiva de recursos financieros para desmantelar a los grandes cárteles de la droga y neutralizar a los grupos armados al margen de la ley. En Italia, la histórica ofensiva institucional contra la Cosa Nostra fundamentó su éxito en el establecimiento de fiscalías altamente especializadas, el blindaje de jueces antimafia, el decomiso expedito de bienes y una implacable persecución patrimonial a los flujos financieros ilícitos.
Asimismo, dentro del propio territorio estadounidense, la promulgación y aplicación de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) marcó un hito al permitir el procesamiento penal de organizaciones criminales en su totalidad. Esta norma atacó no solo a los liderazgos visibles o ejecutores materiales, sino que desmontó de manera sistemática los entramados financieros, logísticos, corporativos e institucionales que les daban sustento y operatividad.
La diferencia frente al caso de México radica en que las organizaciones criminales mexicanas poseen una naturaleza marcadamente transnacional y operan dinámicamente a ambos lados de la frontera común. Esta interconexión geográfica y operativa provoca que cualquier acción coercitiva emprendida por las autoridades estadounidenses genere repercusiones inmediatas y profundas sobre las investigaciones locales, los flujos financieros compartidos y los procesos judiciales en ambos países.
¿Hasta qué punto, entonces, estará dispuesto Estados Unidos a proyectar todo el peso de su aparato institucional -articulando la justicia, la inteligencia, la diplomacia, el sistema financiero y la defensa- para neutralizar a las organizaciones criminales que ha tipificado como amenazas prioritarias para su seguridad nacional, y qué impacto imperecedero tendrá esta agresiva estrategia en el equilibrio de la relación bilateral con México?
